Coronel retirado Elmar Castiglioni (al centro de la mesa) durante la reunión de represores en Buenos Aires en agosto de 2014. Foto: Sudestada

En un procedimiento que duró al menos 8 horas, la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro –secundados por un grupo de policías de confianza–lograron verificar que el material documental encontrado refiere a diversos hechos sucedidos durante el período de Terrorismo de Estado.

El material contiene documentación catalogada de secreta y reservada por las Fuerzas Armadas durante los años en que usurparon el poder de gobierno.

Aunque la verificación no pudo ser exhaustiva, en esas horas se logró acopiar todo lo que se creyó relevante para la investigación y se lo guardó en cajas. El volumen del material es tal que la camioneta al servicio del Poder Judicial fue llenada hasta el tope. Luego partió custodiada por vehículos policiales rumbo a un depósito reservado sobre el que se mantiene vigilancia estricta.

El allanamiento se produjo en la mañana del viernes 2, en una casa de Luis Alberto de Herrera y Thompson, donde hasta hace algunas semanas vivía el coronel retirado Elmar Castiglioni, que falleció a los 62 años.

Este militar fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien en su momento tildó de “insignificantes” las cifras de muertos a manos del Estado durante la dictadura uruguaya. Era sobrino de uno de los más grandes homicidas de las décadas de 1960 y 1970, el jefe de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, también fallecido.

Elmar Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID) y lo guardó en su casa, de acuerdo a una investigación de contrainteligencia realizada en 2007 por orden de la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti.

El proceso político interno en el Ministerio de Defensa que derivó de aquella acción de contrainteligencia, una vez que la ministra dejara el cargo el 3 de marzo de 2008, fue narrado por el periodista Samuel Blixen en un artículo del semanario Brecha.

El expediente quedó sobre el escritorio del ministro sucesor, José Bayardi, que en un año y medio de gestión –se fue el 31 de agosto de 2009– no activó los mecanismos que Berruti preveía poner en práctica para recuperar los archivos y procurar que se hiciera justicia, según los datos reunidos por Blixen.

"En la concepción de Berrutti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Sid y del Ocoa, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006. Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales", escribió Blixen en Brecha.

Y añadió: "El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berru­tti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro".

Por Defensa también pasaron los ministros Gonzalo Fernández (2009-2010), Luis Rosadilla (2010-2011) y Eleuterio Fernández Huidobro, que se mantiene hasta el presente.

El allanamiento de la justicia se produce en el marco de una investigación que se encontraba archivada pero que se reabre por la nueva información que llegó al juzgado, y que propició la orden de allanamiento. Se trata del caso de homicidio del militante comunista, Fernando Miranda, secuestrado y desaparecido en 1975, cuyos restos fueron encontrados en 2006, enterrados en el Batallón 13.

Las fuentes se mantienen reservadas en el proceso, pero la prueba fundamental para que la justicia irrumpiera en la casa de Castiglioni fue aquel informe de contrainteligencia ordenado por Berruti.

Las fuentes de la investigación consultadas por Sudestada, dijeron que se presume que entre los cientos de documentos confiscados se encuentra el llamado archivo “Víctor Castiglioni”, del que supuestamente no se conocía el paradero en la vieja Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Elmar en el Foro de represores

Elmar Castiglioni fue uno de los panelistas del Foro Libertad y Concordia que se realizó en Buenos Aires en setiembre de 2014 y al que logró meterse Sudestada.

En ese evento, hubo discursos e insultos contra jueces uruguayos, el FA y la ONU. Y Castiglioni hizo un llamado urgente a disputar “el relato” sobre lo ocurrido durante las décadas de 1960 y 1970, a sostener un movimiento solidario en torno a “los camaradas presos”, y pidió “mantener la coordinación” entre los países de la región. “Estamos haciendo una defensa específica de los camaradas que sufren esta guerra altamente ideologizada que se libra en la política y que hace 40 años se libraba de otra manera”, se lamentó al abrir su exposición.

A su lado estaba el dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado de ser cómplice en el secuestro y asesinato de dos de sus empleados.

Castiglioni sostuvo luego que “desde la sociología nos dicen que quien logre poner las palabras en hechos son los que ejercen el control social. Nosotros dejamos que se constituyera el odio, dejamos que se creyera que las Fuerzas Armadas no eran un motivo a defender, que se creyera que nuestros camaradas actuaron desde la ilegalidad. Permitimos que eso se constituyera así y ahora hay que frenarlo y revertirlo”, se entusiasmó.

Cuestionó los “300 libros” uruguayos que recogen la “victimización de quienes se alzaron en armas contra el régimen constitucional” y pidió, como lo hicieron casi todos los expositores, dejar de “escarbar en las heridas” para avanzar hacia un proceso de “pacificación”. “Sostener el conflicto latente durante 40 años se transforma en una venganza política”, dijo al referirse a los juicios que se llevan adelante o que se intentan impulsar en los países de América del Sur.

Para finalizar, bromeó un poco (o quién sabe) con su condición: “Como dice el dicho ‘el tiempo es tirano’ y siempre he respetado al tirano”, lanzó para despertar sonrisas cómplices de parte del auditorio. Luego su voz se quebró cuando apeló a tender “una mano” a sus “camaradas en problemas”, es decir a aquellos presos por cometer homicidios y desapariciones forzadas.