Darío Klein / Sudestada / @KleinDario

La teoría y práctica de la democracia es clara. En resumen, el periodismo -profesión protegida constitucionalmente- tiene dos funciones básicas: ágora y contrapeso. Por un lado, es el espacio público donde los representantes se comunican y debaten. Por el otro, es el encargado de controlar a las instituciones y autoridades, y de señalar aquello que no está funcionando bien, o aquellos compromisos asumidos por los representantes que no están siendo cumplidos.

Me voy a centrar en esta segunda función. El periodismo es un instrumento clave de los pesos y contrapesos democráticos, para intentar evitar abusos, corrupción y estafas a la población. Y dispone de dos herramientas para conseguirlo: la libertad de expresión -plena, sin matices ni controles previos o posteriores del poder político y económico-, y el periodismo de investigación como panacea.

Para que haya libertad de expresión plena, es necesario que existan garantías legales y económicas, que le permitan actuar sin estar sometido a las restricciones que proceden del dinero y de la política partidaria. Para que haya periodismo de investigación, son necesarias algunas cosas muy básicas pero muy difíciles de conseguir en nuestros días: periodistas con tiempo rentado dedicado a ello, y medios que se lo garanticen; periodistas y medios que carezcan de conflicto de interés con empresas, grupos de poder y partidos; rigor y profesionalismo inquebrantables; ojo crítico e iniciativa para ir a hurgar en donde no llaman al periodismo.

Esa es la teoría. Eso es lo deseable. Eso es lo necesario para que el sistema de saneamiento institucional que es el periodismo funcione sin cortapisas ni impedimentos que hipotequen lo que la democracia espera de él.

No es deseable, en cambio, la existencia de un periodismo sometido al despotismo de la publicidad de empresas, públicas o privadas, de quienes depende su existencia. Tampoco es bueno que los medios de comunicación tengan vínculos y afinidades políticas y partidarias estrechas, mucho menos bueno que se vinculen entre sí y actúen de manera oligopólica. Tampoco es un buen augurio la crisis de monetización que enfrentan los medios y que los debilita económicamente. Mucho menos deseable es que el poder político no garantice esa libertad de expresión plena, irrespetando o vaciando de contenido las leyes de acceso a la información pública y las leyes de protección al periodismo, y apoyando empresarialmente a medios afines.

Aunque a veces duela verlo, está dentro de las reglas del juego que los gobernantes intenten manipular a los periodistas y los medios, manejando a su antojo la agenda mediática y el menú de temas que están en manos de la opinión pública. Para eso disponen de asesores y equipos de comunicación: para filtrar información útil, enviar sus mensajes, acuñar sus puntos de vistas, defender la gestión de sus jefes y lograr que todos hablen de lo que ellos quieren, de la manera que ellos quieren y cuándo ellos quieren. A veces lo logran. Otras no.

Aquí es donde la obligación, la profesionalidad y la ética del periodista chocan con el juego y con los intereses de los políticos y de los partidos. Nuestro rol es otro: es controlar al ejercicio del poder. Somos el control de todas las instituciones, el único que, por definición, es (debe ser) absolutamente transparente con el soberano, el titular del poder, que otros ejercen en su nombre: la población. El rol de los encargados de comunicación de los gobiernos y partidos es justamente el contrario. Su intención natural es imponer condiciones tras bambalinas. Para ello, los gobiernos en ejercicio cuentan con todo el peso del Estado. Y ese es el canto de sirenas al que debe resistirse el periodismo.

Al poder se lo debe controlar en tiempo presente. No quiere decir que no sea relevante que el periodista investigue lo anterior -el poder pasado- siempre que sea a iniciativa propia y no a partir de filtraciones interesadas del Estado. Los balances posteriores son necesarios, pero no pueden ser lo más importante. Mucho menos lo único.

Al poder se lo debe controlar mientras está en ejercicio. Popper decía que la democracia es el único sistema que permite el derrocamiento incruento del gobierno en plazos regulares, lo cual ocurre cada 4, 5 o 6 años (dependiendo el país). Y, para ello, la población debe contar con la información necesaria: no sólo la versión que difunden los equipos de comunicación, sino también la que quieren ocultar. La que debe buscar el periodismo de investigación es esa última. De la primera ya se encargan ellos.

Al poder se lo debe controlar mientras está en ejercicio. No después. Después ya es demasiado tarde.

Si esperamos al día después seremos, por un lado, más frágiles ante la manipulación e intereses del poder de turno. Por el otro, el daño ya estará hecho.

Nuestro papel es evitar ese daño. Ladrar, cual perro guardián, cuando algo no está funcionando. Alertando cuando las cosas no se hacen como dijeron que las iban a hacer. Mordiendo cuando alguien quiere entrar en nuestra casa a robar lo que es nuestro. Después que el intruso se fue, cuando ya se llevó todo, no tiene mucho sentido el ladrido, que será un ladrido tardío, de perro atado y temeroso.