Más de 70 organizaciones nacionales e internacionales reclaman severas sanciones por el derrame de soda cáustica en la planta de UPM en Paso de los Toros, en Durazno, y además exigen "con urgencia" una “parada de planta total hasta que se hayan determinado las causas y solucionado el problema para que no vuelva a suceder”.

“Mientras dure la sanción UPM debe hacerse cargo del salario completo de las y los trabajadores y los pagos a proveedores de insumos comprometidos”, señala una carta abierta enviada a las autoridades uruguayas firmada por más de 70 organizaciones sociales y ambientales de Uruguay y de otros países como Finlandia, Alemania, España, EEUU, Suecia, Paraguay, Brasil y Ghana.

Las organizaciones exigen también que se ponga en marcha “una comisión de seguimiento de sesión mensual, abierta a la participación, gestión y control de toda la ciudadanía, en las tres plantas de celulosa (UPM, UPM2 y Montes del Plata) tal como lo exige el artículo 47 de la Constitución (reforma constitucional votada por el pueblo en 2004) y la Ley Nº 18.610 en relación al agua”.

En su carta, estas organizaciones recuerdan que “el pasado 17 de agosto se tuvo la primera noticia del que sería un desastre ambiental, un derrame de un millón de litros de soda cáustica de la empresa UPM en Pueblo Centenario provocó la extinción de toda vida en un curso de agua cercano”, en concreto el arroyo Sauce.

“La empresa y el gobierno sabían que desde el mes de junio había pérdidas en la pileta de decantación que recibía la soda y que hubo una rotura en el intercambiador de calor de soda cáustica”, aseguran los colectivos.



Esto “demuestra la inoperancia de los sistemas de control de UPM, y la falta de responsabilidad de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y del Ministerio de Ambiente”, sostienen.

“Lo que es aún peor, UPM pretendió minimizar el hecho a nivel de la prensa y el Ministerio de Ambiente demoró 40 días en dar la noticia y ha anunciado una posible irrisoria multa a UPM de 1000 Unidades Reajustables”, señala la carta.

Esta sanción se traduciría en unos 42 mil dólares aproximadamente, cuando “sólo UPM 1 tiene una ganancia neta” de 650 mil dólares por día (véase este informe de Sudestada).

“Hace décadas que las organizaciones sociales, ambientales y sindicales denunciamos los atropellos de las multinacionales forestales y sus plantas de celulosa, basadas en monocultivos que destruyen nuestra tierra fértil, expulsan a los pequeños productores, acaparan el uso del agua y afectan gravemente la biodiversidad. Este hecho no es un mero accidente, es parte del modelo productivo extractivista y altamente contaminante”, aseguran estos colectivos.

Y recuerdan que “en setiembre de 2022 un vivero de UPM en Guichón, Paysandú fue denunciado por contaminar un arroyo. Usaba 17 agrotóxicos peligrosos no autorizados y días después el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por decreto los autorizó favoreciendo a la empresa y minimizando el desastre que causó en el curso de agua. La planta UPM 2 recibió 11 sanciones durante la construcción y tres más en los cuatro meses de funcionamiento”.