Pasaron más de 100 años para que la agremiación de fiscales resolviera adoptar una medida de estas características: “paro nacional por 24 horas”. Y esto habla a las claras de la gravedad del problema, de acuerdo al análisis sindical que se ha realizado como preámbulo de la histórica decisión.

Las reivindicaciones de los magistrados del Ministerio Público no catalizaban en paros masivos o de larga duración, pero la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) ha cambiado la situación.

Al mediodía del jueves 9 de mayo la fiscal adjunta, Susana Rivadavia, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en su oficina de trabajo, en la calle Cerrito. Su materia era la de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género.

Ese día se suspendieron las actividades, y mientras fiscales y funcionarios se concentraban en la puerta del edificio donde ocurrió la muerte, entre los lamentos por la compañera fallecida, surgieron todo tipo de cuestionamientos al sistema de trabajo implementado a partir de la puesta en práctica del nuevo CPP, vigente desde noviembre de 2017.

“Pésimas condiciones de trabajo”, “fiscales que se han enfermado, muchos se mantienen certificados, otros han adelantado su retiro voluntario”, “condiciones de exigencia extremas, que implican claras violaciones a los derechos humanos de los trabajadores”, fueron algunos de los comentarios.

Estas opiniones y otras similares se expresaron luego en una asamblea de la Asociación de Fiscales que derivó en la decisión de paro, a la vez que se elaboró un informe cuestionador de las circunstancias, con críticas al Parlamento por votar leyes que afectan al sistema de justicia y que luego –entienden– no se pueden cumplir en la práctica, y a la Fiscalía de Cote por la estructuración del trabajo en el Ministerio Público a partir del nuevo CPP.

Basándose en ese documento, la Federación Latinoamericana de Fiscales expresó su “preocupación por la situación” y apuntó: “Si bien es inherente a la función del fiscal poder sobrellevar situaciones imprevistas (ya que no puede vaticinarse lo que ocurrirá en un turno) y extenderse en jornadas laborales desatendiendo horarios rígidos, no es menos cierto que la sobrecarga laboral constante, la falta de reemplazos, la mala distribución territorial, las deficientes condiciones edilicias, precarias, falta de seguridad, irregularidad en el pago de viáticos, producen un deterioro de la función y colocan al Fiscal en una situación de riesgo inaceptables”.

“Como bien se señala en el informe, no hay dudas de que el estado actual es el resultado de una deficiente planificación que no fue sustentada en datos y estadísticas reales”, sentenció la organización.

Añadió que esto es “lamentable” porque cuando el Parlamento aprobó el nuevo Código “aplaudimos la puesta en marcha de un sistema procesal acusatorio-adversarial”, donde las investigaciones quedan a cargo de la Fiscalía y el juez es un tercero imparcial que escucha a las partes, y adopta una decisión.



Para la Federación, el cambio hacia el nuevo CPP significa un “progreso hacia una justicia más eficiente, con mayor publicidad, sin delegación de funciones; una justicia más republicana. Pero la deficiente planificación e implementación, ensombrece todo el proceso”, subrayó.

“Debe comprenderse que el nuevo sistema se asienta en el fortalecimiento de la figura del fiscal, y las situaciones expuestas reflejan, que a 18 meses de la puesta en marcha del nuevo ordenamiento procesal, está al borde del colapso”, vaticinó.

La organización internacional señaló que “ya no se trata entonces sólo de un reclamo gremial, sino de una alarma institucional que pone en grave crisis el sistema de justicia, y en el que los fiscales exponen su salud”.

La "sobrecarga" y el "estrés" de los fiscales

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, Mirta Morales, dijo Sudestada que “no hay una molestia de los fiscales por el nuevo Código sino que, a 18 meses de haberse puesto en práctica, merece diversos ajustes internos: repensar cómo la estructura de Fiscalía soporta al nuevo Código”, sostuvo.

La fiscal declaró que es “imperiosa una modificación presupuestaria para poder tener los nuevos cargos que el nuevo Código requiere”, pero reconoció que en año electoral eso es imposible por prohibición constitucional.

“Como hasta 2021 no vamos a contar con presupuesto nuevo, lo que planteamos es observar cómo se está implementando el nuevo código y hacer cambios, aún con presupuesto cero, antes de colapsar”, explicó.

Entre las propuestas del gremio, se encuentra la de “redistribuir los cargos para que se trabaje donde más se necesita, se trate de funcionarios o de magistrados; así se podría disminuir, por ejemplo, la cantidad de fiscalías de turno único”, donde un fiscal atiende todos los casos que se presentan.

Morales entiende que, aunque hubo algunas contrataciones e inversiones edilicias y logísticas, en lo sustancial “se mantuvo una estructura pensada para el Código anterior”, que atribuía el peso de la investigación a los juzgados y no a las Fiscalías, como ocurre actualmente.

“El Parlamento debería desistir de votar legislación que implique la presencia preceptiva de los fiscales en audiencia, porque se sigue recargando a la Fiscalía cuando se conoce la escasez de personal que existe”, cuestionó la magistrada.

Recordó que a partir de las últimas modificaciones legislativas los fiscales deben “asistir preceptivamente a las audiencias de vulnerabilidad de menores en la parte civil: esto implica más que una sobrecarga, por ejemplo, para un fiscal que se encuentra en el interior, que tiene turno único (responsabilidad en todos los casos que se presenten), atiende todas las materias, se encarga de los casos del Código viejo, de los asuntos del nuevo CPP y de Aduanas, ambas materias en las debe asistir a todas las audiencias…”.

“No se puede estar en todos lados a la vez, entonces el fiscal termina por optar adónde concurrir, si a la sede Penal, a la de Aduana, a Familia o ahora a la Civil, y eso le implica un estrés mayor porque sabe que al faltar a alguna de esas audiencias está incumpliendo con una normativa legal que lo hace asumir una responsabilidad imposible de cumplir en los hechos”, describió Morales.




El fiscal de Corte, Jorge Díaz –quien cuestiona que las medidas de fuerza gremial se realicen ahora y no el año pasado cuando se discutía la rendición de cuentas y había margen para aumentar partidas presupuestarias–, promueve modificaciones legislativas a fin de que los fiscales dejen de actuar en materia Civil o de Aduana, porque entiende que ocuparse de procesos no penales, es dilapidar recursos del Estado.

La fiscal Morales indicó al respecto: “Nosotros pedimos que se realice un estudio profundo sobre la naturaleza que debe tener el Ministerio Público, y su función, pero no a la ligera, tapando agujeros por la urgencia; esto necesita seriedad”.

“Si se resuelve sacar competencias al Ministerio Público, que se haga de manera armónica, sistemática, que no afecte estructuras jurídicas. En lo inmediato es cierto que precisamos que nos saquen esas competencias, para poder funcionar mejor, pero si pensamos todo esto jurídicamente, nos da temor llegar a una conclusión tan enfática y de manera tan rápida: estas cosas deben ser planificadas, razonadas, evaluadas con seriedad, y no solo porque la necesidad funcional hoy requiera un cambio que no afecte el presupuesto”, enfatizó la presidenta del gremio de fiscales.