Anabella Aparicio / Sudestada / @anabelapa

Según la última Ley de Presupuesto, actualmente el Estado gasta 426 millones de pesos en políticas de género, lo cual equivale a unos 13.270.000 dólares. A modo de comparativo, en 2018 el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita fue de U$S 16.245 según datos del Banco Central del Uruguay.

El monto fue anunciado en conferencia de prensa por el subsecretario del Ministerio de Economía Pablo Ferreri el pasado jueves 7. Este monto fue repartido de la siguiente forma: 200 millones en 2015, y aumentó a más del doble para el último año de ejecución presupuestal. El nuevo gobierno deberá ver en 2020 cómo continuará el financiamiento de los planes implementados por la actual administración.

El destino de éstos recursos se centra principalmente en ministerios tales como el de Desarrollo Social (Mides), Interior y Salud Pública. Mientras que el sistema de Justicia, principalmente el Poder Judicial, insiste en que los recursos con los que cuenta son insuficientes para ejecutar la ley integral y denuncia un desborde de su personal que lo inhabilita a cumplir con la norma que entró en vigencia a principios de 2018.

La aplicación de tobilleras electrónicas a agresores, un 0800 del Mides para la recepción de denuncias, capacitaciones a funcionarios y programas de salud sexual a mujeres en Salud Pública, son las acciones que destaca el Ejecutivo vinculadas al tema, en una respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Sudestada a Presidencia.

A pesar de que allí se consulta el monto económico destinado a éstas políticas, el gasto per cápita y por departamento, así como el porcentaje que representa dentro del Producto Bruto Interno (PBI), estas preguntas no fueron respondidas, y solo algunos organismos mencionan montos invertidos en campañas de difusión, o acciones realizadas con dinero recibido por planes de cooperación internacional.

El Mides y el Sistema Nacional de Cuidados, son los principales receptores de fondos en todos los casos, según la información proporcionada por Presidencia.

Poder Judicial y Fiscalías

Durante la última discusión presupuestal en agosto en el Parlamento, el Poder Judicial argumentó que precisaba alrededor de 23 millones de dólares para empezar a aplicar la Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, la Ley de Presupuesto fue votada a fin de año con rubro cero para este organismo estatal.

El Poder Judicial reiteró su preocupación por el desborde que tiene el sistema destinado a atender a las víctimas de violencia doméstica y, desde que fue aprobada la Ley de Violencia Basada en Género, a pesar de estar vigente no se aplica por falta de recursos.

El caso que pone en evidencia esta situación es el de Rosana Batista, quien murió asesinada por su ex pareja el pasado lunes 4 de marzo. Ella lo había denunciado y pidió ayuda en varias oportunidades, sin éxito. Luego de su muerte, organizaciones sociales reclaman que no se cumple con la ley que buscaba evitar estos casos mientras el sistema de Justicia reitera que está sobrecargado y no tiene recursos.

Según datos oficiales, cada 14 minutos una mujer presenta denuncia y cada tres horas se recibe un caso de violencia severa contra niños y niñas. Para atenderlos, el sistema de justicia uruguayo tiene 10 juzgados especializados en violencia de género. Ocho de ellos están en Montevideo y dos en Canelones. En el resto del país este tipo de casos los atienden los juzgados multimaterias, que recepcionan desde casos penales como un homicidio, hasta una disputa entre vecinos.

Para quienes no pueden pagar un abogado, hay 14 defensores públicos especializados en el tema en Montevideo y uno en San José. En el resto del país, toma el caso el profesional que esté disponible.

Las fiscalías especializadas en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, creados a raíz de la aprobación de la Ley que busca responder a ésta problemática, tiene cuatro sedes en Montevideo.

Según el último relevamiento del Poder Judicial, en 2016 los juzgados que atienden esta materia recibieron 9.194 asuntos que derivaron en unos 1.500 casos trabajados en unas tres mil audiencias. Cada juez llega a recibir entre 12 y 13 casos diarios que son abordados por entre cuatro y cinco abogados.

La inversión en el Poder Ejecutivo

El Ministerio del Interior, en la última rendición de cuentas hizo una inversión de 80 millones de pesos para comprar nuevas tobilleras. Dentro de este monto también se cuenta dinero destinado a la construcción de viviendas y atención a víctimas, aunque no se especifica el monto destinado a cada área.

Actualmente, el sistema de tobilleras electrónicas funciona en diez departamentos. En 2017 se capacitó a 1.500 funcionarios en el área Violencia doméstica. En 2018 se instalaron 636 dispositivos y se espera que en 2019 se adquieran 500 nuevos aparatos, según el gobierno.

También se menciona que unos 5.500 funcionarios fueron “sensibilizados y capacitados en género, Derechos Humanos, diversidad, discriminación, procedimiento policial con perspectiva de género”, entre otros puntos. Se resalta también la realización de seminarios internacionales y protocolos de actuación en casos de violencia, así como la incorporación de una práctica obligatoria a quienes realizan la carrera en la Escuela de Policía, de trabajar en una Unidad Especializada en Violencia de Género.

Estas dependencias están hoy en todo el país, son alrededor de 56 con unos 650 funcionarios. Según informó el ministro Eduardo Bonomi, el 85% cuenta con infraestructura necesaria para la atención y el 90% de las denuncias recibidas pasaron por un proceso judicial. Ninguno de estos datos está respaldado por montos invertidos.

Ministerio de Desarrollo Social

Según la rendición de cuentas realizada por el subsecretario de Economía Pablo Ferreri, el 7 de marzo, se otorgaron unos 3.894.000 dólares al Ministerio de Desarrollo Social para la implementación de políticas de género. A lo que se suman unos 394.580 dólares para la atención de víctimas de violencia de género en el interior del país.

En éste último caso, la asistencia es brindada no solo por Mides sino también por otros organismos estatales como Fiscalía y Ministerio del Interior.

En la respuesta al pedido de información se resalta “el despliegue de 27 servicios en todo el país, 19 dispositivos de articulación territorial y seis equipos de atención a varones agresores. También se creó un centro de atención a mujeres en situación de crisis por violencia de género para 20 personas (mujeres, niños, niñas y adolescentes). Mientras que en convenio con el Ministerio de Vivienda, se abrió una casa de medio camino para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia, para 15 personas”.

El documento oficial detalla que en 2017 el Estado atendió a 2.200 mujeres y se recibieron 10.502 consultas en todo el país por casos de violencia doméstica. De allí, 63 mujeres que accedieron al programa de alternativas habitacionales (171 en total, sumando 108 niñas, niños y adolescentes). Por otra parte, 220 hombres “fueron atendidos en el servicio de atención a varones con tobillera”.

En 2018, el Sistema de Respuesta en violencia del Instituto de Mujeres (Inmujeres), organismo dependiente del Mides, recibió 2.982 nuevos casos de violencia contra mujeres y 296 contra hombres. Se realizó un total de 9.619 intervenciones, reseña el documento.

Inmujeres también resalta la realización de una campaña masiva de sensibilización y comunicación en noviembre del 2017, por conmemorarse el mes de la “Lucha contra la violencia basada en género”. Esto incluyó una inversión planificada para 2017 y 2018, pautándose en televisión, medios digitales, prensa, redes sociales, vía pública y publicidad no tradicional radial en todo el país. La campaña tuvo una inversión total de 3.871.896 pesos más IVA, lo que supera los 4.723.000 pesos.

El informe destaca que en 2018 se hicieron talleres de sensibilización en diez puntos del país, donde se usaron estas piezas publicitarias por lo cual se pagó 243.761 pesos más IVA por derecho de autor, lo cual totaliza casi 300 mil pesos.

El Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (Inau), dependiente también del Mides, mencionó que se crearon 20 nuevos cupos para atención de niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual, y se concretaron nuevos llamados a proyecto para 11 departamentos. Por otra parte, se capacitación a 4.718 funcionarios en temas de género.

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

El Mvotma informó que se brindaron soluciones habitacionales en el marco del Sistema de Prevención de Violencia, y se trabajó en una solución legislativa para la inclusión de la doble titularidad en cooperativas de usuarios, al igual que en el resto de los programas que la incluyen.

También destacó que en 2015 se firmaron convenios para otorgar hasta 200 soluciones habitacionales transitorias, subsidios de alquiler o casas asistidas, a mujeres en esta situación. Y se realizaron talleres de capacitación y sensibilización a funcionarios sobre temas de género. No hay una cuantificación del dinero invertido en estas iniciativas.

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Según el documento de Presidencia, en el MIEM se creó un “grupo de Derechos Humanos para diagnosticar, evaluar y sugerir mejoras a canales ya existentes ,para atender denuncias por discriminación, salud paritaria y el abordaje de la problemática de equidad de género y violencia doméstica”.

Ministerio de Educación y Cultura

Según el MEC, en 2017 se emitieron 1.280 resoluciones del Poder Ejecutivo entre las que se destacan las que disponen la instrumentación del Plan de Educación en Derechos Humanos para el personal ministerial.

También se menciona la realización de “obras para implementación de la sala de lactancia en la sede central del ministerio y se pidió implementarlo en unidades ejecutoras de todo el país”. También se realizaron talleres de sensibilización en género, se participó en el Consejo Nacional de Género y se elaboraron “documentos para planes nacionales”.

A su vez, se menciona que “se capacitó a aproximadamente el 100% de los funcionarios no técnicos de Fiscalía General de la Nación en temas de género” en 2017, cuando aún el organismo pertenecía al ministerio.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

En el MTSS se mencionó apenas la realización de “Encuentros y talleres de interés social y sensibilización a funcionarios” en temáticas de género.

En el Banco de Previsión Social, que depende del MTSS, en 2017 se otorgaron 192 pensiones por violencia doméstica, traducidas en un total de 18.413.664 pesos (equivalentes a 573.634 dólares).

Ministerio de Salud Pública

Se menciona sin indicar costos la instalación de un mamógrafo en la ciudad de Dolores, Soriano, afectada por el tornado de 2016. También se indica un refuerzo del trabajo en las Redes de Asistencia Primaria de Asse y en la atención a salud sexual y reproductiva de mujeres, tales como realización de PAP y distribución de métodos anticonceptivos.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En el ámbito del MGAP se destaca que durante 2018 se capacitó a más de tres mil productores y técnicos que trabajan en el sector agropecuario. Además se destaca que están trabajando en “acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural y la elaboración de un protocolo de actuación para extensionistas frente a las situaciones de violencia basada en género, en convenio con Inmujeres y el Instituto Nacional de Colonización”.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Entre 2015 y 2017, la OPP señala que el monto de gasto en temas de género, ejecutado por la Dirección de Planificación fue de 2.127.852 pesos (equivalentes a unos 66.300 dólares), que incluye un convenio con Facultad de Ciencias Sociales para diagnósticos y contratación de consultoras por proceso prospectivo, gastos de publicaciones y eventos.

También se menciona la realización de un “estudio en conjunto con Inmujeres, tres talleres con expertos en áreas: mercado laboral, salud, educación, violencia, sector productivo, tenencia de tierra y cuidados y sistema político.

Según la respuesta de OPP también se evaluaron variables para delinear el sistema de género en Uruguay, se elaboraron ocho escenarios posibles al 2050, diagnósticos y recolección de información para insumo de la elaboración de la Estrategia Nacional para la igualdad de género”. Este programa fue presentado en marzo del 2018.

Cooperación internacional

El Sistema Integrado de Cooperación Internacional puntualiza que de 56 iniciativas ejecutadas entre 2015 y 2017, 13 tratan específicamente el tema violencia de género. Dentro de ellas, hay seis en cuya ejecución participa el Poder Ejecutivo.

Entre 2011 y 2018 se gastaron 1.608.244 dólares y 657.797 euros aportados por diferentes países y organismos internacionales. Naciones Unidas fue el mayor aportante tras otorgar 1.473.464 dólares para ayudar en la implementación, seguimiento y monitoreo de la Estrategia Nacional de Atención, Sanción y Erradicación de la violencia basada en género.

Participaron de este proyecto Mides, Inau, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia y el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica.

En términos generales, participaron de estos programas también la Organización de Fútbol del Interior, los ministerios del Interior y de Salud Pública, Poder Judicial, la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Instituto del Niño y el Adolescente (Inau). En cinco de los seis proyectos participó el Ministerio de Desarrollo Social.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aportó fondos para la realización de proyectos entre los años 2015 y 2019. A fines de 2018 se terminaron de ejecutar 101.200 euros y en 2019 se prevé gastar 25 mil más. El dinero es utilizado para “apoyo a la estrategia de prevención y lucha contra la violencia basada en género y generaciones”. Parte de estos fondos también se utilizarán para otros tres proyectos de “fortalecimiento y capacitación” a personal de: Mides, Msp, Poder Judicial y Ministerio del Interior.