La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó su informe anual de 2017. El organismo trató 649 casos, 68% de los cuales fueron respuestas a consultas por la protección de los derechos humanos, al tiempo que el 32% restante fueron casos de intervención efectiva en situaciones donde se vulnerar esos derechos.

 

La presidenta de la Institución, Mariana Mota, explicó a Sudestada que el informe muestra un importante incremento en las denuncias y que, además, se registró una mayor cantidad de reclamos en varios organismos del Estado.

 

Los derechos más vulnerados son los que refieren a la igualdad y no discriminación (22%), a la integridad física (17%) y al trabajo (11%), seguido de denuncias vinculadas a la integridad personal, denuncias vinculadas al mundo del trabajo y sobre el servicio de salud.

 

También se recibieron denuncias sobre el proceso administrativo, educación, libertad personal, protección familiar, protección judicial, ambiente sano, libertad de expresión, seguridad social, vivienda, libertad de circulación y residencia, reparación integral por terrorismo de Estado, propiedad, intimidad, acceso a la información pública, libertad de conciencia y de religión, alimentación, identidad y participación política, según destaca el informe de 228 páginas.

 

El director de la INDDHH, Juan Faroppa, explicó que es preocupante que se vea a un grupo de personas que se asumen como diferentes como una causa de molestia. En ese sentido, manifestó cierta preocupación por la gran cantidad de situaciones que se registran en los derechos de los inmigrantes en Uruguay, donde en los últimos años se destaca la llegada de cubanos, venezolanos y dominicanos.

 

Otro de los directores de la institución, Wilder Tyler, fue enfático en que el Estado no está preparado para la llegada masiva de inmigrantes, por lo que es casi natural que los recién llegados vivan en condiciones de extrema precariedad.

 

Otro aspecto que destaca el informe anual de la INDDHH es que, al igual que ocurrió el año anterior, el Ministerio del Interior es el organismo del Estado más denunciado por la presunta violación de los derechos humanos. 

 

La institución señala que recibió 71 denuncias contra el Ministerio del Interior. Le siguen la Administración Nacional de Educación Pública y luego el Poder Judicial. En ese sentido, Mota explicó que el Ministerio del Interior recibió ocho recomendaciones de la institución y señaló que se aún se aprecian varios obstáculos para que esa cartera cumpla con las del organismo. 

 

El informe destaca el trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH que viene denunciando los altos índices de violencia institucional en las cárceles del país. 

 

La cantidad de homicidios y de suicidios son apenas una de las caras más visible de las “fallas sistémicas” que hay en el sistema carcelario uruguayo. El informe consigna que la INDDHH solicitó el cese del confinamiento en solitario que subsiste en el módulo 12 del Comcar, algo que puede definirse como tortura

 

En el capítulo sobre los adolescentes privados de libertad, el informe indica que en Uruguay se ha avanzado en el “endurecimiento punitivo” gracias a la aprobación de varias normas.  En ese sentido, el trabajo pone como ejemplo algunas modificaciones del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que determina un aumento de la duración de las medidas cautelares de 60 y 90 días a 150 días, que constituyen “una grosera regresión en materia de derechos, pues aumenta la carga punitiva hacia los adolescentes privados de libertad en una medida como la cautelar, que debe ser de carácter excepcional”.