Víctor L. Bacchetta

La Comisión Nacional pro Reforma Constitucional "Uruguay Soberano" entregó, el pasado 20 de marzo, una carta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la cual solicita la suspensión del Contrato ROU-UPM. Según los firmantes, el país no puede continuar contrayendo deudas para ese proyecto cuando enfrenta la que ha sido catalogada como la mayor emergencia sanitaria de su historia.

La petición se funda en las cláusulas 7.1 a 7.5 del Contrato firmado el 7 de noviembre de 2017, entre representantes del Poder Ejecutivo y de la empresa UPM, que prevén la posibilidad de suspender el cumplimiento de las obligaciones acordadas en caso de mediar una “Causa extraña no imputable”, entre las que el contrato menciona en forma expresa el caso de epidemia.

La cláusula 7.1 expresa que “se entiende por "Causa Extraña no Imputable" un evento o circunstancia imprevisible o irresistible que impide que una Parte cumpla una, algunas o todas sus obligaciones de conformidad con este Contrato, en la medida en que dicho evento o circunstancia no pueda ser superada y no pueda haber sido evitada o resistida por la parte afectada ejerciendo diligencia razonable”.

En tanto, la cláusula 7.3 fija las condiciones para aplicar la disposición: “En los casos en los que se haya producido una Causa Extraña no Imputable, la parte que la alega deberá comunicar la incidencia de la misma a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 del presente Contrato. Dicha comunicación deberá realizarse en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles de ocurrido el suceso, debiendo aportar en el mismo momento, la información necesaria que acredite la ocurrencia del mismo, su gravedad, su duración y su incidencia en el incumplimiento a que da lugar, todo lo cual se evaluará en cada caso concreto por ambas partes”.


La firma del contrato ROU UPM. Foto: Presidencia

En este caso, el suceso que configura formalmente la situación es el decreto de la Presidencia de la República del 13 de marzo que declaró el “estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19”. Los 20 días hábiles a partir de esa fecha culminan el próximo 13 de abril, por lo que ese sería el último plazo para hacer la comunicación pertinente.

De acuerdo con el contrato, la Causa Extraña no Imputable puede ser declarada por una de las partes y tendría validez mientras subsista la situación. La cláusula 7.5 prevé asimismo la posibilidad de llegar hasta “la finalización del contrato, cuando no puedan adoptarse medidas que superen, reviertan o mitiguen los impactos”, pero en este caso requiere el acuerdo de ambas partes, el gobierno y UPM.

Por esta razón, la carta enviada a la Presidencia solicita “la suspensión temporal del cumplimiento del contrato debido a la emergencia sanitaria”. Es notorio que "Uruguay Soberano" propugna la anulación total y definitiva de ese contrato, pero es un hecho incontrovertible que la circunstancia excepcional y sus imprevisibles consecuencias para el país habilitan al gobierno recién asumido a tomar esa decisión.

“Lo ideal es la rescisión, porque no es ético que se destinen 4 mil millones de dólares a maximizar la ganancia de una corporación extranjera y que, por otro lado, se le pida un enorme esfuerzo al pueblo, al empresariado”, afirma el abogado Gustavo Salle. “Hay razones para hacerlo más allá de las cláusulas del contrato, que en derecho se conocen como el cambio de las circunstancias del acuerdo”, agregó Salle.

Los fondos comprometidos por el contrato incluyen el costo del ferrocarril y el viaducto sobre la rambla portuaria, dragados, traslado del puerto pesquero y el dique Tsakos en el puerto, obras de caminería, carreteras y puentes. Si se suman las renuncias fiscales y el subsidio encubierto en la compra de energía eléctrica se llega a los 4.624 millones de dólares estimados por los economistas Gustavo Melazzi y William Yohai.

Desde sectores del gobierno, el abogado Eduardo Lust sostiene que a la mayor crisis sanitaria no hay que agregarle el mayor crimen ambiental, aludiendo al nuevo proyecto de UPM. “Más allá de las donaciones y la solidaridad, Uruguay tiene la oportunidad de volcar los cientos de millones de dólares entregados a UPM para atender las necesidades del pueblo uruguayo”, declaró el diputado de Cabildo Abierto.



“Otra oportunidad en la tormenta”, tituló un escueto comunicado el movimiento Un Solo Uruguay (USU), entre otros sectores sociales y políticos que se han pronunciado en el mismo sentido. “Es el momento de suspender el contrato con UPM amparados en los puntos 7.1 y 7.2”, afirmó el movimiento y señaló que “será necesario reorientar los fondos públicos para el apoyo a la salud, los sectores más vulnerables y sobrevivencia de empresas”.

Evidenciando la naturaleza de la situación, UPM-Kimmene Corporation informó hoy a sus accionistas que dejó en suspenso sus previsiones de desempeño para 2020. En Finlandia, la primera ministra Sanna Marin apeló a la Ley de Poderes de Emergencia para adoptar medidas extraordinarias en todo el país. Mientras tanto, en Uruguay ya se habla de miles de contratos comerciales y civiles afectados por la crisis.