P. Alfano / W. Pernas / F. Werner / Sudestada

En los últimos meses el nombre de Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular español que se encuentra preso en Madrid, se hizo conocido en el Río de la Plata por utilizar varias empresas uruguayas para lavar dinero. Con las sucesivas publicaciones en medios nacionales e internacionales también se fueron conociendo los nombres de las sociedades anónimas Lidmel, Tesedul, Brixco, Rumagol y Centenary como parte del complejo entramado oriental que tejió Bárcenas desde la capital española.

En este escenario montado para blanquear millones de euros además juegan un papel protagónico su testaferro Iván Yañez Velasco y los miembros de la familia del también ex tesorero del PP Ángel Sanchís Perales, entre otros. Sin embargo, algunos aspectos importantes de la operativa permanecían todavía ocultos incluso para la Justicia española, ya que la uruguaya se había negado a facilitar cierta información para preservar el secreto de la indagatoria.

Ahora, una investigación realizada por Sudestada logró encontrar las conexiones entre las empresas involucradas en el blanqueo de dinero del ex tesorero del PP español y pudo establecer que están domiciliadas en los estudios Luis E. Lecueder, Carlos J. Lecueder, y Herrera Profesionales Asociados, del ex ministro colorado Julio Herrera.

Además, Sudestada pudo confirmar que el indagado Sanchís Perales tiene en Uruguay una empresa que se mantenía oculta, Ebanar SA. Y que la dirige junto a sus tres hijos y el ingeniero argentino Alejandro Javier Picasso, gerente de un emprendimiento forestal de la familia Sanchís en Brasil.

Centenary y el estudio Lecueder

La administración financiera y fiscal de Centenary SA –la empresa uruguaya que extendió un certificado al Poder Judicial español para justificar fondos de las cuentas ocultas de Luis Bárcenas– es manejada por el contador Álvaro Lecueder, según los registros oficiales a los que accedió Sudestada. El profesional forma parte del Estudio Luis E. Lecueder, ubicado en el World Trade Center Montevideo (Luis Alberto de Herrera 1248, Torre A Piso 12), dirección que también corresponde a la sede de Centenary SA.

El Estudio Luis E. Lecueder realiza asesoramiento financiero y fiscal de empresas y está especializado en el rubro agropecuario –Centenary se dedica al trading de granos–, pero es más conocido en el mercado uruguayo por ser accionista mayoritario y administrador de Montevideo Shopping, Portones Shopping, Shopping y Terminal Tres Cruces, Nuevocentro Shopping, y del World Trade Center Montevideo, entre otros varios negocios.

Los grandes medios de comunicación suelen destacar al Estudio Luis E. Lecueder –y en particular a su director, el contador Carlos Alberto Lecueder– por sus millonarias inversiones inmobiliarias, por la creación de grandes obras comerciales como los shoppings o de lujosos establecimientos de zonas francas como el WTC Montevideo. Pero no es habitual que se vincule al estudio con empresas involucradas en casos de corrupción. Sin embargo, efectivamente el Estudio Luis E. Lecueder también tiene esta otra faceta que no se ventila públicamente.

Álvaro Lecueder es un contador del Estudio Luis E Lecueder que se dedica a actividades de asesoramiento financiero y fiscal, dirige empresas locales, integra corporaciones comerciales internacionales u organizaciones civiles de beneficencia. En el ámbito nacional es el director y accionista del 50 por ciento de MEB Uruguay, una empresa dedicada a la digitalización y preservación de documentos, contratada por varios organismos del Estado como el Poder Legislativo o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otros. “Nos hemos especializado en digitalización robótica no invasiva de libros, documentos, planos, captura de datos y gestión documental avanzada”, se presenta MEB Uruguay, que tiene sede local en el WTC Montevideo oficina 1401.

Lecueder también es tesorero de la Cámara de Comercio Uruguayo Africana. Y además, director de la Asociación Cultural y Técnica, una organización no gubernamental que se dedica a la beneficencia procurando fondos nacionales e internacionales para la realización de proyectos sociales y culturales.

Pero Lecueder es también un contador con papel protagónico en la investigación por la gigantesca maniobra fraudulenta del Grupo Peirano que, entre otras conductas delictivas, desviaba millones de dólares del Banco Montevideo hacia el Trade & Commerce Bank (TCB), sociedad fantasma fundada en Islas Caimán y que tenía a Lecueder como uno de sus directores. Y ahora es uno de los empresarios que a la justicia española le gustaría interrogar en tanto administrador de Centenary SA, sociedad uruguaya que expresa en carta enviada al Poder Judicial español haber contratado a Bárcenas como lobista durante unos diez años.

La carta fechada el 17 de diciembre de 2010 y firmada por el entonces titular de la sociedad, el argentino Héctor Patrón Costas, señala que Bárcenas “ha desarrollado tareas de asesoramiento comercial y financiero, lobby empresarial y promoción de las exportaciones a países de Centroamérica para esta compañía Centenary S.A. de Uruguay y para la que en ese tiempo fuera nuestra filial argentina Centenary S.A. de Argentina durante el período comprendido entre 1995 y 2005, habiendo percibido comisiones por estas gestiones durante el período antedicho”.

Este documento fue enviado por Patrón Costas a la justicia española cuando Bárcenas estaba en peligro de ser procesado por el denominado caso Gürtel, una indagatoria que constató millonarias coimas de empresarios a gobernantes y dirigentes del PP español. Pero no explicita cuánto dinero se le habría pagado al político lobista. Ahora Bárcenas declaró ante el juez que lo investiga por lavado de activos, Pablo Ruz, que obtuvo una ganancia de 1,2 millones de dólares por brindar esos servicios a Centenary SA, pero no ha logrado probarlo.

En los asientos contables del estudio Luis E. Lecueder deberían figurar esos desembolsos de dinero para el ex tesorero del PP español. Pero el contador Álvaro Lecueder se desentiende: “Yo creo que en la época de Patrón Costas se hicieron grandes negocios, pero yo no era el contador”, responde a Sudestada desde su oficina en el Estudio Luis E. Lecueder del WTC Montevideo.

Centenary SA fue creada por el estudio Doldán & Amarelli el 5 de febrero de 1988 y entonces su dirección era Juncal 1327 apartamento 1801. Durante el desarrollo de sus actividades comerciales Centenary mantuvo como administradores y apoderados –según los registros públicos a los que accedió Sudestada– a algunas personas que sólo prestan su nombre para ocultar a los verdaderos accionistas y operadores de la sociedad.

Ese es el caso de Gabriel Vieira Merola, quien recibía dinero del estudio Doldán & Amarelli por firmar documentos de la empresa. De hecho Vieira apareció involucrado como testaferro cuando Centenary SA fue sospechada de lavado de activos en el año 2001, de acuerdo a una lista publicada entonces por la diputada argentina Elisa Carrió.

Pero los que han manejado a Centenary SA en las últimas décadas son los empresarios argentinos Patrón Costas y Guillermo Aguilar Peñalba. “Patrón Costas y Asociados es la marca de Campos y Propiedades SA, subsidiaria del grupo Centenary, empresa ligada desde hace tiempo a la actividad agropecuaria por su actividad como tradicional operadora en el mercado internacional de commodities alimenticios”, señala en su sitio web.

Cuando las papas quemaban en el caso Bárcenas, Patrón Costas decidió traspasar el paquete accionario de Centenary. Y así, de acuerdo a los registros obtenidos por Sudestada, se lo vendió en 2011 al contador Pedro Felipe Crisafulli por 150 mil dólares, un precio increíble para una empresa de tanta envergadura, según surge de la propia descripción que se hace de Centenary ante los mercados internacionales por parte de Patrón Costas, quien también se dedica al mercado inmobiliario, sector que por excelencia es elegido actualmente por quienes pretenden lavar dinero obtenido ilegalmente.

Según explica en su página web, “Atenta al enorme efecto de la globalización, que no solamente incluye al comercio de bienes, sino que afecta también las corrientes internacionales de inversión” la empresa Patrón Costas y Asociados “ha resuelto ingresar al mercado inmobiliario de campos, tierras y bienes raíces”.

La generosidad de Patrón Costas al vender Centenary SA a Crisafulli quizás haya tenido que ver la amistad o el compañerismo: ambos comparten el mismo espacio físico para sus negocios en Buenos Aires, más precisamente en el tercer piso de la calle Paraguay 1233, dirección argentina de Centenary SA. Los otros dos accionistas de esta sociedad uruguaya con sede también en la city porteña son hijos de Crisafulli, Martín y Pedro Ignacio.

Crisafulli padre, en tanto presidente actual de Centenary, mantiene un permanente contacto con el contador Lecueder en Montevideo. Ambos deberán explicar a la justicia uruguaya, qué relación había entre Centenary y Bárcenas. Lo mismo que Patrón Costas y Guillermo Aguilar Peñalba. Pero no serán los únicos que tendrán que dar explicaciones por formar parte de esta interminable red de vínculos empresariales involucrados en el caso Bárcenas en Uruguay.

Brixco y el otro estudio Lecueder

La ya conocida empresa de cítricos Brixco, que Bárcenas utilizó para lavar millones de euros, tiene estrecha vinculación con otras sociedades anónimas uruguayas que han sido mencionadas en esta telaraña de blanqueo de dinero, según información de registros públicos a los que accedió Sudestada. Así, por ejemplo, Brixco comparte parte de su personal con la empresa Rumagol SA, una sociedad anónima que se dedica a la “propiedad y explotación de bienes inmobiliarios propios no rurales” que es investigada en España por lavar millones para Bárcenas. La contadora Estela Irene Carlotta Jorge cumple las mismas funciones en ambas sociedades: es nada menos que su actual representante.

Además, según estos mismos registros, el domicilio constituido de Brixco en Montevideo es 25 de mayo 444 escritorio 201, y tanto esta dirección como el número de teléfono y el correo electrónico coinciden con los del estudio Carlos José Lecueder. En la misma documentación figura el nombre del actual presidente de Brixco, el argentino Santiago Juan Martínez Autin, y consta que su giro principal es el “comercio al por mayor de bebidas importadas, excepto vinos”.

Podría pensarse que la aparición de Carlotta en ambas empresas se trata de una coincidencia, producto de las características de su profesión. Sin embargo, tanto la justicia uruguaya como la española deberán aclarar los motivos por los cuales esta mujer aparece en una nueva sociedad anónima uruguaya vinculada a Bárcenas. En Uruguay y en España se investiga a Rumagol y a Brixco por haber sido dos de las principales vías de lavado de dinero del político preso. Por ahora los investigadores judiciales de ambos países conocen el estrecho vínculo entre ambas sociedades, pero ignoran la existencia de una tercera empresa uruguaya involucrada, que hoy es revelada por Sudestada.

Ebanar y el estudio Herrera

Ebanar SA, la hasta ahora desconocida empresa uruguaya vinculada a Bárcenas, también tiene como representante legal a la contadora Estela Carlotta, pero no es el único nombre coincidente en la nómina de la sociedad anónima. Los otros tres apoderados con todas las facultades –según los registros públicos a los que tuvo acceso Sudestada– son los integrantes de la familia Sanchís, la misma que es investigada en España y en Uruguay por asistir a Bárcenas en sus operaciones de lavado de dinero.

Ebanar inició sus actividades el 8 de noviembre de 2005 (siete meses después que Brixco) en el rubro de “actividades de sociedades de control (holding)”. Y quien figura hoy como presidenta es María del Carmen Sanchís Herrero, hija de Ángel Sanchís Perales, ex tesorero del PP y uno de los asistentes de Bárcenas para sacar los fondos de España. Sanchís padre ofició como director en Ebanar entre el 28 de abril de 2006 y el 1 de setiembre de 2011.

En la actualidad, Sanchís Perales figura como representante de esta sociedad anónima, rol que comparte con sus hijos María del Carmen y Rafael José, y con la ya mencionada Carlotta. Pero si quedaba alguna duda de que se trata de una empresa familiar, también aparece en el historial de la sociedad el otro hijo de Sanchís Perales, Ángel Rafael, quien fue director entre el 18 de febrero de 2008 y el 1 de setiembre de 2011.

En este próspero emprendimiento aún queda lugar para otro nombre mencionado en los voluminosos expedientes españoles. Es el ingeniero agrónomo argentino Alejandro Javier Picasso, quien desde el 2 de setiembre de 2011 funge como vicepresidente de Ebanar, según los registros públicos uruguayos. Picasso también está relacionado con la familia Sanchís por sus negocios forestales en Brasil, ya que se desempeña como director general de la empresa Nobleinvest Atividades Rurais Ltda, cuyos propietarios son Ángel Sanchís Perales y su hija María del Carmen.

Según la justicia española, Nobleinvest (que tiene su sede en la zona Ecológica Económica del estado brasileño de Tocantins) también fue utilizada por Bárcenas para lavar el dinero evadido en aquel país. Esta forestal forma parte del grupo Maderas Nobles SA, propietario de la estancia La Moraleja, un emprendimiento agropecuario en Argentina de la familia Sanchís y los argentinos Martínez Autin y Martín Menéndez, hijo del ex dictador argentino Mario Benjamín Menéndez. La Moraleja está en la provincia de Salta, desde donte también es originaria la familia Patrón Costas. 

A los efectos legales ante el Estado uruguayo, Ebanar constituyó domicilio en la sede de la empresa Departamento Contable Ltda, que funciona en la avenida Rivera 3041 esquina Mac Eachen, en el barrio Parque Batlle. Sin embargo, el número telefónico de contacto pertenece al estudio Herrera Profesionales Asociados, ubicado en la oficina 702 del edificio Fidias, de la avenida 18 de Julio 878.

El directorio de Herrera Profesionales Asociados está integrado, entre otros, por el ex ministro de Industria Julio Herrera. Político de larga trayectoria, Herrera ocupó varios puestos durante los gobiernos colorados posteriores a la dictadura y actualmente forma parte del grupo de asesores del precandidato presidencial colorado Pedro Bordaberry, en la coordinación del equipo encargado de diseñar políticas “por un Uruguay próspero y solidario”.

En las recientes elecciones internas, Herrera encabezó la lista a convencionales departamentales de Montevideo del Partido de la Concertación, el grupo creado por los partidos Colorado y Nacional para disputar el gobierno de Montevideo al Frente Amplio en 2015.

Seguramente Herrera deberá explicar a la Justicia si no le parecían sospechosas las reuniones que el directorio de Brixco (con Carlotta como presidenta y Sanchís como secretario) mantenían en ese acogedor escritorio del Centro de Montevideo. Es que según un acta de directorio, con fecha 5 de noviembre de 2007, la hospitalaria oficina se convirtió en la sede de la empresa a partir de ese día y allí se celebraron importantes reuniones, como las que oficializaban el traspaso de dinero desde Brixco a Sanchís o el ingreso de Martínez Autin al directorio.

Centenary, Bárcenas y Bel

En la misma dirección de la avenida 18 de Julio la tan mentada contadora Carlotta ha constituido su empresa unipersonal. Y también es allí el domicilio de Rumagol SA, otra de las sociedades anónimas usadas para blanquear activos, que está presidida por el argentino Edgardo Bel, abogado de Bárcenas. Este profesional fue interrogado el 2 de mayo de 2013 en Buenos Aires, a pedido del juez español Pablo Ruz. Durante su comparecencia admitió conocer al ex tesorero del PP, haber sido el primer presidente de Tesedul SA y haberle presentado varios inversores uruguayos, brasileños y paraguayos para hacer negocios en el Río de la Plata.

Según consta en la declaración que realizó Bel en Buenos Aires en el marco de la investigación judicial española –a la que tuvo acceso Sudestada– fue él quien realizó el contacto entre Luis Bárcenas y Héctor Patrón Costas, quien por aquellos días todavía figuraba como titular de Centenary SA.

Ahora se sabe que los registros de esta turbia sociedad anónima se encuentran en el piso 12 del World Trade Center Montevideo, donde se administran shoppings y empresas sospechadas de corrupción.

La presente investigación fue realizada gracias al apoyo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

Entrevista de Sudestada con Alvaro Lecueder

“Los negocios no los hacemos nosotros”

Declaración de Edgardo Bel ante la Justicia

Declaración de Edgardo Bel ante la Justicia por el caso Bárcenas by Sudestada - Periodismo y transparencia