Reconoce que paga 4,5 millones de dólares por año a los fundidores de la pesquera (como publicó Sudestada) y pide que de ese dinero el Estado se cobre la millonaria deuda de Los Fernández
Las autoridades de UTE se presentaron este lunes 19 ante el juzgado a fin de solicitar que se considere el contrato para la compra de electricidad de generación eólica a Kentilux SA como parte de la masa concursal de la fundida Fripur SA. El organismo busca demostrar que ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico -la familia Fernández- y así permitr que el Estado se cobre unos 40 millones de dólares que le adeuda la empresa pesquera y de alimentos congelados cerrada en agosto de 2015, un año después de entrar en concordato.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, confirmó que el organismo se presentó ante el Juzgado de Concurso de primer Turno, a cargo de la magistrada Sylvia Rodríguez, porque tiene "indicios suficientes" de que ambas empresas son del mismo grupo económico, creado por los hermanos Máximo y Alberto Fernández Alonso.
Hace cuatro meses,
Sudestada denunció que Kentilux SA es una empresa de la familia Fernández que fue montada aprovechando la política del gobierno para impulsar el cambio de la matriz energética y la utilización de energías renovables, mientras esos mismos empresarios fundían la pesquera Fripur y dejaban a los trabajadores en la calle.
El 25 de mayo de 2011 los Fernández inauguraron un parque eólico con una potencia nominal de 10 MW/por hora, que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora.
Es que según explicaron a Sudestada fuentes técnicas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el resultado de la generación en el parque eólico de la familia Fernández resultó tan rentable –la producción de sus molinos supera el 40 por ciento de rendimiento cuando la media es de 30 por ciento– que pidieron y obtuvieron una ampliación del negocio.
Ahora, el presidente de UTE admite que ese efecivamente es el monto que el ente le paga a los Fernández por la energía eólica que producen.
Los molinos de viento fueron instalados en el establecimiento Magdalena (por el nombre de la esposa y una de las nietas de Máximo Fernández), una estancia ubicada a la altura del kilómetro 44 de la ruta 1. Se trata de un campo de mil hectáreas donde, además, se desarrollan actividades agrícolas que incluyen el cultivo de soja y maíz, y el engorde intensivo de ganado.
“Al igual que en el mundo se tiende a eliminar los paraísos fiscales y Uruguay ha hecho todos los deberes en tal sentido, de a poco la jurisprudencia uruguaya va haciendo lo mismo y va cobrando fuerza el concepto de grupo económico”, dijo el jerarca.
“Esto permite equiparar la actividad privada comercial y el accionar de los grupos económicos con las mismas reglas de juego a la que están sometidas las empresas públicas nacionales, en la que el Estado es, en definitiva, cuando corresponde, quien asume colectivamente los eventuales daños por su diferentes actividades (...) Nuestro interés es recuperar ese adeudo que es lo que trasladamos al resultado económico de la empresa”, puntualizó.
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