Jueza Baloísa Márquez durante la instancia judicial del lunes 18. Foto: La Prensa. 

Por Fabián Werner / @fwernerv / Sudestada*

La audiencia que iba a realizarse este lunes 18 en Panamá se suspendió, como en otras ocasiones, por la ausencia de los abogados de varios acusados con diferentes excusas. Así las cosas, la jueza Baloisa Marquínez, suspendió la instancia y la reprogramó para una fecha a confirmar entre el 12 y el 30 de setiembre.

En ese juicio, que tiene 50 imputados por distintos delitos a la causa "Panabrecht", aparecen tres personas con nacionalidad uruguaya por su participación en la trama que permitió a Odebrecht lavar cientos de millones de dólares. Uruguay y Panamá eran dos de las principales guaridas fiscales donde la constructura brasileña sentó sus bases para el blanqueo de los capitales ilícitos.

Para ello, personajes como Andrés “Betingo” Sanguinetti, Maya Cikurel Spiller y Juan Francisco Mutio fueron fundamentales. Prestaron sus valiosos servicios para abrir cuentas y empresas, ocultar beneficiarios finales y encubrir transacciones dolosas. Todo para eludir a la Justicia y los controles fiscales en América, África y Europa.

En el caso de Betingo, es conocida ya su participación en el esquema que utilizó el expresidente Ricardo Martinelli para ocultar el dinero de las coimas mediante cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de la que el uruguayo llegó a ser vicepresidente de la filial en Montevideo.


Andrés Sanguinetti movía cuentas desde Montevideo. Foto: Captura Teledoce. 

El exdirectivo de la empresa Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, fue uno de los que detalló la intervención de Sanguinetti en las maniobras, durante una de sus comparecencias ante la Justicia de Brasil. “Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, contó Soares.

“Luisinho”, como le decía Betingo, también detalló que Martinelli usaba las cuentas de dos empresas panameñas (Pachira y Mengil), a las que se transfirieron a su nombre alrededor de 30 millones de dólares gracias a las gestiones de Betingo en BPA. Martinelli y sus dos hijos también están entre los 50 imputados en la causa panameña.

Varios ministros del gobierno panameño también recurrieron a Betingo para lavar sus coimas. Por ejemplo, a través de las offshore Westfall, Ralfim y Randalle, según confesó Soares. 

El abogado Rodrigo Tacla Durán también fue uno de los testigos que narró con lujo de detalles cómo Betingo asesoraba a empresarios y testaferros a operar cautelosamente dentro de BPA, según los videos que publicó Sudestada. 


La intermediaria

La fiscalía panameña también mencionó entre aquellas personas que “prestaron los servicios o su identidad para elaborar la estructura financiera que le permitiera a la caja 2 de Odebrecht, encubrir, ocultar, transferir la suma de dineros ilícitos hacia los beneficiarios finales” a la contadora uruguaya Maya Cikurel Spiller.

Según los datos obtenidos de cuentas bancarias uruguayas, Cikurel era quien administraba los fondos a nombre de la sociedad panameña Arcadex SA. Esta empresa de papel era “intermediaria en el esquema de ocultamiento de dinero ilícito”, ya que recibía fondos que luego se depositaban en otras cuentas a nombre de fachadas como Baxley Assets Inc, Select Engineering Consulting and Services o Constructora Internacional del Sur.


Arcadex, la empresa que administraba Cikurel, servía para ocultar los beneficiarios finales de los sobornos. 

El exdirectivo de Petrobras Renato de Souza Duque también fue uno de los clientes de Cikurel, ya que como representante de la empresa panameña Milzart Overseas SA recibió dinero desde la cuenta de Arcadex SA a través de bancos suizos.

“Dice el Ministerio Público de la Confederación Suiza, que además pudieron identificar a Barry W. Herman, Maya Cikurel Spiller, Olivio Rodrigues como los beneficiarios finales de las cuentas a nombre de las sociedades controladas por la empresa Constructora Norberto Odebrecht”, explicó la fiscalía.

Juan Francisco Mutio Cerdeiras es el otro uruguayo en la lista de acusados por lavado de dinero ante la Justicia de Panamá. Mutio fue identificado como uno de los “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”.

Mutio asumió el 16 de julio de 2010 la presidencia de Sherkson International, una SA uruguaya que lavó decenas de millones de dólares para Odebrecht, la verdadera dueña de la sociedad. El nombre de Mutio Cerdeiras fue mencionado como gestor de Sherkson por el delator Vinicius Veiga Borin, quien trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargado de gestionar el pago de coimas.

El rol de este hombre de 59 años en la estructura de lavado fue definida en la acusación fiscal como la de una “interpuesta persona dentro de la conducta del blanqueo de capitales”, ya que tanto él como Cikurel “resultan ser testaferros de la empresa Odebrecht, debido a que su actuar dificultó la identificación del verdadero origen de la transferencia y los verdaderos beneficiarios finales”.

La suerte de Sanguinetti, Cikurel y Mutio se conocerá en setiembre, cuando la jueza Márquez vuelva a convocar a la audiencia en ciudad de Panamá. 


*Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).