Equipo de Sudestada

El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) aumentó un 16 por ciento en 2013 respecto al año anterior y alcanzó las 275 denuncias, según la memoria anual del organismo publicada a finales de abril.

En ese período nueve casos fueron puestos en conocimiento de la justicia penal y en uno de ellos se dispuso la inmovilización de fondos por un monto de 100 mil dólares. La información derivada a la justicia estaba contenida en 22 ROS presentados a la UIAF por sujetos obligados, es decir aquellas personas físicas o jurídicas que deben denunciar operaciones sospechosas de lavado.

Según la Ley 17.835, se deben notificar ante la UIAF “las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”, así como aquellas que “involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos”. Aún tratándose de activos con origen lícito, añade la ley, se deberán denunciar también las transacciones que sean sospechosas de estar vinculadas a financiar cualquier actividad terrorista.

“Al igual que en años anteriores, sigue siendo escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de reportes recibidos. En el año 2013 se recibieron un total de 2 reportes de Casinos y 2 reportes de Escribanos, no habiéndose recibido ningún ROS de parte de Administradores de Sociedades, Rematadores, Inmobiliarias, ni de los otros sujetos obligados por el artículo 2º de la Ley No. 17.835”, señala el documento al que accedió Sudestada.

Hay sectores en los que la falta de colaboración resulta especialmente preocupante para el Estado, como es el caso de las inmobiliarias. En enero el director de la Secretaría Antilavado de la Presidencia de la República, Carlos Díaz, denunció la falta de colaboración del sector por no denunciar las operaciones sospechosas de lavado. “Ya no es admisible que digan que no saben que tienen que reportar o que pongan excusas. Yo no entiendo, como funcionario y como ciudadano, que sectores de actividad con un desarrollo intelectual importante estén propiciando, no digo que voluntariamente, situaciones que pueden ser ilícitas. No tomar precauciones frente al ingreso de organizaciones criminales es de una irresponsabilidad intolerable para el Estado. Si vendés un apartamento en tres millones de dólares y ni siquiera sabés quién lo está comprando estás atentando contra la sociedad”, aseguró en una entrevista con el diario El País.

Según supo Sudestada, ya han existido varias instancias entre representantes de las inmobiliarias y autoridades del Estado para generar conciencia sobre el problema pero no han llegado a buen término. En dichos encuentros los operadores inmobiliarios aseguran que no es su función denunciar este tipo de transacciones –a pesar de que lo marca la ley aprobada en 2004- y sostienen que una condición previa debe ser la formalización del sector mediante la aprobación de una ley de corredor de seguros que ponga a todos los actores en un mismo nivel de formalidad.

Esta falta de colaboración del sector no financiero es una preocupación para las autoridades, ya que puede resultar un punto débil en la evaluación a la que será sometido el país en 2017 para supervisar su adecuación a los estándares internacionales en materia de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT). Según dijeron a Sudestada actores del sistema de control financiero, Uruguay se encuentra en buenas condiciones en cuanto a los avances legislativos obtenidos en los últimos años pero está “flojo” en materia de cumplimiento.

A pesar del aumento de ROS, la colaboración entre la UIAF y la justicia uruguaya se redujo por segundo año consecutivo y disminuyó un 9,5 por ciento respecto al año anterior debido al descenso del número de solicitudes de colaboración a la unidad. En 2011 la Justicia pidió información a la unidad en 136 ocasiones, en 2012 lo hizo 116 veces y en 2013 sólo en 105 oportunidades. En cambio, el número de pedidos de otros organismos del Estado (como el Ministerio de Economía o Interpol) registró un aumento que no está cuantificado en el informe.

En materia de colaboración internacional, la unidad respondió a 47 solicitudes de información y realizó pedidos a sus contrapartes en otros países en 18 ocasiones. En 2012 había respondido a 39 pedidos y realizado solicitudes en seis ocasiones.

En cuanto a la supervisión de las actividades financieras, durante 2013 la UIAF aplicó 348 sanciones a instituciones de plaza, 53 de las cuales se debieron al incumplimiento de las normas vinculadas al combate al LAFT. La multa más grave fue aplicada al Banco Santander por un total de 878.215 pesos en el mes de octubre. Le siguieron en gravedad las sanciones aplicadas a Custodia Valores Inmobiliarios Corredores de Bolsa por 677.025 pesos, United Brokers SA Agente de Valores por 657.350 pesos, el Cambio Romántico por 440.261 pesos y el Cambio Brimar por 102.109 pesos.

La ruta del dinero

Durante 2013 también se dictaron nuevas disposiciones para profundizar la legislación aplicable en la materia. El próximo mes de junio vence el plazo otorgado por el Banco Central del Uruguay a las instituciones de intermediación financiera para adecuarse a la nueva normativa que impone controles más estrictos para la prevención del LAFT.

La circular N°2162 de diciembre 2013 impuso la obligación de una “debida diligencia” para las cuentas abiertas o transacciones relacionadas con personas físicas o jurídicas que manejen fondos de terceros, lo cual generó preocupación en el sistema financiero local. Esto se debe a que implementar este tipo de control resulta oneroso para las instituciones y además puede ocasionar pérdida de clientes que sientan un ambiente hostil en una plaza a la que llegaron buscando hacer negocios legales desde el anonimato u ocultar operaciones fuera de la legalidad.

La nueva disposición fue adoptada el 10 de diciembre de 2013 y comunicada diez días después a las instituciones, a las que se les concedió un plazo de 180 días para adecuarse a los nuevos requerimientos. “Las instituciones deberán contar con procedimientos efectivos para detectar todas las cuentas abiertas o transacciones cursadas por personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen fondos de terceros y realizar un adecuado monitoreo de sus operaciones”, dice la nueva redacción del artículo 302 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

En función de la evaluación de riesgo realizada a los clientes, las instituciones “deberán identificar al beneficiario final de las transacciones y obtener información sobre el origen de los fondos”, establece la resolución. Asimismo, este tipo de control tendrá características particulares según el tipo de usuario.

Así por ejemplo se establecen algunas disposiciones para aquellos clientes “no sujetos a regulación y supervisión financiera”, es decir los que manejan de forma habitual fondos de terceros provenientes o relacionados con actividades profesionales, financieras, comerciales o de ahorro. En esa lista de actividades se incluye el sector inmobiliario (construcción, promoción, inversión o administración de bienes inmuebles), la compraventa de establecimientos comerciales y las inversiones en general, entre otros.

Estas actividades serán consideradas como potencialmente más riesgosas si las transacciones realizadas por los clientes suman más de 600 mil dólares al año u operaciones consideradas individualmente por más de 50 mil dólares. En todos estos casos se deberá identificar al beneficiario final de cada operación con nombre y apellido completo, copia del documento de identidad y domicilio (por lo que deberá tratarse de personas físicas y no jurídicas).

La presente investigación fue realizada gracias al apoyo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

Memoria 2013 de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero

Memoria UIAF 2013 by Sudestada - Periodismo y transparencia