Víctor L. Bacchetta

Finlandia fue conmocionada en los últimos días por la decisión de la empresa UPM de cerrar una planta que ocupa a 450 trabajadores. Mediante un comunicado de la Bolsa de Valores, el pasado 26 de agosto, UPM anunció el cierre definitivo de la fábrica de papel UPM Kaipola en Finlandia, entre otras medidas de racionalización, con el fin de “garantizar la competitividad futura” de su división UPM Comunication Papers.

Simultáneamente, en una carta abierta, el director ejecutivo de UPM, Jussi Pesonen, afirmó que “la carga fiscal se ha vuelto abrumadora en Finlandia”, cuestionó los costos externos y altos salarios de la industria, así como las restricciones de la tala de bosque nativo en el país. Pesonen reclamó una política industrial, del mercado laboral y fiscal, que haga posible operaciones industriales rentables y nuevas inversiones.


Director ejecutivo de UPM, Jussi Pesonen

La reacción del gobierno fue inmediata, al día siguiente, la primera ministra Sanna Marin se trasladó con sus ministros a la ciudad de Jämsä, donde está localizada la papelera, para entrevistarse con representantes de la empresa y del gobierno local. En conferencia de prensa, Marin respondió a las críticas de Pesonen enumerando las reducciones de costos industriales e inversiones en infraestructura realizadas.

Sin embargo, el debate público tomó otro cariz cuando se supo que la planta Kaipola no registró pérdidas, pero sería hoy la menos rentable para UPM. Los miembros del gobierno nacional dijeron que esperaban responsabilidad social y cooperación de la empresa para atender a los trabajadores. “El requisito mínimo sería invitar a los despedidos a volver a trabajar”, manifestó la primera ministra Marin.

Uno de los integrantes de la red internacional EPN (Environmental Paper Network), Sergio Baffoni, dijo a Sudestada que, si el cierre fuera causado por la caída de la demanda de papeles gráficos en el mercado, Kaipola podría producir papel de embalaje y tejido.

“A menos que la razón sea que están buscando mano de obra más barata, paraíso fiscal, infraestructuras pagas y servicios como los que tienen en Uruguay. Entonces, no solo están engañando a los trabajadores finlandeses, sino también al gobierno finlandés, ya que no quieren pagar impuestos finlandeses”, afirmó Baffoni.

Dos días más tarde, la primera ministra Marin cuestionó directamente la decisión de UPM tanto por la solvencia económica de la empresa, recordó que tuvo 1.400 millones de euros de ganancias el último año, como por el momento para adoptarla.

“En esta situación, los despidos son un duro golpe para una persona y suscitan muchas preguntas. ¿Qué es suficiente? Ahora que estamos en una crisis muy profunda y en una situación económica difícil, también surge la pregunta: ¿por qué ahora, cuando es difícil para la gente encontrar empleo de todos modos? ¿Era necesario cerrar ahora mismo una fábrica rentable?”, expresó Marin.


Primera ministra de Finlandia, Sanna Marin

De acuerdo con analistas de aquel país, el gobierno socialdemócrata de Marin fue tomado por sorpresa en esta situación, al percibir que no es un problema interno de la industria forestal “finlandesa” sino que está tratando con una empresa multinacional. Poco importa si esta multinacional nació y tiene la sede central en Finlandia, porque UPM actúa de acuerdo con sus intereses en todos los países por igual, inclusive en Finlandia.

Incumplimientos y permisividad

Mientras tanto en Uruguay, UPM continúa sin pausa la mayor inversión de su historia, no sólo con condiciones económicas y fiscales extraordinarias, sino con la tolerancia frente a sucesivos incumplimientos de las condiciones planteadas para la planta de celulosa. Desde marzo de este año, las autoridades ambientales tienen pendiente la sanción de una multa, a pesar de haberla calificado como “infracción grave”.

El 14 de mayo de 2019, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con la firma de la ministra Eneida De León, otorgó la Autorización Ambiental Previa (AAP) a la planta de celulosa propuesta por UPM en el Río Negro. La resolución ministerial 690/19 estuvo acompañada por una serie de condiciones, y los plazos para cumplirlas, antes de que la planta entrara en operación.

Se estableció un plazo de 180 días para la definición de los siguientes aspectos clave del operación de la planta de celulosa: la planta de insumos químicos y las plantas de tratamiento de los efluentes, el sistema de descarga de los mismos y zona de mezcla en el río; el plan general de monitoreo de las condiciones ambientales y el Sitio de Disposición Final (SDF) de residuos en el interior de la zona franca.

A su vez, antes de la entrada en funcionamiento de la planta debían estar definidos el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Industriales, con los gestores de las distintas líneas de residuos, los procedimientos y previsiones para el suministro del flujo del río requerido por la planta (el mínimo de 80 metros cúbicos por segundo) y para las situaciones de sequía extrema, cuando la planta tendrá que parar.


La planta de Kaipola que UPM cerró en Finlandia

El 15 de noviembre, al vencerse el plazo inicial de 180 días, UPM solicitó 90 días de prórroga para la planta química, la estructura de descarga de los efluentes y la zona de mezcla en el río. Solicitó asimismo una prórroga de 180 días más para el sitio de disposición final de residuos sólidos y de una semana para el plan de monitoreo de calidad del agua, el suelo y la biota, que debía comenzar a aplicar a principios de 2020.

El 14 de febrero de 2020, UPM solicitó otra prórroga de 30 días para la planta química. Tres días después, por sucesivos incumplimientos en el arreglo y pavimentación del camino del Tala, en la construcción de la planta de celulosa y de alojamientos para los trabajadores, los técnicos de Evaluación de Impacto Ambiental propusieron aplicar a UPM una multa por "infracción grave" de 200 Unidades Reajustables (unos 6 mil dólares).

Informada de la propuesta, UPM respondió que la sanción era desproporcionada y, también, que fuera considerada grave. Alegó que no correspondía aplicarla y que “debería desestimarse o al menos disminuirse considerablemente el monto de la misma”. El 11 de marzo de 2020, Evaluación de Impacto Ambiental desestimó las consideraciones de UPM y ratificó su propuesta de sanción.


El 16 de marzo, UPM solicitó una prórroga de 30 días más para la definición de la planta química. A esa altura, el nuevo gobierno nacional reasignó autoridades en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Desde entonces, no hubo decisión sobre la sanción propuesta a UPM y el 26 de agosto pasado se produjo un nuevo cambio con la asunción del primer ministro de Ambiente, Adrián Peña.

El 13 de mayo, la División Emprendimientos de Alta Complejidad, en un balance de la marcha del proyecto de UPM, concluyó que el Plan de Monitoreo Ambiental estaba incompleto y seguían pendientes la planta química, el tratamiento y el sistema de dilución de los efluentes y el SDF de residuos sólidos. A diferencia del pasado, en lugar de plazos, solo indicó la mayor o menor “premura” en los casos.

¿Para qué van a fijar plazos las autoridades ambientales, si luego no se cumplen y solo se dan nuevas prórrogas? En otras palabras, que UPM haga lo que le parezca. Como para no querer UPM irse de Finlandia e instalarse en Uruguay.