Fripur es un ejemplo de un emprendimiento familiar que se sostuvo durante décadas gracias a las dádivas del Estado y los favores políticos. Sin embargo, la crisis del frigorífico pesquero que terminó en una quiebra ruinosa para el Estado y los trabajadores no impidió a la familia incursionar en otros negocios tan rentables como la venta de viento, convertido en energía. El propio Estado financiador, evadido, y deshonrado en los créditos es el que compra –a través de UTE– lo producido por los Fernández, sin escatimar recursos.

 

Kentilux SA es una empresa de la familia que, aprovechando la política del gobierno para impulsar el cambio de la matriz energética y la utilización de energías renovables, inauguró el 25 de mayo de 2011 un parque eólico con una potencia nominal de 10 MW/por hora, que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora. Es que según explicaron a Sudestada fuentes técnicas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el resultado de la generación en el parque eólico de la familia Fernández resultó tan rentable –la producción de sus molinos supera el 40% de rendimiento cuando la media es de 30%– que pidieron y obtuvieron una ampliación del negocio.



Con esta expansión, las posibilidades de obtener dinero del Estado se multiplican, y el viento se vuelve oro. De acuerdo al contrato original firmado en 2010, UTE le paga a Kentilux 85 dólares por MW/hora.

En función de estos datos –y sin tener en cuenta los reajustes anuales–, la empresa de energía eólica del Grupo Fernández, cobra 512 dólares por hora, es decir 12.300 dólares por día. El monto por mes es de 370 mil dólares y por año la familia que fundió Fripur se lleva 4,5 millones del Estado por sus negocios de viento.

A falta de información de parte de UTE respecto de los pagos a Kentilux SA –la empresa estatal publica los montos globales pero no lo que desembolsó para pagar a cada generador privado– el cálculo fue realizado por Sudestada de acuerdo a la fórmula establecida en el pliego de condiciones del llamado a licitación. Fuentes de la Agrupación de Funcionarios de UTE confirmaron que el procedimiento de cálculo es correcto. Sudestada advierte que se trata de un monto apegado a la base y no al tope de lo que la familia Fernández pudo cobrar efectivamente. 

El otro dinero público que se llevaron los Fernández

Los molinos de viento fueron instalados en el establecimiento Magdalena (por el nombre de la esposa y una de las nietas de Máximo Fernández), una estancia ubicada a la altura del kilómetro 44 de la ruta 1. Se trata de un campo de mil hectáreas donde, además, se desarrollan actividades agrícolas que incluyen el cultivo de soja y maíz, y el engorde intensivo de ganado.

Pero ninguno de esos rubros parece tan rentable como el del parque eólico Kentilux que está cumpliendo sus primeros cinco años: inaugurado en forma oficial el 25 de mayo de 2011, ya se ha cobrado más de 22 millones de dólares provenientes de dineros públicos.

El negocio es redondo como el dibujo que las paletas del molino trazan en el aire, puesto que el Estado que le compra la energía a los Fernández también les había financiado la construcción del parque eólico en el departamento de San José. El BROU puso dinero por el 70% de la inversión que en total demandó 20 millones de dólares, publicó la revista Políticas que editó la Presidencia de la República durante el gobierno de José Mujica.

El 30% restante pudo haber sido obtenido por los Fernández de bancos privados o de sus propias arcas, quizás de la renta que les dejan sus empresas de papel creadas en Panamá. Pero también de dinero que les llegaba de parte del Estado para supuestas inversiones en la pesquera que empleaba a cerca de mil trabajadores.

Gremialistas de Fripur sostienen que el parque eólico Kentilux –cuyo presidente es Ricardo Gabriel, hijo de Máximo– se benefició con los préstamos que el BROU le otorgaba a la empresa de productos del mar.

A pocas horas del quiebre de la empresa, el 19 de agosto de 2015, una delegación del sindicato de la pesca (Suntma) denunció en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que los Fernández desviaron hacia otros emprendimientos de la familia, el dinero otorgado por el BROU y otros bancos para mantener en funcionamiento la planta de pescado.

El banco estatal que financió el emprendimiento de viento del Grupo Fernández todavía espera cobrar 59 millones de dólares que le adeuda Fripur, según explicó en setiembre de 2015 en el Parlamento la presidenta en funciones del BROU, Sylvia Naveiro.

A esta deuda con el BROU deben sumarse los 19 millones de dólares que los Fernández le deben al Banco de Previsión Social. Ese monto fue manejado por el diputado comunista, Oscar Andrade, durante la sesión de la comisión de Legislación del Trabajo del miércoles 18 de mayo, en la que se recibió al subsecretario de Ganadería Enzo Benech y al titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Daniel Gilardoni.

El legislador oficialista cuestionó al gobierno por su actuación ante la crisis de Fripur: “Tengo una mirada crítica de la forma en la que logramos atender este tema. La perspectiva que teníamos era la de una empresa con una deuda millonaria que surge de una decisión política”, afirmó ante Benech y Gilardoni.

Las exoneraciones millonarias en impuestos 

El 12 de setiembre de 2012 los ministerios de Industria y de Economía resolvieron en forma conjunta declarar promovida la inversión de Kentilux SA para ampliar su parque eólico en San José. La instalación inicial del parque ya había sido beneficiada con la promoción, por un monto máximo de 95.596.928 unidades indexadas, que al 8 de octubre de 2010 equivalían a 2.230.000 dólares.

A esto se sumó una segunda declaración de promoción que implicó la exoneración “en forma total” a la empresa de la familia Fernández “de todo recargo incluso el mínimo, derechos y tasas consulares, Impuesto Aduanero Único a la Importación, y en general todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de equipamiento previsto en el proyecto y declarado no competitivo de la industria nacional cuyo listado figura en el cuadro de inversiones aprobado”.

Además, el gobierno concedió a Kentilux “un crédito por el IVA incluido en la adquisición de materiales y servicios utilizados para la obra civil prevista en el proyecto, por hasta un monto imponible de 21.966.328 unidades indexadas”, que al 12 de setiembre de 2012 equivalían a 424 mil dólares.

Por si todas estas exoneraciones tributarias resultaran insuficientes, también se le permitió a Kentilux evitar el pago del impuesto al patrimonio para todos los bienes que adquirió para realizar la obra civil desde tres años antes, entre el 1 de junio de 2009 y el 30 de noviembre de 2013.

Todas estas exoneraciones suman al menos 2,7 millones de dólares, a los que se adicionan cientos de miles del billete estadounidense asociados a la importación de bienes que no están descritos en la resolución ministerial.