“Hay que educar en la cárcel y a pesar de la cárcel. No queremos más cárceles pero mientras las haya hay que garantizar los derechos humanos para los que están allí y esto impele un sentido vigoroso a la educación despojándola de cuestiones tratamentales, disciplinantes, de seguridad y de control", dijo el magíster en DDHH, Francisco Scarfó, uno de los fundadores del Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC) de Argentina.

Para Scarfó existen varias tensiones entre el sistema de seguridad y el educativo en situaciones como la entrada de familiares o de los propios educadores a los centros de reclusión, el ingreso de alimentos y otros artículos, los horarios y hasta el trato que dispensa la guardia a docentes o a la visita de los presos.

"A veces sucede que porque la guardia cree que algún docente posibilitó el ingreso de algún artículo cambian todas las reglas de juego para que los educadores puedan trabajar con total libertad", ilustró Scarfó quien trabaja como maestro de educación primaria de adultos en centros de privación de libertad desde hace más de 24 años.

Estas declaraciones fueron realizadas la semana pasada en el seminario internacional "Bases hacia una estrategia nacional para personas en conflicto con la ley penal" que realizó en el marco del Programa de Justicia e Inclusión, coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), financiado por la Unión Europea y organizado por OIT/Cinterfor, junto al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

El coordinador general de la OPP y del Programa de Justicia e Inclusión, Pablo Álvarez, recordó que desde el año 2011 el organismo trabaja con varias instituciones para que "las personas privadas de libertad en conflicto con la ley penal no debieran tener vulnerados sus derechos salvo el de libre tránsito".



Este seminario se enmarca en un proceso de trabajo de una mesa interinstitucional que diseñó, implementó y evaluó propuestas articuladas para promover el fortalecimiento de las capacidades y la generación de oportunidades de inclusión social de las personas sujetas a medidas penales.

Para la responsable de Capacitación y Cooperación Internacional en la Coordinación Nacional de Modalidad Educación en Contextos de Encierro, del Ministerio de Educación y Deportes de Argentina, Stella Maris Pallini, existen varios puntos de tensión en los centros de reclusión. "Uno de los elementos de tensión es si se deben impartir clases con una currícula específica o no, la otra es cuando se le da a optar al recluso entre la formación educativa o el trabajo y también los espacios destinados a la educación sobre el tiempo para las visitas de familiares o de jueces. Es bueno recordar que los niños no están presos", sentenció.

Pallini agregó que otro punto de tensión se registra cuando a las mujeres privadas de su libertad se les obliga, en cierta forma, a tener que elegir entre el tiempo para dedicar a la educación sobre el que debe destinar a la atención de sus hijos.

Por su parte, el profesor Elionaldo Fernandes Julião de la Universidad Federal Fluminense del estado de Río de Janeiro parafraseó a un intelectual brasileño quien postuló que "la privación de libertad es el vacío de las políticas públicas y yo agregaría que es el terreno baldío". En ese sentido, puntualizó que el 57% de las personas recluidas en las cárceles de su país son de raza negra. Agregó que la mayoría de los presos son pobres y tienen entre 18 y 34 años de edad.

A su turno, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, fue bastante crítico sobre la educación en los centros de privación de libertad. "Nuestro sistema penitenciario, desde sus orígenes, no fue concebido como un sistema educativo, sino desde el punto de vista punitivo. Uruguay tiene una arquitectura penitenciaria, pero carece de una sicología penitenciaria", dijo Petit para quien el sistema "tiene movimientos paquidérmicos" al punto que "aún hoy se debate sobre la pertinencia de que los reclusos usen uniformes".

Petit realizó una analogía entre las cárceles y la novela Ciudades invisibles del escritor Italo Calvino y aseguró que "no existe la rehabilitación". Por esa razón, bregó por instalar "la idea de reparación que es más compleja" porque "puedo rehabilitar una radio o un reloj, pero a una persona no es un aparato, no es bueno simplificar".

El informe Nowak

El director del Observatorio Latinoamericano para la investigación en Política Criminal y en las reformas en el Derecho Penal (OLAP), Pablo Galain, señaló que una de las principales tensiones se producen entre el individuo y el Estado que hace uso de la fuerza como método de sanción. Con un estilo provocador, Galain criticó la leyes que sanciona determinados delitos, ya que muchas veces los legisladores o tienen mal asesoramiento "o directamente no están asesorados".

El experto internacional se preguntó por qué motivo el consumo de cannabis fue regulado para todos los uruguayos, pero al mismo tiempo se reprime con todo el peso de la ley entre las personas en contextos de encierro. Y además recordó que las cárceles uruguayas son “inhumanas”, según la conclusión, plasmada en un voluminoso informe, realizado por el entonces Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Manfred Nowak, a fines del primer gobierno de Tabaré Vázquez.

Un concepto similar repitieron, en marzo de 2012, representantes del equipo formado por Nowak ante la atenta mirada del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Nowak visitó Uruguay para hacer un seguimiento de la situación carcelaria. La nueva evaluación concluyó que las condiciones en Uruguay siguen siendo “inhumanas” y “constituyen una violación sistemática y continua de los derechos humanos” de los presos.

El segundo informe señaló que el gobierno realizó esfuerzos como la construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Las Rosas en Maldonado, y de institutos que unifican criterios operativos (el INR, que administra las cárceles para adultos, y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes para los menores).

No obstante, advirtió que “resulta difícil entender cómo a través de una mera nueva nominación de las instituciones, así como de su personal, puede llevarse adelante un enfoque y método de trabajo verdaderamente nuevos”.

La necesaria articulación

En otras de las mesas de debate, la socióloga Mariana Amaro, de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes de la UTU, reconoció que la institución donde trabaja no tiene sistematizado el trabajo educativo en los centros de privación de libertad y "ésa es una diferencia grande que tenemos con Secundaria".



De todas formas, consideró que existe una presencia muy importante de UTU con sus cursos técnicos en las cárceles y por eso abogó por una mejor articulación entre todos los organismos encargados de brindar enseñanza en contextos de encierro.

Una idea similar manejó la directora Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos del CODICEN, Estela Alem, quien aseguró que la articulación es "imprescindible" porque "a veces los que trabajamos en una misma institución en una misma área no nos conocemos los caras y eso no puede ser".

Además, señaló que la articulación de todos los actores involucrados en la enseñanza en los centros de privación de libertad servirá para optimizar los recursos del Estado, pero también de las instituciones de la sociedad civil que trabajan para dignificar la vida en las cárceles.