Desde que se hizo pública la existencia del decreto N° 115/018 aprobado el 24 de abril se sucedió una serie de reacciones en contra del texto que subordinó los estudios sobre el agua y sus resultados al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Este lunes el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, aseguró que existe el compromiso del gobierno para cambiar el decreto a través de una comisión interministerial que trabaja en las modificaciones, tomando como insumos las sugerencias de técnicos de la Udelar.

Markarian dijo que fue el presidente Tabaré Vázquez quien le manifestó si intención de eliminar varios puntos que restringen la libertad de investigación.

En cuanto a los cambios que propone la Universidad, Markarian destacó la eliminación de “las restricciones a la libertad de investigación, que se establecieron exageradamente” en el decreto.

Censura previa

El decreto del Poder Ejecutivo 115/018, del 24 de abril último, reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (N° 19.175), aprobada el 20 de diciembre de 2013, que sustituyó a la Ley de Pesca (N° 13.833) del año 1969. Según dijo el ministro de Ganadería Enzo Benech el texto estaba pronto desde 2015 pero lo firmó en abril sin notar que hubiera motivo para generar polémica por parte de los científicos.

Sin embargo fue primero un grupo de 15 científicos de la Facultad de Ciencias que al tomar conocimiento del decreto presentaron un recurso para evitar su aplicación debido a que subordina la posibilidad de realizar investigaciones ambientales sobre el agua a la autorización de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del MGAP.

El reglamento también generó oposición dentro del oficialismo, ya que el sector Ir del Frente Amplio, que integra el director nacional de Medio Ambiente Alejandro Nario también expresó su posición contraria al texto y reclamó su modificación.

Desde la sociedad civil el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) emitió un comunicado el pasado jueves en el que alertó ante la imposición de una “censura previa” por parte del Poder Ejecutivo a la realización y publicación de investigaciones científicas.

Luego de reunirse con el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, CAinfo señaló su rechazo al texto por considerar que las disposiciones del decreto “afectan el trabajo de investigación y divulgación científica”.

“Es oportuno recordar la vigencia del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la cual Uruguay es signatario, que consagra que los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales constituyen una parte central de la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, y son la base de la democracia ambiental y la buena gobernanza”, señala el comunicado.

Según la organización, el texto elaborado por el Poder Ejecutivo “no solo afecta a los investigadores sino también el derecho a la información de la población en general”, ya que “establece un mecanismo de censura previa que va en contra de la Constitución (artículo 29) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) a la cual Uruguay se adhirió”.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, también cuestionó el decreto reglamentario de la ley de recursos hidrobiológicos. Lanza aseguró al programa Fuga de Noticias de El Espectador que el texto viola convenios internacionales suscritos por Uruguay porque establece la “censura previa”.