El 20 de agosto se realizó en el anfiteatro de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) una mesa de discusión sobre la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Los exponentes fueron el sacerdote Mateo Méndez y la abogada Fabiana Goyeneche en contra de la propuesta, mientras que en defensa de la reforma estuvieron el dirigente colorado Felipe Schipani y su colega nacionalista Robert Parrado.

Como experto en el tema de la privación de libertad participó el subdirector de la cárcel de Punta de Rieles Luis Parodi, quien se encargó de presentar el tema. Parodi recordó que alrededor del 90 por ciento de quienes se encuentran en centros de reclusión de adolescentes o de adultos provienen de hogares pobres y se preguntó de quién es la responsabilidad de que "no hayan transitado por los espacios que la sociedad les dio". Además manifestó su preocupación por “la necesidad de buscar enemigos” que prospera hoy entre los uruguayos y puso como ejemplo que actualmente “cruzamos la calle cuando viene un tipo mal vestido pero hace 15 años sentíamos piedad”.

Robert Parrado: escalada de delitos

Parrado, quien terminó hace pocos meses su carrera con inspector de Policía y se sumó a la campaña de Luis Lacalle, justificó su respaldo a la reforma en la necesidad de aplicar políticas específicas a los adolescentes de 16 y 17 años que “participan en eventos criminales”, ya que actualmente estos jóvenes incurren en una “escalada de delitos” que terminan episodios más graves. Después de enumerar una lista de aspectos negativos que afectan la vida de los adolescentes “vulnerables”, Parrado opinó que si esta reforma prospera será mucho más “intenso” el abordaje institucional para resolver estos problemas.

Mateo Méndez: una sociedad hipócrita

Méndez, quien se desempeña como cura párroco en Las Piedras, se manifestó contrario a la reforma porque pone el énfasis en las políticas de privación de libertad cuando deberían priorizarse las que se enfocan en la prevención. “Nosotros seguimos creyendo en el adolescente que se ha equivocado” porque “hay un caudal no trabajado que le da la posibilidad de desarrollarse”, explicó. Por el contrario lamentó que “hay gente que quiere hundirlos” y señaló que en la situación actual “todos somos responsables, aunque hay algunos que son culpables”.

Para Méndez, quien durante seis meses dirigió Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj, hoy SIRPA) del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), dijo que hay “una sociedad hipócrita que ante la realidad no se compromete, la condena y cuando tiene que asumir mira para otro lado”. Por esa razón, argumentó, “hay que resistirse a que esta gurisada siga siendo para los medios de comunicación… porque hay prensa que disfruta y se regodea de mostrar estas limitaciones, esta pobreza y esta miseria de los adolescentes nuestros. Y vamos apurados a poner el canal que sabemos que va a poner esto durante 15, 20 o 25 minutos. ¿Y por qué ponen esto? Porque esto es lo que se vende, dijo un periodista que trabaja en uno de los canales”.

Felipe Schipani: inacción del gobierno

Schipani, a su turno, dijo que la Comisión para Vivir en Paz (integrada a instancias de Pedro Bordaberry por políticos colorados y blancos) impulsó la reforma ante “la inacción de las autoridades del gobierno que se niegan a aceptar la inseguridad”. También dijo que se procuró “empoderar a la sociedad en estos temas”. “Esta reforma es más amplia que la baja, es una propuesta integral”, aseguró el dirigente colorado.

Sostuvo que se baja la imputabilidad de manera “parcial sólo para diez delitos que nosotros consideramos graves y gravísimos”. Argumentó que hoy existe una “incidencia abultada” en la participación de jóvenes en estos hechos debido a “una enorme benevolencia” del Código de la Niñez y la Adolescencia y que a partir de la reforma habrá una “garantía” para los adolescentes que cometan delitos ya que el “discernimiento” del juez podrá eximirlo de culpa.

Fabiana Goyeneche: no trae "paz y seguridad"

La integrante de la comisión No a la Baja Fabiana Goyeneche rechazó que la reforma traiga “paz y seguridad” a la sociedad y también descartó que se trate de una reforma “integral ya que lo único que se garantiza es lo punitivo”. También rechazó que se aplique a “un pequeño porcentaje” de los delitos ya que se incluyen todos los que son protagonizados por adolescentes, especialmente la rapiña. “Es una compleja selección de delitos, que deja afuera aquellos que son culposos”, como el caso de una adolescente borracho que atropelle a alguien conduciendo un auto. También se deja afuera la violencia doméstica y el narcotráfico, explicó.

Cuestionó también la inclusión del “discernimiento” del juez para eximir a un adolescente de pena porque es un camino que se dejó de lado en otros países porque una persona de 17 años que será juzgada no sabe cuál será el criterio. Además, Goyeneche señaló que hoy “hay muchas cosas que se están haciendo mal” y dijo no confiar en que el próximo gobierno tome las medidas necesarias que la reforma exige para garantizar su aplicación. “Si la reforma entra en vigencia de inmediato y no está formado el instituto de rehabilitación, ¿cuál será la solución?”, preguntó.