Leandro Pais / Sudestada

En diálogo con Sudestada el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinó que no le encuentra “grandes ni pequeños defectos” a esta nueva norma que prevé prisión, en algunos casos, para los empleadores que incumplan con las normas de seguridad laboral. “A mí me parece que es una ley sumamente necesaria. Tendremos que ver si está redactada de la mejor manera posible o no. Yo no le veo grandes defectos, tampoco pequeños”, indicó.

Para el jurista “el solo hecho de la sanción de esta ley nos muestra que está cumpliendo sus efectos, porque cuando era un proyecto de ley muchos la criticaban y trataron de que no se aprobara. Pero ahora que la norma es una realidad, están todos tomando medidas para evitar que la ley se aplique”. Pérez destacó que las “medidas” contenidas en la nueva norma no buscan “evitar que se aplique (la ley) cuando corresponde aplicarla, si no que se trata de evitar que se produzcan los hechos desgraciados y lamentables que puedan llevar a la aplicación de esta ley”.

“Ahora lo que uno ha empezado a ver es que los grandes estudios jurídicos que asesoran a las empresas les están diciendo que es lo que tienen que hacer para evitar que se cumpla” lo establecido por la nueva normativa, explicó el juez de la CIDH.
El experto señaló que “ojalá la ley siga en vigencia y cumpla la finalidad que tiene, pero que no haya que aplicarla. En todo caso, si hay que aplicarla haya que aplicarla sola, no junto con las normas sobre homicidios y lesiones”.

Pérez se pronunció respecto a las opiniones que –desde la oposición política y las cámaras empresariales– aseguran que esta norma es inconstitucional y se mostró muy crítico con la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La declaración de inconstitucionalidad “ha comenzado a difundirse por nuestra sociedad” porque “algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, varias de las cuales no han sido muy bien fundadas, han declarado inconstitucionales algunas normas donde lo más dudoso o lo más seguro era que no fueran inconstitucionales, si no que estaban en contra de alguna idea de lo que los jueces tenían acerca de que era la ley deseable”.

Para el constitucionalista “eso también genera un efecto de que hay abogados que ganan dinero defendiendo a quienes dicen ‘esto es inconstitucional’ cuando en el fondo están diciendo ‘no quiero que esto se me aplique’”.

Sin “peligro” de inconstitucionalidad

Pérez rechazó de plano los argumentos que se esgrimen para declarar inconstitucional esta ley, aprobada en el Parlamento el 17 de marzo que establece una pena de tres a 24 meses de prisión para el empleador que no adopte medidas de seguridad laboral poniendo “en peligro grave y concreto la vida o la integridad física del trabajador”. “No veo francamente peligro (de inconstitucionalidad) hay un delito de peligro que, a diferencia de otros ilícitos alcanza con que exista la posibilidad de producción del daño en cuestión”, señaló.

En ese sentido, el magistrado recordó que existe “todo un titulo del Código Penal sobre la seguridad pública” donde se señalan cuestiones como “peligro de desastre ferroviario” y “peligro de incendio”. “Eso está en el Código Penal desde hace muchos años y nunca a nadie se le había ocurrido, seriamente, decir que eso es inconstitucional”, afirmó.

El abogado también respondió a las críticas realizadas a la nueva ley en relación a lo que se conoce como “leyes penales en blanco”. “Obviamente (la ley) no puede prever todas las circunstancias, las medidas a omitir en este caso son las que están previstas en la reglamentación y eso ocurre en el Código Penal uruguayo tanto en el titulo relativo a delitos contra la seguridad pública como en delitos contra la salud pública, donde hay una remisión a las reglamentaciones”, explicó. “No hay ningún sistema jurídico donde un Código Penal pueda prever absolutamente todos los detalles reglamentarios que hay que prohibir, entonces allí no hay tampoco una objeción”, aseguró Pérez.

Perfil

Alberto Pérez Pérez, nació en Montevideo el 15 de junio de 1937. Es abogado egresado de la Universidad de la República, con estudios de posgrado realizados en Estados Unidos, tanto en la Universidad Metodista del Sur, como en la Universidad de Columbia.

Activista por los derechos humanos, experto en derecho constitucional y docente uruguayo también fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. También ha trabajado en varios organismos de Naciones Unidas y en la actualidad se desempeña como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).