"Evocando al coherente Guillermo Chifflet, se hace necesario condenar la injusticia. Lo seguiremos haciendo, como cada 10 de diciembre, con una visión crítica y sensible, afirmando que no se pueden solucionar los conflictos sociales a través de lo punitivo, no debemos tener más adolescentes asesinados, no puede seguir aumentando la población en situación de calle, no pueden 6 de cada 10 jóvenes abandonar el sistema educativo..."

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) presentó este lunes 12 su informe anual de derechos humanos en Uruguay, un trabajo de casi 400 páginas que recoge avances y retrocesos registrados en el país durante este año con el aporte de académicos, militantes sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Este informe, que se edita hace 27 años, está dedicado al periodista y legislador socialista Guillermo Chifflet, un hombre considerado “un símbolo de coherencia y honestidad” que “prefirió irse, antes que renunciar a sus principios”, según dijo Adriana Vaselli, una de las coordinadoras de este trabajo.

Una de las coordinadoras de este anuario, Mariana Mosteiro, explicó que los avances judiciales sobre casos de violaciones a los DDHH durante la dictadura militar se produjeron con más fuerza en el exterior del país.

Mosteiro destacó el fallo histórico que terminó con el represor uruguayo Manuel Cordero condenado a una pena de 25 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de 11 detenidos desaparecidos en Argentina, en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas conocida como Plan Cóndor.

En el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti” también fue condenado el represor argentino Miguel Ángel Furci, quien ya había sido responsabilizado por la apropiación de Mariana Zaffaroni, la hija de los desaparecidos María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Jorge Roberto Zaffaroni Castilla. 

El trabajo presentado este lunes en la sede de la dirección de impresiones oficiales (IMPO) contiene varios artículos sobre el plan Cóndor, entre los que se destaca el elaborado por Francesca Lessa que analiza el juicio que enfrentan varios militares uruguayos en la Justicia de Roma.

Mosteiro destacó varios retrocesos registrados con el archivo de varios casos en las sedes penales, al tiempo que destacó que el Ministerio del Interior entregara los archivos policiales del período 1968 a 1974 a la Universidad de la República (Udelar) y a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. 

Los documentos entregados comprenden el archivo histórico de la Policía Técnica (hoy Policía Científica), documentos originales del archivo histórico de Inteligencia, expedientes de la Justicia Militar y del Supremo Tribunal Militar, además de semanarios, revistas editadas y material de estudio y propagandístico de circulación legal.

El informe recoge trabajos sobre el acceso a la información, la libertad de expresión y la posición del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Tiene, además, un completo informe sobre el embarazo adolescente, las personas en situación de calle, los adolescentes privados de libertad y su relación con los abusos policiales.

También aborda la compleja situación que llevó a una huelga de hambre al refugiado sirio Jihad Diyab y la de los ex prisioneros de la base de Guantánamo en Uruguay. La violación de la ley de financiamiento de campañas electorales y cómo la Corte Corte barrió bajo la alfombra las ilegalidades cometidas por todos los partidos políticos también están reflejados en este anuario de SERPAJ. 

La publicación está dividida en dos secciones, la primera denominada “Derechos civiles y políticos” que consta de tres partes. La primera referida a “Memoria e impunidad” con 16 artículos, la segunda sobre “Regulación, protección y exigibilidad” con 12 y la tercera sobre “Seguridad democrática y Derechos Humanos” que contiene 12 artículos.

La segunda sección titulada “Derechos económicos, sociales y culturales” tiene dos partes, la primera sobre “Salud, economía y sociedad” con diez artículos y la segunda titulada “Las venas abiertas” sobre la realidad latinoamericana que presenta seis.

Además cuenta con un anexo legislativo que da cuenta de los avances en la legislación sobre Derechos Humanos en 2016.

Derechos Humanos en el Uruguay - Informe 2016