Víctor L. Bacchetta

La acusación se dirige contra el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, en la medida que sería en sus dependencias y por órdenes impartidas por el jerarca que se vendría “preparando o instruyendo a los testigos acerca de cómo tienen que declarar en los juzgados penales”. Según la denuncia del abogado y ex fiscal Enrique Viana, esto ocurriría antes de que los testigos deban comparecer ante el juez en un juicio criminal.

Viana afirma que, desde hace un buen tiempo, entre los abogados penalistas “existe la sospecha, firme y reiterada” de la existencia de esas prácticas con la autorización del director del servicio. Para justificar la sospecha, el denunciante se refiere al dictado por la Fiscalía General de instrucciones que violarían la independencia técnica de los fiscales establecida en la Constitución como garantía del proceso judicial.


Fiscal de Corte, Jorge Díaz Foto: Gastón Britos/FocoUy

Esas directrices, contenidas en la Instrucción General N° 5, fueron elaboradas por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales y adoptadas por el Fiscal General en la Resolución N° 633 del 11 de octubre de 2017. En ese momento, Viana reclamó la anulación de la resolución pero la acción fue archivada por el Poder Ejecutivo en abril de 2018, en base a que el demandante había renunciado al cargo de fiscal letrado.

Por medio de esas instrucciones, de acuerdo con Viana, “se continuaba articulando un régimen centralizado de manipulación y de control total sobre la actuación de los fiscales letrados”. De esta manera, agregó el denunciante, se buscaba alcanzar una alta concentración de poder en el fiscal general y la imposición de “un pensamiento único, una política única, absolutista y sin respaldo legal, y una ideología oficial”.

Viana renunció a su cargo el 1° de noviembre de 2017 por discrepar con los cambios en esa dirección introducidos en el Código del Proceso Penal. Este fue el desenlace de una sucesión de sanciones administrativas aplicadas por el fiscal Díaz a Viana, pero que éste atribuyó a una represalia por las acciones judiciales que había promovido en defensa de la soberanía nacional, la República, el ambiente y la salud pública.

Ex fiscal Enrique Viana Foto: Sudestada

Para la actual denuncia contra el fiscal general, Viana se basó en la audiencia de un juicio celebrada el pasado 30 de julio, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 31° Turno. En esa ocasión, la fiscal penal Darviña Viera declaró que “es totalmente legal preparar los testigos, incluso en el caso cuando hay peritos también, se convoca a los peritos, se habla con los peritos respecto de la pericia que pidió la Fiscalía”.

Para Viana, esas afirmaciones confirmaron la sospecha antes mencionada sobre la preparación en la Fiscalía de los testigos antes de deponer en un juicio. “No es legal que en la Fiscalía General se prepare a los testigos que van a ir a declarar a un juicio criminal”, argumenta el ex fiscal. “Por el contrario- agrega -, con tal conducta funcional se violan preceptos constitucionales y normas legales, procesales y penales”.



Viana hizo notar que el artículo 20 de la Ley de Urgente Consideración –recientemente aprobada– estableció que “las instrucciones generales no podrán afectar ni menoscabar en forma directa o indirecta la independencia de los fiscales letrados".

Para el ex fiscal, mediante esta disposición de la LUC, toda instrucción general, como la N°5, “ha quedado tácitamente derogada (artículo 10 del Código Civil), pues menoscaba la independencia técnica de los fiscales penales”. Por ese artículo del Código, la derogación de las leyes “es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”.

La acción penal fue derivada al fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, quien deberá determinar si la situación denunciada por el fiscal Viana es real o no. La designación de Rodríguez proviene de la sección Depuración, Priorización y Asignación (DPA), dependiente del fiscal general.