Con la mediación de la Dirección Nacional de Trabajo, el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y los trabajadores sindicalizados firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto que provocó -entre otras medidas- la ocupación de las oficinas de la institución el pasado 22 de diciembre.

Según el texto del acuerdo, al que accedió Sudestada, el INISA se comprometió a revocar la resolución del pasado 30 de junio que dispuso el sumario a 37 trabajadores, medida que el sindicato cuestionaba por considerarla violatoria de la libertad sindical y el derecho de huelga. En su lugar, el organismo dictará una nueva resolución aclarando el objetivo de los sumarios, en el sentido de establecer las responsabilidades de los funcionarios en la huelga realizada en agosto de 2015.

La medida sindical de la semana pasada coincidió con el fallo del Tribunal de Apelaciones de 3º Turno que absolvió a 14 de los 26 funcionarios procesados por los incidentes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) ocurrido en agosto de 2015. El Tribunal dispuso además que para los 12 funcionarios restantes se modificara la carátula del expediente, imputando “abuso de autoridad” en lugar de “torturas”.

Mientras las autoridades del INISA encabezadas por Gabriela Fulco consideraron que durante la huelga de 2015, que determinó que el gobierno decretara la esencialidad por 30 días en tres centros de reclusión, los trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo y cometieron faltas administrativas, el sindicato estimó que los sumarios habían implicado “medidas represivas” del directorio encabezado por Fulco, que “intenta una vez más desconocer a la organización sindical y las medidas legítimamente tomadas por los trabajadores”.

Ahora el acuerdo firmado por el INISA y el sindicato incluye además el compromiso de redactar un protocolo de actuación de los funcionarios en el que “se asegure la cobertura y asistencia de los jóvenes privados de libertad, tanto en situaciones cotidianas como de conflicto, en cualquiera de sus modalidades, para su consideración a nivel tripartito”.

Las dos partes también se comprometieron a “manejar la comunicación, interna y externa, con la mayor prudencia posible, a fin de contribuir a un mejor clima laboral, así como también para evitar un estado de inseguridad en los internos y sus familiares”.

El documento fue firmado en nombre del INISA por su director Alvaro Viviano (no figuran ni su presidenta Gabriela Fulco ni el vicepresidente Eduardo Katz), mientras que por el sindicato firmaron su presidente Joselo López, su secretario general Carlos Salaberry y los dirigentes Tatiana Antúnez y Víctor Mango. También firmó el secretario general del PIT-CNT Marcelo Abdala.

En referencia al contenido del acuerdo, Viviano dijo que el directorio del INISA “está fijando una política de una atención muy cercana de cualquier situación de vulnerabilidad de los derechos de los jóvenes a los efectos de tratarla y de frenarla”.

En declaraciones al programa De diez a doce de Radio Uruguay el jerarca explicó que el “cambio radical” de la gestión pasa por equilibrar la privación de libertad con el sistema de medidas no privativas pero que los principales obstáculos para eso son las carencias de infraestructura y la falta de funcionarios.

El acuerdo