Leandro Pais / Sudestada

La ley de responsabilidad penal empresarial constituye “un gran avance”, está “inspirada en las normas de países avanzados” y tiene “mucha utilidad disuasiva” para “que los administradores de las empresas tomen las “precauciones” necesarias en la seguridad laboral, coincidieron varios abogados laboralistas, un ex juez penal, un constitucionalista y una profesora española de Derecho Laboral, durante dos jornadas académicas organizadas por el sindicato de la construcción (Sunca).

En Uruguay mueren más trabajadores en accidentes de trabajo que por rapiñas, disparó el secretario general del Sunca, Óscar Andrade, quien se basó en las estadísticas de siniestralidad laboral que calificó como “dramáticas”. Para Andrade la ley de responsabilidad penal empresarial “es una parte de una estrategia global”, ya que es necesario que los obreros se nieguen a realizar tareas peligrosas en pos de “no arriesgar el pellejo en el laburo”.

El sindicalista dijo que se ha demostrado que este tipo de ley “sí funciona” y puso como ejemplo la disminución de los accidentes laborales en Perú y en España, luego que fueran aprobadas normas similares. Andrade se congratuló por el debate que ha generado esta nueva ley porque “destapamos una olla terrible”, al punto que las cámaras empresariales decidieron debatir “sobre lo que la ley no dice”. Agregó que la normativa es “justa”, opera en “casos graves” y tiene “enormes fortalezas constitucionales”. Así comenzó la primera de las denominadas “Jornadas Académicas en Defensa de la Vida”, organizadas por el Sunca entre el 23 y el 24 de abril en el teatro El Galpón.

El moderador de esta jornada, el senador oficialista Oscar López Goldaracena, recordó el “rol protagónico” del movimiento sindical en la aprobación de esta ley que prevé penas de cárcel para los empresarios que no cumplan con las medidas de seguridad laboral y pongan en peligro “grave y concreto” la vida de los trabajadores. “El Derecho no es un mundo ajeno a la ciudadanía”, dijo López Goldaracena al comenzar la actividad.

El abogado laboralista Héctor Babaco explicó que “los avances tecnológicos” han sido fuentes de nuevos “peligros” y si bien reconoció que “es absolutamente cierto que hay una cultura importante de prevención en nuestro país” aclaró que “esto no es suficiente”. Poco después se emitió un video donde el abogado constitucionalista, José Korzeniak, aseguró que “la ley no tiene ninguna inconstitucionalidad” y destacó que tendrá “mucha utilidad disuasiva”. En opinión del ex senador socialista el objetivo de la ley es “que los administradores de la empresa tomen las precauciones necesarias” en materia de seguridad laboral.

Para el abogado laboralista, Carlos Casalás, esta ley es la primera norma referente al “Derecho Penal del Trabajo” en el país y recordó que “Uruguay fue un país avanzado” en las medidas de seguridad laboral, en especial durante el período batllista.
Por su parte, el abogado y ex juez penal, Federico Álvarez Petraglia, afirmó que esta ley es “racional” y “constitucional” y subrayó que abarca por igual al sector privado y al público. Pese a esto, reconoció que en la aplicación de la normativa “vamos a tener problemas” con las empresas multinacionales que tienen como directores a personas oriundas de otros países quienes, además, están radicadas en el exterior.

“No es un invento de los comunistas”

Esta ley “no es un invento de los ‘comunistas’, de los malos”, si no que “está inspirada en las normas de países avanzados”, dijo el director del Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República, Juan Raso Delgue, al comenzar la segunda jornada académica en el teatro El Galpón. Raso explicó que los accidentes laborales son “una responsabilidad común de empleadores, trabajadores y Estado”, ya que Uruguay registra una “gran siniestralidad”. Destacó que esta norma obligará a un “control importante del empleador” para “reforzar las tutelas y las garantías”.

El abogado laboralista, Héctor Zapirain, señaló que esta legislación es “novedosa” para el país y constituye “un gran avance” porque la “tradición” indicaba que, salvo excepciones, el empleador respondiera ante la justicia “civil” y no en lo penal, cuando se producían accidentes laborales. “¿Debe ser el Banco de Seguros del Estado el instituto que ampare en caso de accidentes?, o debemos procurar otros mecanismos”, se preguntó Zapirain.

Por su parte, la abogada laboralista, Brenda Ibarra, dijo que “no se trata de que el Sunca quiera encarcelar a los empresarios” y señaló que de parte de algunos colegas suyos “hay ciertas críticas (a la ley) que no son honestas”.

Una ley similar a la española

La ley de responsabilidad penal empresarial vigente en España desde 1995 establece “muchísimos más delitos” que la norma aprobada en Uruguay, dijo la profesora de Derecho Laboral de la Universidad de Castilla La Mancha, María Acale, durante el cierre de la última jornada académica. La ley uruguaya fue redactada tomando como base la legislación española, dijo Acale quien explicó que ambas tienen “amplias coincidencias”, pero también “importantes diferencias”.

Acale –una de las expositoras más elogiadas– destacó que previo a la crisis económica en España, que comenzó sobre el año 2008, su país presentaba la mayor siniestralidad laboral de toda la Unión Europea. La experta laboralista española destacó que en la actualidad en su país “se ha controlado la siniestralidad laboral”, aunque aclaró que temía que esta mejora tenga estrecha relación con el alto nivel de desempleo generado por la crisis económica.