La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió este viernes un comunicado en el que reclama el cierre del Centro de Máxima Contención (CMC) del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), ubicado en la calle Cufré y Bulevar Artigas, donde se produjo la muerte.

La institución recuerda que este es el tercer suicidio ocurrido durante el año 2018 en centros de privación de libertad de adolescentes. Además es el sexto en lo que va de actual la gestión en el organismo que encabeza Gabriela Fulco.

“El MNP ha visitado en forma periódica el CMC, y recuerda que este centro fue reabierto en agosto de 2015, prácticamente bajo las mismas condiciones que tiempo atrás habían motivado su cierre”, recuerda el comunicado.

El texto define la estructura edilicia del CMC como “comprimida, oscura, escasamente ventilada, y con una fuerte impronta punitiva” y asegura que esas características de reclusión “lo convierten en un lugar absolutamente inadecuado para albergar adolescentes.

El pronunciamiento recuerda que ya se manifestó en reiteradas oportunidades la “profunda preocupación” por las consecuencias negativas del establecimiento para los adolescentes recluidos, “fundamentalmente en lo que refiere a su salud mental, resultando éste uno de los centros donde se produce un mayor número de intentos de autoeliminación”.

La INDDHH insistió en que “el Estado tiene la obligación de proteger la dignidad, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los y las jóvenes a su cargo, y tomar todas las precauciones para mitigar el impacto lesivo de los sistemas penales sobre las nuevas generaciones”.

La Institución había publicado diez días atrás un informe sobre el sistema de privación de libertad de adolescentes en el que consignó la “ausencia o desconocimiento de una política institucional integrada, coherente y acorde a estándares internacionales”, y denunció que desde 2011 sólo hubo cambios significativos en el nombre de la institución.

Como ejemplo de los cuestionamientos la Institución mencionó que se aplica lo que denominó “un modelo securitario y de encierro en muchos casos compulsivo, hasta por períodos de 22 horas diarias”, y que la mayoría de los jóvenes atendidos por el sistema fueron privados de su libertad: 878, contra 578 que cumplieron medidas no privativas.

En el documento la INDDHH señala que existe un enfoque esencialmente punitivo, que utiliza herramientas como la privación de libertad, por lo cual “el resultado no ha de ser otro que el fracaso constante, por cuanto se trata de un medio ineficaz para obtener el resultado ‘seguridad’, que solo aumenta la vulneración sistemática de los derechos de las y los adolescentes que transitan el sistema”.