Víctor L. Bacchetta

“Paren el financiamiento irresponsable en plantas de celulosa insostenible”, es el título del programa de investigación desarrollado por Environmental Paper Network (EPN), una red mundial de más de 140 organizaciones de la sociedad civil con el fin de generar un cambio hacia una industria forestal, de celulosa y papel que contribuya a un futuro saludable, justo y sostenible para toda la vida en el planeta.

“Nos comprometemos con inversionistas y otros actores en el mundo financiero para asegurarnos de que sus decisiones estén bien informadas y tengan en cuenta todos los posibles impactos relevantes de los desarrollos, desde las fuentes de fibra hasta sus implicaciones en los derechos humanos. Instamos a los inversionistas a adoptar políticas públicas sólidas con respecto a las inversiones en la industria de la celulosa y el papel”, proclama el proyecto de investigación financiera de EPN.

En 2016, EPN publicó una lista de 14 requisitos que debería cumplir la industria de papel para no dañar a las personas y al medio ambiente. En 2017, la red internacional analizó las políticas del sistema financiero para el otorgamiento de préstamos a la producción de celulosa y encontró que el sector bancario no tiene políticas adecuadas para evitar inversiones irresponsables en proyectos y empresas de esta industria.


En los años siguientes, EPN informó a los bancos sobre temas sociales y ambientales vinculados a la industria de celulosa para advertirles sobre los riesgos financieros y de reputación que corrían por la falta de políticas. En 2019, la red internacional inauguró una serie de estudios de caso sobre plantaciones industriales de árboles y “bonos verdes”, como son llamados los créditos para proyectos con fines de cuidado ambiental.

Ese año, el estudio evaluó tres grandes firmas de celulosa en Brasil (Fibria, Suzano y Klabin) que financiaron de esa manera sus plantaciones forestales. EPN concluyó que el aporte en términos ecológicos por los 'bonos verdes' había sido muy limitado, que los cálculos sobre reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) eran dudosos y que no hubo ningún cambio en los negocios habituales de las empresas.

El 10 de junio, desde Berlín, EPN divulgó el segundo estudio de la serie que analizó la función de los “bonos verdes” en las actividades de UPM en Finlandia y Uruguay. El último año, un consorcio de bancos otorgó a esta empresa dos préstamos por un total de 1.250 millones de euros, con la condición de que se destinaran a cumplir objetivos de preservación de la biodiversidad y de mitigación del cambio climático.

Al anunciar el primer préstamo, UPM se ufanó de que estaba “mostrando el camino a nivel global” al comprometerse a generar un impacto positivo en la biodiversidad de sus plantaciones y reducir las emisiones de CO2 de sus actividades. Sin embargo, la investigación realizada por EPN no encontró suficiente evidencia de que los fondos mencionados hayan contribuido significativamente a los fines prometidos.

El plan financiero de UPM es obtener un total de 3.000 millones de euros en “bonos verdes”, lo que cubriría toda la inversión del nuevo proyecto en Uruguay. Por esta razón, EPN insta a los bancos a no concederle nuevos préstamos mientras no se haga una auditoría general de la empresa por un tercero independiente y se asegure que ese dinero no se destina a financiar simplemente sus actividades habituales.

El doble discurso ambiental

La realización de una auditoría general se justifica en multinacionales como UPM para saber si no están utilizando un doble discurso en materia ambiental. Dependiendo del país y los proyectos en cuestión, las grandes empresas realizan algunas actividades con criterios de sustentabilidad. Pero si son sólo acciones parciales y la empresa las presenta como si integraran una política general, está falseando la realidad.

“Si una empresa está causando al mismo tiempo graves impactos por actividades que no forman parte del ‘bono verde’, el efecto general de ese 'bono verde' debería ser cuestionado”, afirma EPN. Por ejemplo, con el primer préstamo de 750 millones de euros, UPM debía cumplir determinadas exigencias ambientales en Finlandia, sin que afectaran el desempeño muy distinto que tiene la empresa en Uruguay.



Si no hay una política general coherente, la empresa puede usar los “bonos verdes” para aliviar los costos de las mayores exigencias ambientales y destinar lo ahorrado a proyectos con menores exigencias. Es el caso de UPM, que está realizando su mayor inversión en Uruguay, mientras reduce su presencia en Finlandia, donde los costos son mayores o, directamente, no serían aceptados impactos semejantes. 

Otra cuestión clave para afirmar la efectividad de los “bonos verdes” es el resultado de los casos donde son aplicados. La industria de celulosa alega que las plantaciones de árboles contribuyen a mitigar el cambio climático y a proteger la biodiversidad. Si fuera así, deberían poder demostrarlo utilizando criterios e indicadores sólidos pero, “por el momento, nada de esto está ocurriendo”, expresa la investigación de EPN.

La red internacional señaló que, durante siglos, los pastizales naturales de Uruguay no solo albergaron una biodiversidad única, con miles de especies de plantas, sino que también almacenaron grandes cantidades de carbono en sus sistemas de raíces. Y agrega que hoy “gran parte de este carbono almacenado se ha liberado del suelo donde las plantaciones de eucalipto sustituyeron a los pastizales naturales”.

Los bosques naturales de Finlandia cubren más del 75% de su territorio y, mientras en Uruguay se permite el pino y el eucalipto, en aquel país están prohibidas plantaciones de árboles exóticos. No obstante, EPN señala que los proyectos de UPM en Finlandia donde se aplicaron bonos verdes son “la principal causa de extinción de al menos 60 especies y la amenaza para cientos de especies en peligro de extinción”.

Es decir que inclusive en Finlandia, con un ecosistema original boscoso y donde se aplican criterios ambientales más estrictos, los monocultivos de árboles afectan a la biodiversidad. Tanto en Finlandia como en Uruguay, la industria de celulosa apela a las certificaciones forestales, pero EPN no las considera una condición suficiente porque son utilizadas por las empresas como una herramienta de mercado.

La investigación analizó también al rol de la Fundación UPM y advirtió que mientras se desvían recursos clave en exenciones fiscales y obras de infraestructura, la donación de dinero a pequeñas empresas, mujeres y jóvenes, atiende necesidades básicas que debería proporcionar el gobierno uruguayo. Para EPN, esto sirve de “maquillaje verde”, un camuflaje, de los impactos sociales y ambientales del proyecto.