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24/07/2020

Preocupación en el FA por designaciones en el gobierno con altos salarios

Varios diputados enviaron un pedido de informe a la Oficina Nacional del Servicio Civil para conocer el detalle de contratos con unidades que dependen de Presidencia. Lee la respuesta
Siete diputados del Frente Amplio enviaron un pedido de informe a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para conocer, en detalle, los contratos de arrendamiento de servicios y de obra firmados en su mayoría por unidades ejecutoras y agencias que dependen directamente de Presidencia de la República.

Este pedido se realizó luego que, en los primeros días de junio, Sudestada difundiera varios contratos anuales firmados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y algunos ministerios, con salarios que en algunos casos superan los 200 mil pesos mensuales. 

El Ministerio del Interior contrató en régimen de arrendamiento de servicios de Juan Andrés Ramírez Saravia, como consultor y coordinador general del Programa Integral de Seguridad Ciudadana desde el 1º de mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, en un régimen horario de 40 horas semanales, con una remuneración mensual prevista por persona de 140.466 pesos más IVA, señala el documento al que accedió Sudestada fechado el 20 de mayo.

En 2018 Ramírez intentó ser precandidato presidencial por el Partido Nacional, pero casi de inmediato desistió de seguir en carrera. Es hijo del ex ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez Turrel, quien estuvo en ese cargo entre el 1° de marzo de 1990 y el 10 de noviembre de 1993, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

El Ministerio de Economía y Finanzas contrato en régimen de arrendamiento de servicios de Marcela Bensión Mallo, como consultora y asesora en política económica durante 12 meses, con una carga 40 horas semanales y una remuneración mensual 265.724 pesos más IVA, según el documento. Bensión es hija del contador Alberto Bensión, un militante de la Lista 15 del Partido Colorado quien en las elecciones de 1989 acompañó la candidatura de Jorge Batlle en calidad de asesor en materia económica.

Otro de los documentos publicados por Sudestada –firmado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isacc Alfie– solicita la contratación directa del economista Julio Ernesto de Brun en el entendido que tiene vasta experiencia en políticas macroeconómicas, ya que se desempeñó como presidente del Banco Central del Uruguay (2002-2005) y presidente del directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo (2000-2002), durante la crisis financiera del gobierno de Jorge Batlle.

De Brun recibirá 142.189 pesos más IVA por mes en el marco del Proyecto PNUD URU/12/001-Proy. 00082818, según señala el documento. De Brun militó en la Unión Colorada y Batllista y fue director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay entre 2006 y 2013.



Los diputados del Frente Amplio, Gustavo Olmos, Luis Gallo, Claudia Hugo, Cristina Lustemberg, Carlos Varela, Constante Mendiondo y Sergio Mier, enviaron un pedido de informes a la Oficina Nacional del Servicio Civil en el entendido que muchas de estas contrataciones aparecen como cargos técnicos, cuando en realidad se trata de cargos de confianza, con sueldos mensuales que están casi a la misma altura que lo que percibe un ministro.

La Oficina Nacional del Servicio Civil respondió que no posee la información solicitada, y encomendó realizar un nuevo pedido de informes a cada uno de las unidades y agencias por separado, lo que aumentó la preocupación entre los diputados de la oposición.

“Si bien la Oficina Nacional del Servicio Civil, en consulta con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, interviene previo a las contrataciones que impliquen la prestación de servicios personales por parte de personas físicas, no genera un registro de los datos analizados en el expediente. En consecuencia la información requerida debería solicitársele a la Presidencia de la República, la OPP, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, el Instituto Nacional de Estadísticas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la Secretaría de Deportes y Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento”, señala el documento.


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