Anabella Aparicio / Sudestada/ @anabelapa

Sin contar aspectos ideológicos, para los funcionarios de la Corte Electoral (CE), en parte fue un alivio que no se llegara a conseguir las firmas que buscaban derogar la Ley de Riego. Pero hay expectativa y preocupación ya que el 19 de abril se confirmará si se alcanzan las adhesiones necesarias para promover un plebiscito contra la Ley de Bancarización ya que si se concreta, hoy no saben cómo atenderán esa demanda.

Actualmente son alrededor de 900 los funcionarios que trabajan en la CE en todo el país, alrededor de 500 desempeñan tareas en Montevideo de los cuales 64 están dedicados a la verificación de las dos recolecciones de firmas que sí tuvieron éxito.

Actualmente, 46 empleados trabajan nueve horas diarias verificando las 405.521 firmas entregadas en el marco de la campaña “Vivir sin miedo” promovida por el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga, según datos proporcionados por la CE a Sudestada.

Se busca con esto promover un plebiscito que se vote junto con las elecciones nacionales, para modificar la Constitución y habilitar medidas de seguridad tales como la creación de una Guardia Nacional, que incluya a militares en tareas de seguridad ciudadana, y la habilitación de allanamientos nocturnos, entre otras medidas.

Por otra parte, otros 18 funcionarios, técnicos dactilóscopos, verifican las 69.360 firmas presentadas por el diputado nacionalista Álvaro Dastugue y el precandidato presidencial blanco Carlos Iafigliola, que busca derogar la Ley Integral para personas Trans.

Si bien la campaña que buscaba derogar la Ley de Riego alcanzó la mitad de las adhesiones necesarias para habilitar la consulta popular, las organizaciones sociales convocantes presentaron las más de 300 mil rúbricas obtenidas para cumplir con quienes se sumaron a la causa. Esto implicó que en octubre, también se haya tenido que numerar las papeletas para dejar constancia del trámite, pero no se llegaron a revisar.

El resto de los funcionarios está abocado a la atención de los más de 230 mil nuevos votantes que deben tramitar su credencial para sufragar en octubre, y otros tantos que llegan a renovar o trasladar su documento. Se reciben entre 500 y mil solicitudes diarias para estos trámites en la oficina central de la Corte, ubicada en Ciudad Vieja. Mientras que otras 300 personas lo realizan en las oficinas móviles instaladas en barrio Colón, en la Oficina del Instituto Nacional de la Juventud ubicado en el centro y en el Intercambiador Belloni.

El 15 de abril es el último día para tramitar la credencial por primera vez. La proximidad con esta fecha y con la de las elecciones internas, hace que a diario suba la cantidad de personas que concurre a las oficinas departamentales. Pero la credencial no queda tramitada allí. Luego que la sede departamental emite la solicitud, la Oficina Nacional Electoral (ONE) debe verificar que todos los datos son correctos, que no haya doble inscripción y allí es cuando queda ingresado el documento y la persona habilitada a votar.

Por lo tanto, esta dependencia hoy está “más que sobrecargada”, ya que además de cotejar las firmas, tiene la tarea de procesar las solicitudes que llegan desde todo el país según explicó la dirigente de la Asociación de Funcionarios Electorales (Afeu), Lía Vinci, a Sudestada. Aunque desde la CE, el ministro Juan Máspoli indicó que la sobrecarga laboral “es natural de un año electoral” y “se está haciendo la tarea con la reorganización adecuada del personal y una extensión horaria”.

Horario electoral

Las horas de trabajo se reforzaron en todos los niveles. Los funcionarios hoy realizan nueve horas diarias y en mayo pasarán a diez de lunes a sábados, en vez de las seis habituales de lunes a viernes.

No pueden faltar a trabajar ya que pueden tener descuentos económicos adicionales. Los ministros de la CE aumentaron a tres veces semanales la periodicidad de sus reuniones y están en sesión permanente, ya que también deben planificar y coordinar el desarrollo de las elecciones internas que se realizan el 30 de junio. Si bien esta instancia no es obligatoria, en las últimas realizadas en 2014 votaron casi 900 mil personas. Esto representa alrededor de un 30 por ciento de los habilitados.

Desde el sindicato sostienen que la sobrecarga actual se debe a una “mala administración de recursos y el no cumplimiento estricto del sistema retributivo que implica reforzar áreas sobrecargadas”, según explicó Vinci.

“Hoy son 61 administrativos en la ONE, que atienden las solicitudes que llegan de todo el país. Tendrían que haber reforzado esa área con personal de otras dependencias como logística, que hoy no tiene recarga”, agregó la sindicalista.

Si bien Máspoli reconoció que procesar estos datos implican una carga, indicó que se cuenta con el personal capacitado y con experiencia para cumplir con los plazos que requiere la tarea.

Mientras tanto, Vinci considera que este “aluvión de presentación de recursos para plebiscitos o referéndum”, tendría que generar una reflexión en el sistema político y parlamentario “para rever los plazos y permitir que sea humanamente posible” procesarlos.

La zafra electoral

Vivir sin Miedo

Según los datos de la Corte Electoral, la campaña impulsada por Larrañaga presentó 405.521 firmas el pasado 25 de febrero. Hasta el 4 de abril fueron validadas 152.425 rúbricas que representan un 5,63% del 10% necesario para habilitar la votación del plebiscito. Mientras que otras 16.331 firmas fueron rechazadas por constatarse que no coinciden con los datos de la persona firmante.

Las 23 parejas de funcionarios que a diario verifican los datos de las papeletas entregadas, con los que están ingresados en el padrón electoral, procesan alrededor de 500 firmas diarias. Desde la corte informaron que el objetivo es terminar a fines de abril o principios de mayo con la tarea, y se termina cuando hayan confirmado el 10% necesario, aunque haya más para revisar.



Derogación de la Ley Integral para Personas Trans

En cuanto a la campaña que busca derogar la Ley Integral para Personas Trans, el trámite es diferente. No solo se verifica la firma, sino que se debe cotejar también la huella digital de quien se sumó a la iniciativa. Las 69.360 papeletas fueron presentadas el pasado 25 de marzo por Dastugue y Iafigliola y en este caso, a diferencia de la otra campaña, si hay un plazo para terminar la tarea. Se deberá terminar antes del 8 de mayo, ya que la CE cuenta con 45 días corridos desde que se presentaron las firmas.

Hasta el momento, los dactilóscopos validaron 5.478 impresiones y se rechazaron 90. Por lo tanto restan 63.792. Teniendo en cuenta los plazos, deberán cotejar unas dos mil por día para cumplir con lo establecido por ley.



Elecciones internas

Para estas elecciones internas hay alrededor de 200 listas registradas en todo el país, pertenecientes a los diferentes partidos políticos. Esto implica que la ONE debe corroborar que quienes figuran en las listas estén habilitados a presentarse y verificar que las listas estén registradas correctamente, entre otros trámites burocráticos que permiten realizar esta instancia electoral.

Según explicó Máspoli, en una sola lista puede haber en algunos casos alrededor de 200 personas. “Las elecciones internas son de las más complejas, por la cantidad de listas que se presentan tradicionalmente”, indicó el ministro.