Walter Pernas/ Sudestada / @PernasWalter

El Poder Legislativo volvió a desconocer las recomendaciones y exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los procesos de selección de las máximas autoridades del Poder Judicial, al negociar a puertas cerradas la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De esta manera, ignora de manera reincidente el Informe “Garantías para la Independencia de los y las Operadores de Justicia” que la CIDH elaboró en 2013, y desconoce las recomendaciones específicas que la Comisión realizó el pasado 27 de junio para el Estado uruguayo.

En este último “Informe sobre Audiencias Públicas del 162 Período de Sesiones” la Comisión Interamericana respaldó a las organizaciones de la sociedad civil que “denunciaron que el proceso de selección” parlamentaria de ministros y ministras de la SCJ “tiene como eje principal la negociación política partidaria”.

Delegadas que representaron a 27 organizaciones uruguayas –como Cainfo, Serpaj, Ielsur, Amnistía, Mujer Ahora, Cotidiano, entre varias– indicaron ante la Comisión que tal proceso de designación “está viciado por secretismo y falta de transparencia, que no está previsto ningún proceso de participación ciudadana, no está garantizado el derecho al acceso a la información en el proceso de selección, y no existe la posibilidad de rendición de cuentas posterior”, señala la CIDH en su Informe.

“La Comisión Interamericana recuerda el estándar interamericano en la materia, que indica que para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los cargos de las y los operadores de justicia, es prioritario brindar una oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo”, afirma el Capítulo Uruguay del Informe.

Y añade que “tal como se indica en el Informe ‘Garantías para la Independencia de los y las Operadores de Justicia’, los Estados deben emitir de manera previa y pública las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos en el poder judicial”.

La Comisión considera “positivo que los procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y capacidades profesionales de las y los candidatos”.

La CIDH sostiene que lo antedicho “resulta fundamental cuando se trata de la designación de las y los operadores de justicia de las más altas jerarquías y el procedimiento y selección se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo o Legislativo”.

“De igual manera, la Comisión Interamericana considera que para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que integrarán los más altos puestos dentro del Poder Judicial, resulta conveniente incluir la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados tuvieran la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo”, establece el Informe en su capítulo específico dedicado al Estado uruguayo.

Pero nada de esto se cumplió en el proceso parlamentario que terminó por designar a la ministra Bernadette Minvielle como nueva integrante de la SCJ.

El "acuerdo político" por sobre todas las cosas

Minvielle es una experimentada ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, con antecedentes en la magistratura que la ubican entre las aspirantes con mayores posibilidades de acceder al cargo por sus méritos.

Pero el proceso de designación impidió un competencia ajustada a los estándares interamericanos y a las exigencias del CIDH en esta materia, las que han sido sistemáticamente desconocidas por el Estado uruguayo, que incluso se negó a asistir a la audiencia pública sobre este tema, en el marco del 162 Período de Sesiones que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 22 y 27 de mayo.

Legisladores de todos los partidos han salido a la prensa a destacar la “importancia” de que se haya alcanzado un “acuerdo político” para la nuevo nombramiento a fin de evitar que se active el artículo 236 de la Constitución: “Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo”.

Pero los y las integrantes del sistema político que formularon tales declaraciones no respondieron –ni la prensa les pidió explicaciones– por la falta de trasparencia, el secretismo, ni por la divulgada circunstancia de que en el paquete de negociación se incluye un reparto de cargos para la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las organizaciones indicaron en la audiencia pública ante la CIDH que “estas características en el proceso de selección resultan en un completo desconocimiento por parte de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil sobre cuáles son los criterios objetivos que se utilizan para la designación de los miembros de la más alta corte del país”, recuerda el informe del organismo.

“Asimismo, manifestaron que, dado que Uruguay vive en democracia desde hace décadas, resulta inadmisible que una decisión tan trascendental para la vida de un país sea adoptada sin que la ciudadanía pueda conocer los fundamentos de la elección y, por tanto, la inexistencia de una debida rendición de cuentas por parte de quienes toman las decisiones”, resaltó la CIDH.

Al finalizar la exposición, las organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana “dar seguimiento a la situación presentada y que recomiende al Estado que erradique la práctica denunciada”.

La CIDH efectivamente le indicó al Estado que debe cumplir con los estándares interamericanos que implican transparencia, igualdad de oportunidades, participación de la sociedad civil en la discusión, en el proceso de designación de cargos en la Suprema Corte de Justicia. Pero el Poder Legislativo prefirió mantenerse en las sombras.