Víctor L. Bacchetta

Para tener una idea de la escala del proyecto de UPM a orillas del río Negro, en el departamento de Durazno, la Zona Franca de la planta ocupa unas 600 hectáreas, mucho más que la ciudad de Paso de los Toros, con 340 hectáreas y 14 mil habitantes.

La capacidad de producción será de 2,1 millones de toneladas anuales de celulosa, unas 6 mil toneladas por día, el doble de las plantas anteriores de UPM y Montes del Plata, con posibilidad de aumentar hasta un 11% más.

El control de las operaciones y la seguridad de una planta industrial de estas dimensiones es una tarea muy compleja que requiere el uso de tecnologías apropiadas y un seguimiento en tiempo real de todos los procesos.

Los volúmenes de materias primas y aditivos (agua y químicos), de las emisiones y efluentes que se deben manejar son tales que, como hemos visto, en minutos, mucho más si son horas, cualquier fallo puede ocasionar pérdidas y daños de gran magnitud.

Si recapitulamos lo ocurrido, con poca distancia en el tiempo entre uno y otro derrame, veremos fallas evidentes de los controles, tanto de la empresa como de la fiscalización gubernamental. Asumamos que ninguna de las partes desea que esto ocurra. La empresa, porque cualquiera de estos casos implica tareas y recursos con costos adicionales, más si llega a parar la planta. Y el gobierno, por ser responsable de velar por la preservación del ambiente y las personas.

En el derrame de soda cáustica de agosto último, se verificó que la pileta tenía filtraciones desde meses atrás y que no había sido reparada, cuando su función es, justamente, la de contener una descarga imprevista de insumos químicos en esa área.

Peor aún, cuando el intercambiador de calor se dañó y la soda cáustica comenzó a fluir, a pesar de haber sensores activos, fue por el aviso del vecino, una semana después, que se comunicó oficialmente la situación.

En el caso siguiente, la rotura de una cañería en la fase final de blanqueo de la celulosa, UPM tampoco reaccionó con suficiente rapidez. Al parecer, en ese sector no había sensores para detectar un escape que, además del inmenso volumen derramado en una amplia zona, obligó a parar la planta. En el primer derrame cabe preguntarse también si la contención de la descarga extraordinaria de soda cáustica en aquella pileta no ameritaba parar la producción.


Derrame de celulosa dentro de la planta

En cuanto a la capacidad de las autoridades ambientales para verificar el cumplimiento de los compromisos y prevenir los acontecimientos adversos, se comprobó una clara insuficiencia de los controles, además de una reacción tardía ante al desastre. En el primer caso, uno de los sensores de la pileta hacía tiempo que no funcionaba y, las dos veces, los técnicos del ministerio llegaron al lugar de los hechos cuatro días después de recibida la comunicación de la empresa.

En el Parlamento, el ingeniero Eugenio Lorenzo, director de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad (DEAC) de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) afirmó que la filtración de soda cáustica se había iniciado varios días antes del aviso del vecino de la planta.

Lorenzo lo dedujo de la historia registrada en los otros sensores que seguían activos en la misma pileta y que, al parecer, no fueron advertidos por los controladores de UPM.

El director de la DEAC informó que, desde el tercer mes de inaugurada la nueva planta de UPM, las visitas de control de los técnicos son mensuales, con dos días de duración. Con ese régimen de visitas es imposible –los hechos lo confirman- conocer fehacientemente las condiciones de funcionamiento de esa planta industrial y la lentitud de reacción ante los accidentes ni siquiera sirve de registro porque a esa altura la escena ya ha sido completamente alterada.

Desde el ángulo de la empresa, es chocante que esté ocurriendo esto, si se recuerda la prédica oficial de UPM, que se presenta encabezando a nivel internacional a las empresas más eficientes en la preservación ambiental, firmante del Pacto Global de las Naciones Unidas y los principios de la Agenda 2030 en derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. ¿O es una fachada de ocasión, mientras sigue haciendo negocios como de costumbre?

En el Estado uruguayo, a pesar de existir una institucionalidad ambiental con más de 30 años, teóricamente reforzada con la creación del Ministerio de Ambiente en 2020, la estructura y la capacidad del organismo alcanza a lo sumo para evaluar y fiscalizar pequeños proyectos. Para seguir procesos de gran escala como las plantas de celulosa es insuficiente; lo era para Botnia (UPM Fray Bentos) y Montes del Plata, para UPM II es completamente insuficiente.

“Hay que dejar bien claro que el Ministerio de Ambiente no opera la planta”, declaró enfáticamente el ministro Robert Bouvier el jueves último. Es muy claro, sin duda. El titular del ministerio está confirmando que no tiene ningún control del proceso con la planta en funcionamiento y pretende salvar de esa manera su responsabilidad en lo sucedido. Esto evidencia que Bouvier no tiene noción de lo que deben ser las responsabilidades del estado en materia ambiental.


El derrame de soda cáustica en UPM extinguió la vida en el arroyo Sauce, en Durazno

Si los gobiernos deciden albergar proyectos de esta escala, son responsables de las medidas para evaluarlos y controlarlos. Hace años que se discute en la ONU un código de conducta para que las empresas multinacionales respeten aquellos principios. Las empresas prefieren negociar con los países por separado, porque así pueden imponer mejor sus condiciones y, a la vez, se justifican diciendo que cumplen las reglas del país. Uruguay no escapa a esta realidad.

El municipio de Cubatão, en el estado de San Pablo, Brasil, era el lugar más contaminado del planeta. En 1984, se ganó el nombre de Valle de la Muerte por la explosión de un ducto que pulverizó una favela entera y otros desastres. Sin embargo, en los años 1990, gracias a las acciones del gobierno estadual, se volvió “ejemplo mundial de recuperación ambiental”, que implicó el cierre definitivo, entre otros, de la filial de la multinacional francesa Rhodia.


La contaminación todavía afecta la salud de los niños en Cubatão

Cubatão siguió alojando a las mayores empresas petroquímicas del país, pero las oficinas locales de la estatal SABESP (Compañía de Saneamiento Básico de San Pablo), una de las mayores empresas de suministro de agua potable y saneamiento del mundo, llevan el monitoreo en línea de los procesos de cada una de las plantas instaladas en el polo industrial. Si un indicador llega a sobrepasar los niveles admisibles, la SABESP tiene potestades para parar la planta.

En cuanto al control de plantas de celulosa, luego de tragedias como la mortandad de los cisnes de cuello negro en Valdivia, en 2004, provocada por los vertidos de la planta de Celulosa Arauco (Celco), la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile le exigió a la empresa la instalación de un sistema de conexión en línea para trasmitir en directo al organismo, los registros del monitoreo de una batería de indicadores de los efluentes de la planta y la calidad del agua.

A fines de 2020, Celco anunció la inauguración del sistema de monitoreo remoto en sus cinco plantas Arauco, Licancel, Constitución, Nueva Aldea y Valdivia, desde sus oficinas en la ciudad de Concepción. “El monitoreo es una piedra angular en la gestión de las plantas de celulosa y papel … es imprescindible para optimizar la rentabilidad de la planta (…) maximizar el tiempo de alerta y evitar daños secundarios”, afirmaba entonces el directivo de Celco Marcelo Silveira.

Las tecnologías de control a esa escala industrial existen, no hay pretextos para no utilizarlas. Y es responsabilidad de los gobiernos exigirlas y fiscalizarlas mediante el monitoreo compartido en tiempo real. Estas son las condiciones si se quieren evitar realmente males mayores.