Antonio Romanelli, el asesor en seguridad de Cabildo Abierto fotografiado en la sede del semanario La Mañana, de la familia Manini Ríos. 

Este jueves a las 14.30 horas se realizará una audiencia en el marco de la denuncia penal que Cabildo Abierto, el partido encabezado por el exgeneral Guido Manini Ríos, inició contra el diario La República, Radio Uruguay y Montevideo Portal.

Estos fueron tres de los varios medios de comunicación que informaron sobre la carta suscrita por 41 ex presos políticos contra Antonio Romanelli, el asesor de seguridad de Manini que fue guardia en el Penal de Libertad en los años 1978 y 1979.

"Los abajo firmantes, todos ex reclusos, sobrevivientes de dicho período, a 40 años de los hechos, lo recordamos perfectamente como una auténtica lacra social, potencial candidato sin excusas de ningún tipo, únicamente, a la mayor condena y repudio del conjunto de la sociedad", dice el texto que se difundió públicamente a principios de setiembre.

Según el cedulón que publicó La República este jueves, la audiencia está citada debido a la acción presentada ante el juzgado penal de 42° Turno en los autos caratulados como "Delitos por medios de comunicación", según lo previsto en el artículo 7° de la Ley de Prensa N° 16.099.



Dicho artículo regula la posibilidad de ejercer el "Derecho de Respuesta" a toda persona física o jurídica cuando considere que una publicación "la haya afectado por informaciones inexactas o agraviantes, sin perjuicio de las penas y responsabilidad civil a que pueda dar lugar la publicación, noticia o información que provoca la respuesta".

CAinfo repudió el juicio a periodistas

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), organización de la sociedad civil que defiende la libertad de expresión, expresó este jueves su "repudio" ante el inicio de este proceso judicial contra tres medios de comunicación, por considerar que "puede generar un efecto de amedrentamiento contra todo el sistema informativo, generando limitaciones a la libre circulación de informaciones y opiniones, lo cual es imprescindible para un régimen democrático".  

El comunicado de CAinfo recuerda que "el motivo de las denuncias es la publicación de la acusación realizada por un colectivo de expresos políticos durante la dictadura contra Antonio Romanelli, asesor de seguridad de Manini. Los ex detenidos le atribuyen a Romanelli, mediante una carta pública, la aplicación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979".

Según la organización, "este tipo de actitudes atenta contra la libertad de expresión, y buscan limitar el legítimo derecho de informar de los medios de comunicación y de los ciudadanos de acceder a noticias de interés público en un contexto de campaña electoral".

Además aludió a pronunciamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideran que "el inicio de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación puede generar un efecto de amedrentamiento contra todo el sistema informativo, generando limitaciones a la libre circulación de informaciones y opiniones, lo cual es imprescindible para un régimen democrático".

Caso Gavazzo: Manini imputado

El represor José Gavazzo declaró ser el responsable de la muerte y desaparición de Roberto Gomensoro. 

La ofensiva del partido que encabeza Manini ocurre pocos días después que el fiscal de Flagrancia Rodrigo Morosoli decidiera mantener abierta la indagatoria contra el exjefe militar para establecer si incurrió en la omisión de la denuncia de hechos delictivos sobre los que tuvo conocimiento durante los tribunales de honor realizados al represor José Gavazzo.

Según varios testimonios contenidos en el proceso judicial, Manini tuvo conocimiento de las declaraciones de Gavazzo, en las cuales el represor admitió haber dado muerte al detenido desaparecido Roberto Gomensoro en 1973, para luego hacer desaparecer su cadáver.

Según el dictamen del fiscal, los oficiales que participaron de los tribunales actuaron de acuerdo a la ley al informar de los hechos presuntamente delictivos a su superior, que en ese momento era el comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

Tampoco incurrieron en delitos los jerarcas del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, quienes debieron haber sido notificados de estos hechos por Manini, quien no realizó tal notificación, según consta en las declaraciones de los miembros del tribunal de honor de primera instancia y el de alzada.

Por el contrario, Manini resolvió que los tribunales detuvieran sus actuaciones con el argumento que que los dichos de Gavazzo eran "una chicana" para detener el proceso. Si bien algunos días más tarde el jerarca militar ordenó que las actuaciones continuaran, "Tampoco consta que se haya efectuado denuncia penal alguna en ese momento, ni que se haya comunicado el contenido de las declaraciones de Gavazzo y (Jorge) Silveira a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa".

Esto podría implicar la comisión del delito previsto en el artículo 177 del Código Penal que castiga al funcionario público que "omitiere o retardare formular su denuncia", imponiéndole "la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión".

El fiscal Morosoli ya solicitó una audiencia que, según fuentes judiciales, tiene el objetivo de concretar la imputación de Manini.