Solo para no agravar la contaminación existente en el río Negro, la planta de celulosa de UPM necesita que se le asegure un caudal mínimo de 65 metros cúbicos de agua por segundo
Víctor L. Bacchetta
El contrato entre el gobierno uruguayo y la multinacional UPM por la posible instalación de una nueva planta de celulosa contenía un texto de alcance indefinido. Era el compromiso de conceder los derechos de uso del agua que requiriera UPM y a establecer "un flujo mínimo en el río Negro aguas debajo de la represa del Rincón del Bonete (...) no estando obligada UPM a realizar ninguna compensación por dicho flujo mínimo (sic)".
Hasta ahora no se había definido cuál sería el volumen de ese flujo mínimo requerido para producir 2,1 millones de toneladas anuales de celulosa. Recién con la entrega a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requerido para la obtención de la Autorización Ambiental Previa del proyecto, se sabe que UPM plantea que le aseguren un flujo mínimo de 65 m3/s (metros cúbicos por segundo).
¿Cómo llegó UPM a esa cifra? La empresa debe justificar el impacto previsible de su instalación sabiendo que el río Negro está contaminado por encima de los niveles aceptables. "Siempre es difícil establecer un criterio de admisibilidad de un impacto para una actividad nueva cuando existe sobre un factor ambiental determinado una situación de contaminación precedente", expresa UPM en el estudio de impacto ambiental.
Y agrega que "cuando el pasivo ambiental presenta una escala de cuenca, como en este caso, la posibilidad de revertir la situación está fuera del alcance del proyecto". UPM se desliga así de su responsabilidad en la contaminación actual del río, una situación obviamente no generada por la planta sin construir. La empresa se plantea que solo puede "no incrementar y en lo posible reducir la situación actual (sic)".
Reconociendo su impacto, UPM se compromete a compensar al Uruguay con "apoyo técnico y financiero a los planes de Uruguay para mejorar la calidad de las aguas del río Negro". La empresa aportará 1,5 millones de dólares anuales durante 20 años y contribuirá al saneamiento de las localidades de Paso de los Toros y Pueblo Centenario, pero eso está lejos de compensar el impacto de la operación de la planta de celulosa.
De acuerdo con el proyecto presentado a la Dinama, la planta de UPM descargará en el río Negro 107 millones de litros por día de efluentes. Si bien la empresa afirma que los componentes químicos y orgánicos de esos efluentes estarán dentro de la norma vigente, el problema inmediato posterior es si el río tiene la capacidad para diluirlos y llevarlos a una relación que no incremente la contaminación ya existente.
En la medida que ya tiene un alto nivel de contaminación, el río Negro no tiene la capacidad para diluir esos efluentes y se hace necesario un flujo adicional de agua que solo puede ser suministrado por el embalse del lago del Rincón del Bonete que quedaría aguas arriba de la planta. O sea que ese flujo mínimo es la condición para que el impacto de la planta no agrave la situación del río.
El caudal de 65 m3/s planteado por UPM es equivalente a 5.616 millones de litros de agua por día. Si se tiene en cuenta que la planta de celulosa descargaría en el río 107 millones de litros diarios de efluentes, esto significa que esos efluentes necesitan una dilución de más de 52,5 veces para no agravar la situación del río Negro. Esto modifica por completo el cálculo del consumo de agua de la planta.
UPM alega que el consumo de agua sería la diferencia entre 136 millones de litros que toma y 107 millones de litros que devuelve diariamente al río, o sea, unos 29 millones de litros. Pero la descarga no es agua sino efluentes que necesitan 5.616 millones de litros de agua para ser diluidos. Entonces el volumen de agua sin el cual la planta no podría funcionar es de 5.752 (5.616+136) millones de litros diarios.
Resulta muy difícil de imaginar lo que representa ese volumen de agua. Para dar una idea, si consideramos el consumo diario por persona de 130 litros de agua, que es la medida estándar aceptada por la OSE, tenemos que el requerimiento de la planta de UPM equivale al consumo doméstico de 44 millones de personas.
En resumidas cuentas, aunque UPM cumpla sus compromisos y se le proporcione ese flujo mínimo, seguirá pendiente el plan para resolver la contaminación del río Negro. Ni siquiera es válida la afirmación de la empresa de que no agravará la situación del río porque la planta de celulosa consolida un modelo productivo que está en el origen de la degradación ambiental de los suelos y las aguas del país.
Las perspectivas para el río Negro
En la última semana, el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros crearon un Comité ministerial de Coordinación Ejecutiva para hacerse cargo de la primera etapa de un plan de recuperación ambiental de la cuenca del río, llamada Iniciativa para el Río Negro, integrado por los ministerios de Medio Ambiente (MVOTMA), Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) e Industria, Energía y Minería (MIEM).
Esta Iniciativa fue asociada inmediatamente a los compromisos asumidos por el gobierno en el acuerdo firmado con UPM. No obstante, un grupo interministerial con la misma integración y similares objetivos había sido creado por el Poder Ejecutivo hace siete años. Además de la falta de memoria, el hecho puso en evidencia la ineficacia de los organismos a cargo de la gestión de los recursos hídricos del país.
El 24 de enero de 2011, el entonces presidente José Mujica y los ministros Graciela Muslera (Ambiene), Fernando Lorenzo (Economía), Luis Rosadilla (Defensa), Roberto Kreimerman (Industria y Energía) y Tabaré Aguerre (Ganadería, Agricultura y Pesca), crearon el Grupo de Coordinación Interministerial (GCI) de la Cuenca Estratégica del Río Negro, con delegados de los ministerios de Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, o sea, los mismos que integran el comité recién creado.
Los cometidos del GCI de 2011 eran rediseñar criterios y disponer mecanismos para "establecer políticas generales para una gestión equitativa, eficiente y sustentable de los recursos hídricos" y formular las bases para "la conformación de la Comisión de Cuenca del Río Negro". Palabra más, palabra menos, son cometidos similares a los del ahora denominado Comité de Coordinación Ejecutiva (CCE).
Desde 2009 comenzaron a ser constituidos los organismos de gestión de las cuencas hídricas establecidos en la reforma del Artículo 47 de la Constitución aprobada en el plebiscito nacional de 2004. El primero fue el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, integrado con igual representación por gobierno, usuarios y sociedad civil, que estaría a cargo del plan nacional de gestión de recursos hídricos.
El 22 de marzo de 2012 se constituyó el Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del río Uruguay, en cuyo territorio se cuentan al río Negro y sus afluentes. En la tercera sesión del Consejo, en setiembre de 2013, fueron aprobadas la Comisión de Cuenca del Río Tacuarembó y la del Sistema Acuífero Guaraní. En la quinta sesión, en octubre de 2014, se aprobó la Comisión de Cuenca del río Yí.
Sin embargo, la creación de esos organismos no ha permitido hasta hoy la concreción de un plan para la gestión del río Negro cuya contaminación está documentada por la Dinama en registros que se vienen haciendo desde 2009. Los estudios de la Dinama no se han limitado a medir los indicadores, sino que también han realizado un diagnóstico y una evaluación de las causas de la contaminación.
"El río Negro tiene una situación buena en casi todos los parámetros, salvo en los nutrientes (fósforo y nitrógeno)", explicó recientemente en una comisión parlamentaria el director de la Dinama, Alejandro Nario. "El origen es la concentración de actividades agrícolas y el uso de los paquetes tecnológicos en la producción agrícola", afirmó el viceministro del MVOTMA, Jorge Rucks, durante esa misma ocasión (1).
Las fuentes puntuales de contaminación del río Negro se encuentran perfectamente definidas, provienen de unos pocos establecimientos industriales y las aguas de uso doméstico de las poblaciones situadas en sus orillas. La conclusión lógica es que la calidad de las aguas del río está comprometida principalmente por los fertilizantes y plaguicidas utilizados en la forestación y las actividades agrícolas.
El MGAP actúa como un superministerio que hace prevalecer sus políticas productivas por encima de las políticas ambientales. El peso del MGAP influyó para quitarle poder vinculante a las comisiones de cuenca en la Política Nacional de Aguas. Inicialmente, el Plan Nacional de Aguas no incluyó la Ley de Riego y otros programas del MGAP. Al final los incorporó, pero dejó la ejecución a cargo de ese ministerio.
En este proceso, las comisiones de cuenca y acuíferos creadas a partir de la reforma constitucional del agua no cumplen sus objetivos e incluso son abandonadas por las organizaciones sociales que las integran. La gestión ambiental del Río Negro tiene similares carencias, por eso la anunciada Iniciativa parece un simple gesto formal, recreado por la necesidad de justificar la nueva planta de UPM.
(1) Intervenciones de Alejandro Nario y Jorge Rucks en la sesión de la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados realizada el 13 de junio de 2018.