Eduardo Ferro cuando declaró por primera vez, luego de su extradición. Foto: Gastón Britos - Focouy.

La investigación que comenzó en 1985, se truncó por la Ley de Caducidad y se retomó en 2011, tuvo a su primer imputado. El objetivo: hallar a los responsables del secuestro y muerte de Óscar Tassino, militante comunista y dirigente de la Asociación de Empleados de UTE, secuestrado el 19 de julio de 1977 al ser emboscado cuando llegó a una reunión clandestina.

El coronel retirado Eduardo Ferro fue procesado con prisión como presunto autor de dos delitos de privación de libertad especialmente agravados, un delito de violencia privada y un delito de homicidio especialmente agravado.

La jueza Silvia Urioste hizo lugar parcialmente al pedido del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

Según consta en la resolución fiscal a la que accedió Sudestada, el magistrado solicitó la imputación por tres delitos de secuestro y uno de abuso de autoridad, además del de homicidio, por su actuación en el secuestro de Tassino y su posterior tortura y muerte en el centro de detención denominado La Tablada. Esto se debe a que “en su condición de oficial de inteligencia del Ejército, privó de libertad al matrimonio” propietario de la casa donde fue secuestrado Tassino, por un lapso de 48 horas.


Oscar Tassino, una de las víctimas de Eduardo Ferro. 

Perciballe también señala que Tassino y otro militante de iniciales M. C., fueron detenidos “sin que existiera flagrancia ni orden judicial que lo estableciera”, y que “como consecuencia de las torturas recibidas se produjo la muerte” de Tassino, “muerte que se produjo a partir(y dos días después) de la detención ilegal”.

El fiscal agrega en su pedido de procesamiento que según “lo relatado por testigos, (Ferro) fue un actor principal en el momento que se produjo el deceso de la víctima. Luego, el indagado fue un protagonista de primer orden en la muerte y posterior desaparición forzada” del militante de izquierda.

Hasta el momento, son cinco los testigos que lo señalan e identifican como participante del hecho tanto al momento del secuestro como en el centro de torturas.

“No cabe lugar a dudas que el operativo fue realizado por integrantes del OCOA y otros oficiales del Ejército, así como que el destino de los detenidos antes referenciados y de Tassino en particular fue la Tablada, que en ese entonces era regenteado por el Órgano Coordinador”, indica el pedido de procesamiento de Fiscalìa.


El periplo de un prófugo

Ferro se entregó a la policía española el 27 de enero de este año, tras intentar sin éxito por varias vías, cobrar su jubilación como militar según relató a sus ex camaradas a través de mensajes de audio.

Luego, se concretó su extradición a Uruguay ya que estaba requerido por la Justicia tras no presentarse a una citación judicial para declarar en 2016. En 2017 fue detenido en España tras el pedido de captura emitido por Interpol, pero volvió a evadir a la Justicia.

El 27 de marzo de este año llegó a Uruguay y compareció ante el Juzgado penal de 27º Turno. Ferro no declaró, y la jueza Urioste ordenó prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Los abogados del militar, Graciela Figueredo y Emilio Mikolic, apelaron la resolución y tras 19 días en la Cárcel de Domingo Arenas, el acusado fue liberado y así esperó la resolución del caso.


Otros implicados


Ferro en sus tiempos de oficial del Ejército y miembro deL OCOA. 

“No cabe lugar a dudas que los responsables, de lo descripto supra, fueron los jerarcas de OCOA de ese momento (que a la fecha se encuentran fallecidos) así como los indagados” Ferro, Ernesto Ramas y Jorge Silvera, indicó el fiscal en su pedido de procesamiento.

Sobre Silveira pesa un pedido de procesamiento. Estaba previsto que declarara a fines de marzo pero la audiencia se postergó para las próximas semanas. Mientras que Ramas aún no declaró por problemas de salud y aguarda la realización de una pericia médica para poder confirmar una fecha de audiencia. Estas gestiones se vieron retrasadas debido a la feria judicial extraordinaria decretada por el Poder Judicial, ante la emergencia sanitaria por Covid-19.


Otros crímenes 

Mientras aguarda la confirmación de su condena por el caso Tassino, Ferro deberá comparecer ante el juzgado de 10º Turno de Maldonado. Allí es investigado por presuntas torturas en el Batallón de Laguna del Sauce durante la dictadura. La denuncia fue presentada por Raúl Giorgetta en 2018, quien indicó haber sido víctima de las agresiones durante su detención junto al hoy publicista Claudio Invernizzi.

Por otra parte, la Justicia Española deberá confirmar si habilita a Uruguaya a interrogar al militar también por su presunta responsabilidad en el secuestro y tortura de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y los hijos de ambos en Porto Alegre, Brasil, en el año 1978.

Años atrás, Ferro admitió que participó en el secuestro de la familia en el operativo denominado “Zapatos rotos”. Después de 18 días de cautiverio, los niños fueron entregados a sus abuelos maternos mientras que Rodríguez y Celiberti estuvieron detenidos hasta 1985.

Este caso es investigado por la sede penal de 23º Turno de Montevideo pero aún no puede convocar a Ferro, ya que la extradición habilita a Uruguay a interrogarlo por los casos de Tassino y del Batallón de Maldonado. Por lo tanto, se debe aguardar ahora que el acuerdo de extradición, permita sumar esta causa pendiente.

Además de la muerte de Tassino, y los secuestros de Rodríguez y Celiberti, Ferro es señalado como responsable del asesinato del escribano Fernando Miranda -padre del actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda-; de haber participado en el homicidio de María Claudia García de Gelman; y de haber torturado a decenas de uruguayos en centros clandestinos de detención, en la ciudad de Buenos Aires como parte del Plan Cóndor. Aunque en estas causas, la Justicia aún no cuenta con pistas firmes para formalizar una acusación.


El pedido fiscal