La fiscal anticorrupción Jenisbeth Malek durante su alegato, en la audiencia de este martes 20. Foto: Captura PJ Panamá.

La fiscalía panameña sustenta esta semana su acusación contra 48 personas físicas y una persona jurídica por su participación en el esquema de lavado de activos que montó la constructora brasileña Odebrecht en Panamá.

Entre los acusados, se encuentran las personas uruguayas Andrés "Betingo" Sanguinetti, Maya Cikurel y Juan Francisco Mutio, quienes tuvieron un rol activo en el trasiego de fondos y en el ocultamiento de su origen ilícito, según explicó la fiscalía.

El lunes 19, la jueza Baloísa Marquínez había rechazado un pedido de 25 de los enjuiciados para que el proceso tuviera un formato "abreviado", con el argumento de que el expediente se encontraba completo. Entre los peticionarios se encontraba el uruguayo Juan Francisco Mutio, a través de su abogado Joy Torres.

Este martes 20, el Ministerio Público explicó cómo los tres uruguayos formaron parte del complejo esquema que montó la empresa en varios países, entre ellos Panamá, Andorra y Uruguay.

"Sin la participacion de este grupo de operadores financieros no se hubieran podido transferir los fondos" a los funcionarios públicos panameños, explicó la fiscal anticorrupción Jenisbeth Malek durante su extenso alegato.

Malek dijo que el uruguayo Andrés "Betingo" Sanguinetti fue uno de los funcionarios de la Banca Privada d'Andorra que participó de la apertura de cuentas a nombre de empresas y testaferros que operaban a la orden de Odebrecht.

Incluso, explicó que Sanguinetti llevó a viajar a Panamá a fin de recabar la documentación necesaria para cumplir con las normas de cumplimiento que le dieran una apariencia de legalidad a las transacciones ilícitas.


Una de las placas usadas por la Fiscalía para fundamentar la acusación contra Andrés Sanguinetti. 

Malek definió a "Betingo" como el "encargado de obtener las sociedades offshore que hacían los pagos a través de compañías instrumentales" para la transferencia de los sobornos. Entre las cuentas que eran operadas por Sanguinetti, se encontraba la de la offshore panameña Klienfield Services, una de las sociedades en las que se originaban el opaco camino de los fondos ilegales.

Son varios los testimonios que sustentan estas acusaciones contra Sanguinetti, entre ellas las de los brasileños Luis Da Rocha Soares, Olivio Rodrigues y Fernando Migliaccio, además de los testigos panameños Roberto Brin Azcarraga y Andrés Mozzes. También la Policía de Andorra, país que ya condenó a Sanguinetti por lavado de activos, aportó pruebas de su participación en el esquema fraudulento.

Para el Ministerio Público de Panamá, Sanguinetti intervino para "ocultar el origen de los pagos ilícitos de Odebrecht a través de la BPA", mediante las cuentas bancarias a nombre de las sociedades fantasma Aeon Group y y Klienfield Services a la familia del expresidente Ricardo Martinelli Linares. Por esa razón, este martes realizó formalmente la "petición de llamamiento a juicio" de Sanguinetti como presunto infractor de las normas contenidas en el Libro II, Título VII, Capítulo 4 del Código Penal.

Según el artículo 254 de dicha norma, quien "personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades" ilícitas, "con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión".


Los testaferros uruguayos

La contadora Maya Cikurel y Juan Francisco Mutio Cerdeiras son los otros dos uruguayos sobre quienes se realizó el pedido de llamamiento a juicio este martes durante el séptimo día de audiencias del caso Odebrecht ante la justicia panameña.

El testaferro, explicó la fiscal anticorrupción, es una persona que presta su identidad ante entidades comerciales, financieras, bancarias, "para ocultar el origen ilícito del dinero". En este caso, dijo que Cikurel y Mutio fueron partícipes de las maniobras para ocultar el origen ilícito de las transacciones que se realizaban entre las sociedades que pertenecían a Odebrecht, dentro de lo que se conoce como "Caja 2".


Participación de Maya Cikurel en el esquema de lavado de Odebrecht, según la Fiscalía. 

Cikurel en particular participó de "transacciones de forma personal, en un establecimiento bancario, utilizando el sistema panameño, para ocultar el origen de pagos ilícitos desde y hacia las empresas de la contabilidad opaca de Odebrecht entre 2010 y 2014". La contadora uruguaya era quien tenía el manejo de la cuenta de la offshore Arcadex Corporation, que tenía domicilio en Belice.

Según la investigación realizada por Suiza, que se aportó al expediente panameño, Cikurel aparece como una de las gestoras de las cuentas bancarias en ese país que eran controladas "directa o indirectamente por Odebrecht", que eran utilizadas "para el pago de sobornos y para otros actos ilegales".

"Se pudo corroborar que se utilizó el sistema financiero panameño porque se constituyeron sociedades y se abrieron cuentas por parte de testaferros de Odebrecht para darle apariencia de legalidad a estos fondos que transitaron por nuestro sistema financiero", resaltó la fiscal Malek.

En el caso de Juan Francisco Mutio, la representante del Ministerio Público dijo que participó del esquema como representante de la sociedad anónima uruguaya Sherkson Internacional, que era utilizada para "alimentar la caja 2 de Odebrecht", un gran fondo financiero que se usaba para pagar los sobornos.


Sherkson International, controlada por Juan Mutio y liquidada por García Belhot. Uruguay en el esquema de Odebrecht.

Los detalles de la creación y la actividad de Sherkson en este esquema ya fueron informadas por Sudestada desde 2017, como una de las sociedades que Odebrecht colocó en el primer nivel de lavado de dinero. En la investigación titulada "Los Archivos del Lavado", se dio cuenta de que esta empresa fantasma funcionó desde 2006 hasta 2015, año en que fue liquidada por Daniel García Belhot, un funcionario del estudio Belhot González Lerena SA, que era dirigido por los abogados Fernando Belhot y Juan González Lerena.

Dicho estudio recibió dos transferencias por 71.495 dólares desde una cuenta bancaria que Sherkson tenía en el Banco Santander de Montevideo. Belhot González Lerena SA fue el escritorio que por esos años también se comunicó con el estudio panameño Mossack Fonseca para abrir la sociedad Salmet Trade Corp, que también resultó ser parte importante del esquema de blanqueo de Odebrecht.

En resumen, según la Fiscalía panameña, Cikurel y Mutio son dos de los numerosos testaferros que son los gestores de sociedades fantasma, que "alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales. Esta conducta se entiende como la interpuesta persona dentro de la conducta del blanqueo de capitales, ya que los mismos resultan ser testaferros de la empresa Odebrecht, debido a que su actuar dificultó la identificación del verdadero origen de la transferencia y los verdaderos beneficiarios finales".