Durante el 2014 se reportaron 286 operaciones sospechosas de lavado de dinero en el sistema financiero uruguayo, y siete de ellas terminaron con una denuncia ante la Justicia Penal, según el informe anual divulgado por la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU).

La cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) aumento un 4% en 2014 respecto a 2013, cuando se habían presentado 275. El informe destaca que todavía sigue siendo escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en la presentación de ROS, y pone como ejemplo que sólo hubo ocho reportes por parte de Casinos, dos de escribanos, uno de inmobiliaria, tres de administradores de sociedades y uno de un vendedor de metales preciosos.

“A efectos de revertir esta situación, y lograr un adecuado cumplimiento de la obligación de reporte, se deberá continuar desarrollando tareas de capacitación y difusión de la normativa, conjuntamente con las asociaciones profesionales respectivas, e intensificar las labores de supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, señala el informe.

Durante 2014 la UAIF colaboró en 80 casos ventilados en la Justicia Penal, mientras que aportó información en 47 ocasiones en respuesta a pedidos de colaboración del exterior. A su turno la unidad pidió colaboración del exterior en 17 casos.

El documento también destaca que por primera vez como resultado de una investigación de la UAIF se aplicó una sanción a dos sujetos obligados no financieros (una inmobiliaria y un escribano) por no cumplir con la normativa para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por esta razón el operador inmobiliario debió pagar una multa de 88.934 dólares mientras que el escribano recibió una sanción de 276.035 dólares (el 100% de los honorarios percibidos por su participación en el negocio).

La resolución fue adoptada por el Ministerio de Economía en febrero de 2015 e involucra al escribano Adolfo Pittaluga y al operador inmobiliario Alejandro Perazzo por su participación en la venta de la estancia El Entrevero en el departamento de Maldonado. El escribano Pittaluga autorizó la venta de los dos padrones donde se ubica la estancia de Walter Kobylanski a la empresa Jumey SA –representada por el argentino Daniel Rodolfo Pérez Gadín- por un total de 14 millones de dólares.

La resolución del MEF reseña que dicha venta estuvo precedida de “diversos negocios jurídicos” en los que también participaron los argentinos Antonio Martin de Marco y Alejandro Maximiliano Acosta, este último en representación de Traline SA. Esta maniobra fue denunciada en 2013 por el periodista argentino Jorge Lanata en el marco de una investigación sobre Lázaro Báez, un empresario vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner. En Uruguay el caso fue investigado por El Observador.

El informe completo

Memoria 2014 de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero by Sudestada - Periodismo y transparencia