En tres días entrara en vigencia la obligatoriedad del rotulado para aquellos alimentos que se les haya agregado en exceso sodio, grasa o azúcares. Pero las autoridades del próximo gobierno no parecen estar en sintonía con las políticas públicas de salud llevadas adelante por el presidente Tabaré Vázquez.

Un decreto firmado por Vázquez el 29 de agosto de 2018 se fijó un plazo de 18 meses a la industria alimenticia para adaptarse a las nuevas exigencias, que se basaron en el modelo chileno, uno de los más ambiciosos en este sentido a nivel mundial.

Esta norma establece el rotulado frontal de los alimentos envasados con etiquetas que tengan advertencias sobre el exceso de grasas saturadas, azúcares y sal. El objetivo de estos avisos es contribuir a reducir la epidemia de sobrepeso y obesidad en la población y su incidencia en las enfermedades no transmisibles, según explicó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso.

La redacción de esta normativa fue sugerida por un grupo intersectorial con la participación de los ministerios de Salud Pública, Industria, Agricultura, Economía, Desarrollo Social y Educación, además de la Intendencia de Montevideo, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular y la Universidad de la República. También cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).


A partir de su entrada en vigencia, los alimentos envasados deberán lucir una advertencia con un rotulado frontal en forma de octógono en colores blanco y negro de fácil interpretación. Las etiquetas deben advertir sobre el exceso de grasas saturadas, sal y azúcar, cuando los alimentos “excedan largamente las recomendaciones promovidas por los organismos internacionales”, dijo el ministro Basso.

Esta idea del gobierno “tiene que ver con el compromiso de nuestro país, y, en particular, nuestro presidente de la República, en trabajar en un conjunto de factores de riesgo que son base para las enfermedades no transmisibles”, sostuvo durante la presentación de este decreto.

Basso afirmó que “hay suficiente evidencia científica de que el sobrepeso y la obesidad inciden en las enfermedades no transmisibles, principalmente en hipertensión, principal causa de muerte en nuestro país, y otras afecciones que conforman la carga de morbimortalidad más importante”.

En los últimos 15 años se registró un incremento importante en el consumo de azúcares, grasas y, esa razón, el gobierno consideró necesario “trabajar con políticas intersectoriales para estimular que el consumidor conozca los perjuicios que determinado tipo de alimentos genera en la salud, tanto de niños como de adultos”, explicó el ministro Basso.

Ante la posibilidad que se postergue esta medida, la diputada del Frente Amplio y ex subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se comunicó con el futuro ministro de Salud, Daniel Salinas, y con el subsecretario, José Luis Satdjian. Quedaron en volver a reunirse para encontrar una solución a este tema.

“Después de conversar, las autoridades tienen claro que el etiquetado de alimentos es una medida de alto impacto en la salud pública. Están recogiendo toda la información y seguiremos conversando teniendo en cuanta que se mantendrá lo que es positivo para mejorar un problema de salud pública que tiene nuestro país”, señaló Lustemberg.

La diputada indicó si a la normativa se le debe realizar alguna corrección, la misma se adoptará sobre la base de lo avanzado en estos años, y teniendo en cuenta el impacto que pueda generar.

Sobre la posible existencia de un “lobby empresarial” para modificar los planes de etiquetado, la legisladores frenteamplista manifestó que “en medidas de este tipo, por lo general hay temor”. Aseguró que la iniciativa se ha evaluado para que no interfiera con las normas empresariales y de comercio.



“Muchas empresas están trabajando en mejorar los niveles de composición de sus alimentos, para no llegar a que estén etiquetados. El Estado tiene la legitimidad de garantizar el cuidado de la salud pública de los habitantes”, dijo en declaraciones a radio Uruguay.

La normativa también prevé instancias educativas para sensibilizar sobre la importancia de las buenas prácticas alimenticias y forma parte, además, de otras acciones desarrolladas por Salud Pública en panificados y chacinados. Esto permitirá que la industria uruguaya coloque etiquetas adhesivas para el comercio uruguayo, y exporte sin ellas para la región. Para ingresar al mercado, las empresas deberán adaptarse a la normativa uruguaya.

En Uruguay se detectó una de las mayores tasas de crecimiento en la región de ventas de productos con alto contenido de sal, grasas y azúcar, un 140% en 13 años, según los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud (OMS).

La hipertensión y obesidad, en tanto, aumentaron 8% entre 2006 y 2013. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2017 indicó que el 61,7% de los adultos en Uruguay tiene sobrepeso, dato que supera el promedio regional que se sitúa en un 58%.

Para la OMS el etiquetado frontal de los alimentos le garantiza al consumidor el derecho a la información que necesita para tomar decisiones más críticas y lo protege de engaños al desestimular la compra de productos no saludables.