Foto: Alejandra Nassi

Angelina de los Santos / Sudestada / @angelinadsh19

En este edificio, antigua cárcel, hay rejas herrumbradas, yuyos de toda clase, perros, paredes abatidas por fuego. Nueve años después de la tragedia carcelaria más grande de Uruguay, donde hubo un incendio y 12 muertos, hay olvido. El Estado aún no pagó ninguna indemnización, pero sí ha presentado recursos absurdos para dilatar los juicios civiles.

Mientras los plazos judiciales se prolongan, uno de los ocho sobrevivientes pelea por recuperar una pensión por invalidez y familiares de una de las víctimas analizan reabrir el caso penal que se archivó en 2012 sin encontrar responsables.

Fernando Méndez vive con su madre, tío, hermana y sobrinos, a 120 kilómetros del lugar que lo arruinó. Hay días que se levanta con “cara de loco”, dice, porque lo único que está pensando es en vengarse de la Policía. Esos días de rabia y rencor, no se le puede hablar. Pero hay otros, como esta mañana de junio, que aun estando tranquilo y bien dispuesto a la charla, tiene una expresión sombría y angustiosa, y una toma consciencia de que su aspecto no debe mejorar, precisamente, después de darle la espalda.

Méndez, el Peteca, tenía 29 años y estaba preso en la celda 2 de la cárcel de Rocha el 8 de julio de 2010 cuando se despertó en medio del incendio que le dejaría secuelas físicas irremediables, y de esas que no se ven pero se sienten, las más difíciles de sobrellevar.

Sobre esa madrugada, Méndez tiene un relato diferente al que aparece en las fojas judiciales. No entiende cómo es posible que todavía no sepa exactamente qué pasó y que los otros sobrevivientes a los que les ha preguntado sobre el tema no quieran explicarle.


Fernando Méndez tenía 29 años el 8 de julio de 2010 y sufrió quemaduras en el 73% del cuerpo durante el incendio. Foto: Alejandra Nassi

“Ellos saben algo que es lo que me falta a mí para entender mi mente. ¿Por qué no quieren hablar? Eso es lo que me tiene muy enfermo. Yo no entendí cómo me levanté envuelto en llamas”, dice.

Hay muchas versiones sobre qué pasó esa noche. Lo cierto es que algo o alguien provocó un incendio, y que después, de los 20 que habitaban la celda de 40 metros cuadrados, sólo ocho se salvaron.

La jueza del caso, Marcela López, manejó como principal causa del fuego “una acción accidental promovida por el factor humano a través de un acto de descuido o imprudencia en el manejo de uno o más artefactos de calefacción mediante resistencias eléctricas”.

En otras palabras, escribió que posiblemente se desató el incendio porque una manta cayó sobre una de las “estufas”, se quemó, e hizo arder los colchones de polifón, las camas de madera de pino, los náilones que tapaban las ventanas, y a los muchachos que estaban durmiendo.


Foto: Alejandra Nassi

Méndez cuenta otra cosa: “Yo salí de dentro del fuego vivo, consciente, quemado nomás. Todo lo que vi, lo vi, no es que aluciné, no, nada. Dos personas. Yo me desperté gracias a uno. Esas dos personas me ayudaron, más cuando íbamos para afuera, los dos lo vieron. Uno se murió, el otro no habla, ese es el problema: no habla. Y sé que no va a hablar. Yo ya hablé con él y sé que no hay caso. Todos sabemos que lastimaron a uno, tocaron fuego y se fueron”.

Él recuerda que ellos tres vieron a uno de sus compañeros salir de entre las llamas vestido, con los championes puestos, mochila, y una toalla arrollada en la mano. Fue el único que no se quemó y que no salió semidesnudo. Él dice que a través de una reja que separa el patio interno de las celdas 1 y 2 del corredor principal de la cárcel, el que salió “impecable” le pasó sus pertenencias a su novia y una amiga de ella, ambas presas en un sector que nunca se trancaba.

“Yo no vi el cuchillo. Pasó la toalla, pero todos sabemos lo que llevaba dentro la toalla. No me lo puedo olvidar. Sé hasta lo primero que pasó: pasó la toalla, la mujer arrancó, y la otra muchacha le cinchaba la mochila que todavía no podía pasar entre las rejas. Estoy seguro de que si voy al calabozo encuentro el cuchillo, porque es una pared doble que está hace mucho tiempo, y hay muchos cuchillos ahí tirados… Estuve preso, sé que eran ellas las que los encanutaban, era el único lugar donde se podía encanutar”, recuerda Méndez.


Foto: Alejandra Nassi

Méndez sabe que “hablar” del tema puede traerle problemas al otro testigo, pero a él no le importan los problemas. “Yo quiero saber lo que pasó, mira como me dejaron. Hay gente que no está ni ahí con hablar, pero es la real, mira cómo me dejaron, me arruinaron ¿entiendes? ¿Voy a dejar quieto por qué? Si no soy nadie. La persona que hizo eso estaba por matar también, estaba por homicidio. Es complicado lo que pasó”.

Más allá de cuál fue el origen del fuego, Méndez, otros sobrevivientes del incendio y algunos muchachos que estaban presos en las celdas de enfrente a la 2 y vieron qué sucedió, declararon que el “llavero Stuart”, Franco Machado, demoró en abrir la puerta de la celda porque su superior, el comandante de guardia “Carqueja”, Daniel Machado, le ordenó que no lo hiciera. Dicen que el llavero los destrancó minutos después, por desobediente.

“No tienen idea de lo que hicieron conmigo. A mí me judearon (jodieron). Yo me acuerdo clarito cuando el hombre no me quería abrir ¿entiendes? Yo le mostraba el brazo derretido por el sapo de la puerta, me estaba derritiendo de verdad. Eso lo tengo siempre en la mente, siempre ¿entiendes?”, asegura Méndez. Los informes periciales que se citan en la sentencia indican que si hubieran transcurrido dos minutos más, no hubiera habido sobrevivientes.

Pero hay otra versión, que sostienen la policía, el muchacho que Méndez vio pasando una toalla y otro sobreviviente. Ellos aseguran que el llavero abrió la celda lo más rápido que pudo, y que todos los agentes actuaron con la “mayor diligencia posible” e hicieron lo que tenían que hacer. Dicen también que el comandante de guardia nunca dio la orden de no abrir.

En el fallo, la jueza López determinó que no había “elementos de convicción suficientes para la atribución de eventuales responsabilidades penales” y, por ende, explicaba que no había sido posible identificar a quien fuera responsable del “origen y/o el resultado de este funesto siniestro”.

La reapertura del caso

Foto: Alejandra Nassi

La familia de Matías Barrios, uno de los muchachos que falleció, sí considera que hay culpables que deben ser penados y están asesorándose para reabrir el caso.

Mariela Sosa y Mario Barrios, los padres de Matías, también están convencidos de que los policías mintieron en sus declaraciones y que sí hubo demora en abrir la puerta de la celda por orden del comandante de guardia. Que podrían haberse salvado todos. Además, creen que también mintieron para encubrir que esa noche gélida no todos los policías estaban en sus respectivos lugares de trabajo.

“Sabemos por otros policías que estuvieron en su momento en la guardia de la cárcel que la costumbre era que de noche no quedara nadie en la guardia externa, porque el frío es insoportable. Son garitas de hormigón sin calefacción. Es una deducción lógica, a esa hora de la madrugada en esa época del año, en una garita sin calefacción, es casi imposible soportar el frío sin estar al borde de la hipotermia”, aseguró Julio Cadimar, el abogado que está defendiendo a la familia en el juicio civil, aunque es consciente de que “es muy difícil encontrar pruebas”.

Sin embargo, señaló que en las declaraciones realizadas durante el juicio penal y el proceso civil hay “contradicciones” y que sólo eso debería ser considerado “elemento suficiente” para desarchivar el caso.


Foto: Alejandra Nassi

Más allá de la negligencia, la familia de Barrios sabe que el Estado debería hacerse cargo por no haber cumplido con su mandato constitucional de velar por la vida de quienes tenía bajo custodia, y que, tal como se lee en el informe del comisionado parlamentario de aquel entonces, Álvaro Garcé, “la causa ocasional del incendio (…) es consecuencia de una objetiva situación de riesgo preexistente” en la cárcel.

En setiembre de 2004, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) recorrió la cárcel y describió las condiciones de las celdas e instalaciones como “pésimas”, “muy oscuras” y con “mal olor” debido al hacinamiento. Serpaj concluyó, seis años antes de la catástrofe, que la Cárcel de Rocha violaba flagrantemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que allí no existían mecanismos de “rehabilitación” alguna, y que debía cerrarse.

A mediados de 2012 finalmente se cerró y la cárcel se trasladó a la chacra policial, a las afueras de la ciudad. El predio de casi 2 mil metros cuadrados quedó abandonado pero el intendente de Rocha de entonces, Artigas Barrios, prometió a los familiares que mantendrían la capillita que está en el patio exterior frente a la celda 2, que los presos construyeron en honor a los fallecidos.

En septiembre de 2015 la Intendencia de Rocha lanzó un llamado a privados interesados en desarrollar proyectos comerciales o residenciales pero pidió que conservaran el valor arquitectónico del edificio, pero en noviembre se declaró desierto.

Después, el gobierno local estudió la posibilidad de construir un complejo de viviendas junto al Ministerio de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Medio Ambiente, pero la idea no prosperó.

De cárcel a sede judicial

Foto: Alejandra Nassi

En mayo de 2018, el intendente Aníbal Pereyra ofreció el predio a la Suprema Corte de Justicia, (SCJ) para instalar allí las dependencias del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

En febrero de 2019 la SCJ respondió que sí, que tienen interés en instalar el Centro de Justicia de Rocha en el inmueble céntrico. Dos meses más tarde comenzaron las negociaciones. En marzo la SCJ contestó a un pedido de información realizado por el diputado suplente por Rocha del Partido Nacional José Amorín Astigarra, indicando que la realización del proyecto insumiría alrededor de tres años y medio, y tendría un costo estimado de 240 millones de pesos. Según supo Sudestada, aún no hay fechas establecidas.

Mientras las instituciones deciden qué hacer, las víctimas y familiares todavía esperan la resolución de los juicios civiles contra el Ministerio del Interior, porque aún no han sido resarcidas ni simbólica ni económicamente.

En el caso de la familia de Barrios, el MI ha interpuesto escritos absurdos, como exigir que nueve años después de la tragedia se realice la pericia psicológica que la familia había pedido al comienzo del caso y que después –por contar con pruebas que evidencian el daño sufrido y con los informes de sus psicólogos tratantes–, habían desestimado como prueba.

Méndez, que sufrió heridas en el 73 por ciento del cuerpo, quemaduras internas incluidas, “hace años” que no sabe nada de su causa. Él estuvo 53 días internado en el Centro Nacional de Quemados (21 en coma inducido), 15 en el Hospital de Rocha, y “un año y pico” bajo tratamiento continuo, poniéndose cuatro paquetes de gasas de propóleo por día. Lo operaron de los pulmones, le pusieron injertos de piel en el cuello, en la nuca, en los hombros, en el pecho, en los brazos, en la espalda.

Hay partes en las que no tiene pelos ni poros. No suda, le pica, y para rascarse a veces se refriega contra las paredes. Le incrustaron metales en los dedos de la mano izquierda para estirarle los tendones, no en los de la derecha, por eso ahora tiene las falanges de esa mano dobladas, y no puede agarrar. Hasta hoy se tiene que cuidar del frío y el sol, y usar crema de ordeñe todos los días.

En cuanto se recuperó, lo “soltaron”, pero al poco tiempo volvió a caer preso. Lo encerraron en la celda 1, la que está al lado de la 2. Cumplió un par de años y desde entonces no ha vuelto tras las rejas.

En 2016 logró conseguir una pensión por invalidez, de unos 10 mil pesos. Con eso y hasta hace dos meses pagaba la luz, el agua, compraba garrafas de gas, comía y le pasaba dinero a su hija, que hoy tiene nueve años. Él no puede trabajar; ha conseguido algunas changas en construcción, pero tuvo que dejar porque el cuerpo no le aguanta.

Dice que no quiere “agarrar los fierros y trabajar”, pero que él y su hija tienen que comer, y que otra cosa no sabe (ni puede) hacer. Más que con plata, Méndez sueña con hablar con los otros sobrevivientes, para entender qué pasó ese fatídico 8 de julio de 2010.