Eduardo Ferro a la salida del juzgado, rumbo a la cárcel de Domingo Arena. Foto: Focouy-Gastón Britos.

A fines de 2016 el coronel retirado Eduardo Ferro, fue citado por la justicia para declarar en el marco de la investigación por la desaparición y muerte del militante comunista Óscar Tassino pero nunca llegó a la sede penal. Se fugó a España. En 2017 Interpol lanzó la orden de captura internacional, lo cual permitió su detención en setiembre de ese año. Sin embargo, cuando estaba en marcha el proceso de extradición, el represor volvió a evadir a la Justicia y no se volvió a saber de él hasta inicios de este año. 

A fines de enero, Ferro se entregó ante la policía en Valencia. Según la versión que dio a sus ex camaradas a través de mensajes de audio, había intentado sin éxito por varias vías cobrar su jubilación como militar, pero al no poder lograrlo se quedó sin sustento económico.

El sábado 27 de marzo sobre las nueve de la mañana, Ferro pisó el Aeropuerto de Carrasco y escoltado por funcionarios de Interpol, fue trasladado directo a la sede judicial ubicada en la calle Uruguay. Un dispositivo policial lo esperaba en la puerta de la calle Convención. En los alrededores, integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Plenaria Memoria y Justicia, esperaban con carteles la llegada del ex represor.

Un vallado permitió que Ferro ingresara lejos de las cámaras televisivas y los militantes. Ingresó minutos antes de las once de la mañana, y su comparecencia se extendió por unas seis horas.

El militar no tuvo que hacer cuarentena al llegar. La jueza penal de 27º Turno, Silvia Urioste, hizo las consultas correspondientes ante la División de Frontera del Ministerio de Salud Pública, y se le informó que hay una excepción en el caso de personas requeridas por la Justicia, que pueden ser trasladadas a la sede judicial si tienen un PCR negativo.

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, considera que hay pruebas suficientes para formalizar a Ferro, como responsable de la desaparición y asesinato del militante Óscar Tassino en 1977. Pero el militar retirado no declaró, por recomendación de sus abogados Emilio Mikolic y Graciela Figueredo.

Al igual que otros represores sometidos a la Justicia, la defensa de Ferro pretendió dilatar el juicio mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 que restableció la pretensión punitiva del Estado en el caso de los delitos cometidos durante la dictadura.

Urioste denegó el recurso e indicó que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió ese punto. Por lo tanto, la defensa insistió y presentó una queja que luego fue rechazada.

Iniciada la audiencia, los abogados insistieron en una nueva chicana, esta vez basándose en la supuesta prescripción de los delitos imputados al exmilitar. Esto también fue rechazado, por lo cual se presentó un recurso de queja por denegación de inconstitucionalidad, por lo que Ferro no declarará hasta que esto no se resuelva, según explicó el fiscal Perciballe a Sudestada.

La jueza accedió al pedido de Fiscalía de que Ferro aguarde en prisión preventiva hasta que se resuelvan estos “incidentes reclamados por su defensa ya que existen antecedentes y riesgo de fuga”, expresó Perciballe. El militar aguardará en la cárcel de Domingo Arena, donde cumplen su condena varios militares acusados de delitos cometidos en dictadura, entre ellos Gilberto Vázquez, quien luego de un largo tiempo en prisión domiciliaria debió volver a cumplir su condena en la cárcel.

No hay un plazo previsto para que la magistrada resuelva sobre el caso. Pero habrá 15 días para resolución cuando se pueda hacer la audiencia indagatoria y eventualmente la fiscalía solicitará el procesamiento, según explicó el fiscal del caso.


Las acusaciones contra Ferro


Familiares esperó la llegada de represor acusado de varios delitos de lesa humanidad. Foto: Focouy-Gastón Britos.

Óscar Tassino fue secuestrado el 21 de julio de 1977 cuando a las 9 horas tres hombres de particular entran corriendo a la finca de Máximo Tajes 6632, armados y a cara descubierta, gritando pertenecer a las Fuerzas Conjuntas.

“Una hora más tarde llega Óscar Tassino e inmediatamente es dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado. Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, según consta en la ficha elaborada por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

Entre los hombres que formaron parte de ese grupo de militares que secuestró a Tassino se encontraba Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, alias Oscar o Guillermo, quien fue identificado por Hermes Luis Fulle Fleitas y Ana María Regnier de Fulle ante la Oficina de las Naciones Unidas en Bruselas el 28 de noviembre de 1978. Ambos se encontraban en la casa cuando el grupo de las Fuerzas Conjuntas llegó a la casa donde se escondía Tassino.

“Estuvieron aproximadamente una hora más en mi casa, revisando cosas, y al final, uno de los oficiales intervinientes -que yo calculo sería el segundo que reconozco por un material que he visto aquí, por lo menos creo reconocerlo, un tal Ferro, que sería éste... (El declarante señala una foto entre varias que aparecen en un documento)... la foto es muy mala, pero en éste reconozco al hombre que dio la orden (...). Con este oficial Ferro, que viene junto con una mujer de unos 25 a 30 años, morocha, de pelo negro -no puedo identificar nada más de ella-, se da una conversación medio extraña para la época que vivimos ahora, pero que en aquel momento era común: “Mirá, tenés que darnos gracias a las fuerzas conjuntas y a nuestro comando, porque te vamos a dejar vivo. La condición es que te tenés que ir. Te damos dos horas para irte. Te levantamos el requerimiento en el Aeropuerto de Carrasco para que te puedas ir” (...) si no me iba, luego habría otros servicios que se encargarían de mí. Inmediatamente de eso se produce una conversación en la cual Ferro me dice: “Andá a tu Madre Patria y decile que cuanto más pidan por los presos, más muertos les vamos a hacer, y cuanto menos carne nos compren, más presos van a tener”, narró Fulle.

Fue trasladado a un centro clandestino de detención en La Tablada y dos días después murió tras ser torturado.

En 1985, tras la vuelta a la democracia comenzó a investigarse su caso pero se cerró poco después al ser amparado dentro de la Ley de Caducidad. En 2011, la causa se reabrió.

Ferro es señalado como uno de los responsables de su detención y muerte, junto a los coroneles retirados Jorge Silvera y Ernesto Ramas, en el marco de acciones coordinadas dentro del Plan Cóndor.

Sobre Silvera pesa un pedido de procesamiento. Estaba previsto que declarara a fines de marzo pero la audiencia se postergó para el mes de abril. Mientras que Ramas aún no declaró por problemas de salud y aguarda la realización de una pericia médica para poder confirmar una fecha de audiencia, según informaron fuentes del caso.

Luego que la jueza Urioste resuelva la situación de Ferro en torno al caso Tassino, el militar deberá comparecer ante el juzgado de 10º Turno de Maldonado. Allí es investigado por presuntas torturas en el Batallón de Laguna del Sauce durante la dictadura. La denuncia fue presentada por Raúl Giorgetta en 2018, quien indicó haber sido víctima de las agresiones durante su detención junto al hoy publicista Claudio Invernizzi.

Por otra parte, la Justicia Española deberá informar si habilita a la Justicia uruguaya también a interrogar a Ferro por su presunta responsabilidad en el secuestro y tortura de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y los hijos de ambos en Porto Alegre, Brasil, en el año 1978.

Años atrás, Ferro admitió que participó en el secuestro de la familia en el operativo denominado “Zapatos rotos”, que los tuvo cautivos 18 días y luego, los niños entregados a sus abuelos maternos. Mientras que Rodríguez y Celiberti estuvieron detenidos hasta 1985.

Este caso es investigado por la sede penal de 23º Turno de Montevideo pero aún no puede interrogar a Ferro, ya que la extradición habilita a Uruguay a interrogarlo por los casos de Tassino y del Batallón de Maldonado. Por lo tanto, se debe aguardar ahora que el acuerdo de extradición, habilite a sumar esta causa pendiente.

Además de la muerte de Tassino, y los secuestros de Rodríguez y Celiberti, Ferro es señalado como responsable del asesinato del escribano Fernando Miranda -padre del actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda-; de haber participado en el homicidio de María Claudia García de Gelman; y de haber torturado a decenas de uruguayos en centros clandestinos de detención, en la ciudad de Buenos Aires como parte del Plan Cóndor.