La constructora brasileña usó el opaco sistema finaciero uruguayo para lavar dinero y pagar coimas.

La bancada de senadores del Frente Amplio envió un pedido de acceso al a información pública a la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que depende de la Presidencia de la República, para consultar si se ordenaron acciones de supervisión sobre la actividad de las personas y estudios jurídicos mencionados en la investigación de Sudestada sobre el caso Odebrecht.

En la nota publicada el 18 de julio, se informó sobre 17 personas involucradas en la trama que montó la constructora brasileña en nuestro país a fin de ocultar el origen ilícito de millones de dólares que se pagaron a políticos y empresarios de varios países en concepto de sobornos.

Ninguna de ellas enfrentó consecuencias judiciales por su participación en el esquema, y en algunos casos hasta se rechazaron pedidos de colaboración judicial y de extradición para enjuiciarlos en otros países.

Ese mismo día se dio cuenta del juicio que se lleva adelante en Panamá sobre las coimas pagadas a tres ex presidentes de ese país por parte de la empresa, y la participación de tres uruguayos en esas maniobras: Andrés “Betingo” Sanguinetti, Maya Cikurel Spiller y Juan Mutio Cerdeiras.

Las publicaciones forman parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que Sudestada integra junto a periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú) y Armando.info (Venezuela).


Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak.

El pedido de acceso de los legisladores opositores consultan si la Senaclaft realizó procedimientos a fin de establecer si estas personas -en su posible calidad de sujetos obligados- cumplieron de forma adecuada con los reportes para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como indica la ley.

En caso afirmativo, los parlamentarios requieren los detalles de dichas actuaciones y cuál es el estado actual de los trámites. Y en caso de que ya se hayan archivado, cuál fue el resultado obtenido y el motivo de su clausura.

“En caso de haberse determinado la existencia de irregularidades de importancia en la actuación de algún sujeto obligado, que ameritaran una sanción, se solicita informar si adicionalmente se pusieron las actuaciones en conocimiento de la Justicia Penal a los efectos que pudieran corresponder”, pregunta finalmente el grupo de senadores del Frente Amplio.

Durante el pasado gobierno del FA, la Senaclaft había iniciado una serie de actuaciones de control a varios estudios jurídicos y contables, que habían sido denunciados en investigaciones periodísticas por su vinculación con el caso Lava Jato. Dichas diligencias no pudieron culminar antes del cambio de gobierno, por lo que la decisión sobre su continuación fue adoptada por el actual titular de la secretaría, el exjuez Jorge Chediak, quien dispuso su archivo sin mayores consecuencias.