El voluminoso expediente en papel que podía verse en la audiencia de este lunes. 

Se realizó este lunes 12 la audiencia preliminar del proceso judicial que se lleva adelante en Panamá por la corrupción diseminada en ese país por la constructora brasileña Odebrecht, y que contó con la activa participación de tres uruguayos.

La contadora Maya Cikurell Spiller, Andrés “Betingo” Sanguinetti y Juan Francisco Mutio son tres del medio centenar de personas imputadas en el expediente que tiene más de 2700 tomos y más de 1 millón de fojas, según se ventiló ayer en el juzgado a cargo de Baloísa Marquínez, Jueza Tercera Liquidadora de causas penales.

Antes de iniciar la audiencia, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo declaró que el objetivo de la instancia judicial era “reiterar la vista fiscal, donde va a solicitar el llamamiento a juicio para 50 personas”. “Esta es una investigación que se ha nutrido en gran parte de la colaboración internacional judicial. Recuerden que es un delito que ha trascendido fronteras y el Ministerio Público se ha servido de ese auxilio a través de las asistencias jurídicas internacionales”, explicó.

Uruguay no ha sido uno de los países colaboradores con esas asistencias mencionadas por Morcillo, ya que el año pasado rechazó un pedido de extradición de Cikurel por razones formales, según el criterio de la jueza María Helena Mainard. Sin embargo, a pesar de esa decisión existe la posibilidad de haya un nuevo pedido, en función del avance del proceso que tendrá lugar en esta nueva etapa, hasta el 30 de setiembre.

Esta vez la defensa de Cikurel intentó nuevamente eludir a la Justicia panameña, presentando un recurso de habeas corpus para deslindar a la contadora uruguaya del proceso. La jugada del penalista Gonzalo Fernández fue rechazada el viernes por el juzgado a cargo de Marquínez, según informó TV Ciudad, por lo que la profesional se mantiene dentro de la lista de personas investigadas.

En la audiencia de ayer estuvieron presentes los abogados Abilio Bautista Domínguez (defensor de Cikurel) y Alexander Allard Rodríguez (defensor de Sanguinetti), en ausencia de ambos acusados. También estuvo en la sala el abogado Joy Paull Torres, representante de Juan Francisco Mutio Cerdeiras, quien acompañó la instancia a través de la plataforma Zoom.


Juan Francisco Mutio Cerdeiras y su abogado Joy Paull Torres, durante la audiencia. 

Este lunes, la jueza Marquínez rechazó varias "incidencias" presentadas por los abogados de los indagados, entre ellas una presentada por el defensor de Sanguinetti, para suspender la audiencia en virtud de un pedido de sobreseimiento de su cliente que no fue resuelto. La magistrada se refirió a la gran cantidad de "incidencias meramente dilatorias" que habían sido presentadas de forma improcedente, y que fueron rechazadas para dar continuidad al proceso. 


Las responsabilidades uruguayas en el blanqueo


Alexander Allard Rodríguez, abogado de Betingo Sanguinetti.

En el caso de Betingo, es conocida ya su participación en el esquema que utilizó el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal para ocultar el dinero de las coimas mediante cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de las que el uruguayo llegó a ser vicepresidente de la filial en Montevideo. Según la vista fiscal que comenzó a leerse en la audiencia de ayer, Sanguinetti usaba varios sobrenombres en el sistema encriptado “Drousys” que ideó Odebrecht, entre ellos “Maverick” y “Mustang”.

En tanto, la contadora Cikurel era quien administraba los fondos a nombre de la sociedad panameña Arcadex SA. Esta empresa de papel era “intermediaria en el esquema de ocultamiento de dinero ilícito”, ya que recibía fondos que luego se depositaban en otras cuentas a nombre de otras fachadas como Baxley Assets Inc, Select Engineering Consulting and Services o Constructora Internacional del Sur. Todas manejadas en las sombras por los dueños de Odebrecht, para pagar sobornos multimillonarios.

Por su parte, Mutio Cerdeiras es el otro uruguayo en la lista de acusados por lavado de dinero ante la Justicia de Panamá. Mutio fue identificado como uno de los “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”.


Abilio Bautista Domínguez, abogado de Maya Cikurel.