La solicitud se realizó a través del gobierno brasileño, que atendió el pedido realizado por el Ministerio Público Federal (MPF, el equivalente a la Fiscalía General de la Nación uruguaya) a fin de poder designar a un abogado que enfrente eventuales dificultades procesales en el transcurso del juicio.

El organismo que designará el profesional que representará los intereses de Brasil en el juicio será la Advocacia-Geral da União (AGU), un organismo público federal que se encarga de la representación, fiscalización y control jurídico en todo el país y eventualmente también en el exterior.

El interés del MPF es atender eventuales dificultades y retrasos en el juicio por el hecho de que los dos brasileños para quienes se solicita la extradición, Jorge y Raúl Davies Cellini, tienen ciudadanía uruguaya. Sin embargo, fuentes judiciales explicaron a Sudestada que no existe impedimento para la extradición de los uruguayos, o aquellos que adquirieron esa nacionalidad, ya que la legislación del país permite la extradición de nacionales, al contrario de lo que ocurre en Brasil.

Según el tratado de extradición vigente entre los estados parte del Mercosur, podría negarse la extradición en el caso de que existiera un proceso judicial en curso contra la persona reclamada en el país que recibe el pedido, aunque este no es el caso de ninguno de los cuatro implicados en este proceso.

Los brasileños Jorge y Raúl Davies Cellini estaban identificados con el alias “Gilo” en el sistema de comunicaciones encriptado que montó el doleiro Darío Messer para lavar el dinero desde Uruguay. Los uruguayos Raúl Alberto Zoboli Pegazzano y Francisco Muñoz Melgar compartían las iniciales “JL” mientras que Messer, el líder de la banda, usaba el sobrenombre “Cagarras”.