El líder de la red de lavado Darío Messer (der) junto a su amigo, el actual presidente paraguayo Horacio Cartes.

Los acusados de integrar una red que lavó más de 1600 millones de dólares desde Uruguay son los uruguayos Francisco Muñoz Melgar de 36 años, quien vivió en Brasil y regresó a Uruguay en 1998, y Raúl Alberto Zóboli Pegazzano de 53 años, quien volvió al país en el 2003. Ambos tienen ciudadanía brasileña.

También permanecen detenidos en Montevideo los brasileños Jorge Davies Cellini de 59 años, nacido en Río de Janeiro y residente en Uruguay desde 2003, y su hermano Raúl Fernando Davies Cellini, de 48 años, nacido en Río de Janeiro y residente aquí desde 2012.

Estas cuatro personas fueron detenidas por Interpol, en el marco de la operación “Cambio, desligo” (“Cambio y fuera”) que Brasil realizó en conjunto con Uruguay y Paraguay, a fin de desmantelar una red de cambistas (“doleiros”, en la jerga criminal brasileña) que operó en Montevideo desde el año 2003.

La banda estaba liderada por el brasileño Dario Messer, quien montó un esquema de lavado que logró blanquear, según calculan los investigadores, al menos 1.652 millones de dólares provenientes de diversas maniobras criminales como evasión fiscal, sobornos, coimas y varios casos de corrupción en distintos países de la región.

Una vez más, Uruguay se ubica en el centro de esta trama de lavado ya que hace 15 años Messer decidió transferir su estructura de blanqueo y a varios de sus integrantes a Montevideo, huyendo de los controles que por aquellos años había comenzado a ejercer la policía, la fiscalía y la Justicia de Brasil.

En ese marco se trasladaron a Montevideo los cambistas Vinicius Claret Vieira Barreto (alias “Juca Bala”) y Claudio Fernando Barboza (alias “Tony”), quienes se encargaban desde las oficinas uruguayas de realizar transferencias de dinero sucio a 52 países utilizando más de 3 mil empresas offshore.

La audiencia de debate que se realizará mañana en el juzgado del crimen organizado a cargo de la jueza María Helena Mainard consiste en escuchar a la defensa de las cuatro personas para tomar una resolución que probablemente se postergue por 24 o 48 horas, dependiendo de lo que suceda en la sala.

No existe ninguna diferencia procesal en función de las distintas nacionalidades, ya que a diferencia de otros países el ordenamiento jurídico uruguayo permite la extradición de nacionales. Por lo tanto eso tampoco dificulta la posibilidad de extradición de los dos brasileños que poseen ciudadanía uruguaya.

En Brasil existe expectativa por la decisión que tome la jueza Mainard debido a la importancia que tiene para el proceso de la operación “Lava Jato” el testimonio de los cuatro “doleiros” acusados de corrupción, lavado de dinero, asociación para delinquir y evasión de divisas.

Si bien no es necesario que el estado requirente –en este caso Brasil- designe un representante legal, hay tiempo de hacerlo hasta el momento de inicio de la audiencia, lo cual podría facilitar el trámite en caso de que existiera algún problema de tipo formal que deba ser subsanado.

De todas formas, el caso podría resolverse de inmediato si los cuatro aceptan ser extraditados sin necesidad de juicio luego de que se escuchen los argumentos de la fiscalía. En cambio, en caso de que la defensa de los imputados se oponga a la extradición se dará inicio al juicio que admite, eventualmente, una apelación.

Paralelamente la Justicia brasileña avanza en la investigación, que también implica conocer quiénes fueron los restantes cómplices uruguayos de una red que sirvió, entre otras cosas, como vehículo para el lavado de decenas de millones de dólares por parte del exgobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, y el exgerente del Área Internacional de Petrobras Néstor Cerveró.