La situación de una joven que fue esclavizada durante seis años (desde que era una niña de 14) y obligada a ejercer la prostitución a la vista de todo un pueblo, refleja miseria, deshumanización, falta de compromiso y solidaridad con el prójimo e incapacidad estatal a varios niveles para detectar y atender gravísimas violaciones a los derechos humanos.

A pedido de la Fiscalía de Las Piedras, las responsables de subyugar a la adolescente –una mujer de 42 años y su hija de 23– fueron procesadas (formalizadas) y les espera una segura condena de penitenciaría.

La descripción que realiza el Ministerio Público en su pedido ante la sede penal parece el relato de una historia de tortura medieval, pero ejecutada en una casa de Las Piedras y luego en una quinta de Canelón Chico.

Cuando la niña tenía 14 años, su vecina la invitó a vivir en su casa junto a sus hijas también adolescentes. Así comenzó el infierno…

Al poco tiempo de iniciarse la convivencia, la mujer de iniciales S.A la “obligó a ocuparse de todos los quehaceres de la casa, trabajo que comenzaba a las 05.00 horas y se extendía muchas veces hasta las 01.00 del día siguiente. Lo único que recibía era un plato de comida al día. Prácticamente a diario S.A. la castigaba físicamente con golpes de puño, golpes con palos, y arañazos en la cara, entre otros”, señala la fiscal Mirna Busich.

“Cuando la víctima tenía 16 años S.A. y la familia se fueron a vivir a una quinta ubicada en Canelón Chico. Allí además de continuar con las tareas del hogar debía alimentar y limpiar los cerdos que S.A. criaba. Era común verla en invierno descalza, sin ropa adecuada trabajando a la intemperie. Nunca recibió salario por su trabajo, no se le compraba ropa, usaba la que dejaban en mal estado otros miembros de la familia, y muchas veces la comida a la que accedía era la de descarte, la que otros dejaban, las sobras”, detalla la magistrada.

Luego afirma que “varios testigos manifestaron en su interrogatorio que la víctima se encontraba en régimen de esclavitud. Pero lo peor aún fue que S.A. comenzó a recibir dinero de empleados del establecimiento a cambio de mantener relaciones sexuales con esta menor, así fue como quedó embarazada de dos hijos cuya paternidad no se conoce con certeza todavía”.

Pasado un tiempo S.A. nuevamente fue a vivir con la familia a Las Piedras, y el continuó con el “destrato” hacia la víctima, a quien además “no le permitía amamantar a sus hijos ni ejercer su maternidad en debida forma, a los controles pediátricos no la dejaba ir sola para que no contara en el centro de asistencia el trato recibido ni la situación de sus hijos. Luego S.A. planeó la entrega de uno de los hijos de la joven a terceras personas sin permitir que la víctima se opusiera”.

En marzo de 2018, la coimputada M.P. “comenzó a llevar a la víctima para que ejerciera la prostitución contra su voluntad, hizo y repartió tarjetas con datos y contactos para obtener clientes. El resto de las meretrices que paraban en el lugar la veían llegar golpeada, con hematomas, la cara rasgada y llorando. S.A. y M.P. no le permitían acercarse, la observaban desde lejos, la llamaban por teléfono diciéndole que se alejara de las otras, que trabajara que debía traer dinero y la amenazaban con golpear a sus hijos si así no lo hacía”. Las dos mujeres que sometían a la joven, en todo momento, le retiraban la “paga obtenida”.



En agosto de 2018, un hombre que pagaba por mantener relaciones sexuales con la joven la ayudó a escapar. Así pudo llegar con sus hijos a la casa de una prima: los niños “estaban descalzos, sin abrigo, ni pañales”. Al día siguiente “las imputadas la encontraron, ingresaron a la finca, tomaron a los niños” y pretendieron llevárselos. Pero “familiares y vecinos, luego de forcejeos y escándalo, los recuperaron y se los entregaron a su madre”, narró la fiscal.

La joven llevaba seis años de esclavitud, vejámenes, tortura, a la vista –o al menos oídas– de mucha gente del pueblo, lo que incluye policías y otros funcionarios del Estado. Durante ese tiempo nadie activó meros mecanismos de denuncia, menos de averiguación con fines de verificación y socorro de la adolescente –ahora joven– y sus hijos. Al menos nada de esto consta en el proceso que se abrió hace siete meses. No se registra actuación de INAU- MIDES, Ministerio del Interior, ni de otras organizaciones públicas –tampoco las privadas– que trabajan en el territorio donde la víctima era sometida.

Las secuelas de la tortura

El 21 de agosto los niños fueron inscriptos en un Centro de Atención a la Infancia (CAIF), y “al ver su estado y conocer sus vivencias”, una maestra y una psicóloga “denunciaron la situación”. Recién entonces intervino la Policía Comunitaria y se inició el Protocolo de Protección a las Victimas.

“Las pericias y los informes del Servicio de Atención a Mujeres en situación de Trata y Explotación sexual del Mides establecen que la joven presenta baja autoestima, amnesia disociativa como mecanismo de sobrevivencia, padece heteroagresividad, y naturalizó la violencia como forma de relacionarse”.

El Instituto Técnico Forense concluye que la víctima fue engañada: “valiéndose de la vulnerabilidad de la joven con sus promesas de convivencia y mejor vida logró su captación”. Como consecuencia de los padecimientos, la joven “presenta trastornos del comportamiento, es impulsiva, tiene déficit de control de impulsos, y sufre de estrés postraumático, entre otros problemas de salud mental”.

La justicia aceptó encarcelar por 180 días a las dos mujeres involucradas, a la espera del pedido de condena. Para solicitar la privación de libertad, la fiscal alegó, entre otros puntos, que “hay testigos que pretenden declarar pero se niegan a hacerlo si las imputadas no están en prisión porque temen su reacción”.