Fiscal de la Nación, Jorge Díaz, expone en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales

El fiscal Enrique Viana interpuso los recursos de revocación y de anulación contra la Instrucción General N° 2 y la Resolución de Fiscalía de Corte N° 295/2017, firmadas el 29 de mayo de 2017.

Mediante estas decisiones administrativas, la Fiscalía de Corte comunicó “una instrucción general aprobada por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, por la cual se determina el marco general de actuación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y otras dependencias administrativas con competencia en materia de procedimiento penal”.

La controversia se enmarca en el cambio que implicará la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que dejará las investigaciones en manos de los fiscales, en vez de recaer en los Juzgados, como sucede en el sistema actual.

Viana, conocido por su antagonismo a los nuevos criterios que se pretenden aplicar para el funcionamiento del Ministerio Público, entiende que “con dichos actos administrativos, formal y sustantivamente, se viola la regla de Derecho y con grave desviación de poder” y que el “dictado de la instrucción a los Fiscales, que aquí se recurre, consuma la aplicación de sendas leyes inconstitucionales”.

El fiscal ha promovido ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la “inconstitucionalidad de las leyes 19.334, de 14 de agosto de 2015, y 19.483, de 5 de enero de 2017”, aún a estudio de la corporación.

“Con las leyes referidas, se estructura un mecanismo de instrucciones al que son sometidos los fiscales: previéndose que el Fiscal General fijará, diseñará y ejecutará la política criminal del Estado, con la imposición de instrucciones generales y para hacer valer esa política criminal, inclusive so pena de sanción administrativa, lo cual remarca su obligatoriedad, y con la creación de un Consejo Honorario de Instrucciones Generales integrado por el Poder Ejecutivo, que elaborará dichas instrucciones”, afirma Viana.

El recurso de anulación, al que accedió Sudestada, subraya que la nueva instrucción actúa como castigo a los fiscales que ejercen su independencia: “En estos últimos tiempos, desde la Fiscalía General se ha reconocido que los Fiscales Letrados de la República, los verdaderamente independientes, molestan y mucho. La consecuencia de ello es instaurar fiscales sometidos a instrucciones”.

“Fiscales sometidos a instrucciones no son Fiscales independientes. Va de suyo entonces que el artículo 6° de la ley 19.483, al anunciar la independencia técnica, termina siendo un fraude legislativo: el corrupto ‘como te digo una cosa, te digo la otra”, opina el fiscal.

El magistrado explica que “lisa y llanamente, mediante las leyes cuestionadas, se establece un sistema de dependencia, aboliéndose la independencia técnica individual de cada uno de los fiscales letrados. Se destruye la esencia del ejercicio del Ministerio Público. Se termina de montar un régimen de Fiscalía General, en el cual los fiscales letrados dejan de ser de la República, para resultar transmutados en fiscales delegados, sometidos jerárquicamente a los propósitos de un fiscal General (hoy, Jorge Díaz Almeida), un Magistrado Único, un mandamás”.

“Se pasa, así, a una modalidad de fiscales dependientes, sometidos a instrucciones administrativas, o sea, de fiscales del Gobierno de turno. Para ello, a su vez, se conculca el principio de legalidad del Ministerio Público, estipulándose que desde la Administración se les dicten instrucciones o directivas de cómo obrar en su actuación judicial. Por tanto, las citadas leyes vulneran los artículos 168 –numeral 13- y 10, 12, 19 y 72 de la Constitución de la República”, señala el escrito.

El recurso de Viana seguramente será rechazado –como en todos los casos anteriores– por la Fiscalía General de la Nación. Y pasará a estudio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 Fiscal Enrique Viana

“Obrar antijurídico” del Consejo Honorario de Instrucciones

Por otra parte, Viana considera que el Consejo Honorario se limitó a aceptar las instrucciones que le fueron presentadas por el fiscal de Corte, y que de esa manera se violentó el propósito del Poder Legislativo reflejado, por ejemplo, en las palabras de la senadora Daniela Payseé: “La idea del proyecto original era que el fiscal de Corte redactara las instrucciones generales, cosa que a nosotros nos pareció que no estaba bueno … Estamos votando un consejo honorario que se denominará de instrucciones generales, que es el que va redactar las instrucciones generales”, dijo la legisladora en la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 1 de noviembre de 2016.

El Consejo Honorario de Instrucciones Generales está integrado por Díaz Almeida; el secretario de la Presidencia, Miguel Toma; la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, Dora Domenech; el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Uriarte; y el integrante de la comisión directiva de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG), Emilio Caputi, quien fue sustituido por la abogada Alicia Deus. 

“En conclusión: con la Instrucción general N° 2 se defrauda nuevamente a la ley. Y que ello se haya obtenido con el beneplácito de todos los integrantes del susodicho Consejo, podrá causar tristeza, pero jamás podrá legitimar el obrar antijurídico consumado. Si el Consejo fue previsto como una garantía, sus miembros no pueden abdicar de las obligaciones consignadas en la ley”, opina Viana. 

El fiscal denunciante entiende que se actúa con “proceder antijurídico” y por ello presentó los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes creadas para sostener los nuevos procedimientos en el Ministerio Público, y ahora pide la anulación de las últimas instrucciones.

Para Viana no se respeta “Constitución o ley; se quiere ir a un sistema de Magistrado Único, aquel que justamente repudiaba Montesquieu por despótico y arbitrario”.

Fiscales “dependientes” del Ministerio del Interior

Ministro del Interior, Eduardo Bonomi y fiscal de la Nación, Jorge Diaz

El recurso presentado afirma que “con la Instrucción General N° 2, la Fiscalía General y, por consecuencia, los fiscales que la integran, de un modo definitivo, pasan a depender institucional y técnicamente del Poder Ejecutivo – Ministerio del Interior”.

“Esto ya había empezado a ocurrir con la firma de los referidos protocolos de actuaciones conjuntas suscriptos por la Fiscalía General y el Ministerio del Interior. En los hechos, el contenido de la Instrucción reproduce exactamente tales protocolos. Una prueba más, como se dijo, de que en esta Instrucción no hubo elaboración propia alguna por parte del Consejo Honorario de Instrucciones Generales”, subraya Viana.

El fiscal apunta que “para orquestar tal antijurídica dependencia, se emplea un argumento tan falaz como ingenioso: En el Uruguay no existe la policía judicial. En consecuencia, nada puede sostenerse en función de algo que no existe”.

La Instrucción General N° 2 se basa, efectivamente, en el concepto de policía judicial, “o sea, se viene a sustentar en algo inexistente para justificar el accionar mancomunado y coordinado de la Fiscalía General con el Ministerio del Interior” por el que “una vez más se atenta contra la independencia técnica individual de los Fiscales Letrados de la República”, señala el oficio.

“La falsa autonomía adjudicada a las Fiscalías Letradas a partir de su inconstitucional ubicación dentro de un Servicio Descentralizado del Estado queda demostrada en plenitud. Primero, vía protocolos de actuación conjunta, y, ahora, con esta Instrucción General N° 2, los Fiscales Letrados, cual pase mágico, han regresado a depender del Poder Ejecutivo pero ahora con un par de peculiaridades significativas: en el viaje de ida y de regreso, perdieron su independencia técnica individual, pues pasaron a estar sometidos a instrucciones y directivas de toda índole y provenientes de un Fiscal de Corte que, en forma inconstitucional, ha pasado a ser un Fiscal General; con el agregado de que ahora la dependencia es para con el Ministerio del Interior”, acusa Viana.

Texto completo de la Instrucción General Nº2 de Díaz

Texto completo del recurso del fiscal Viana