Intendente de Montevideo, César di Candia. Foto: IM:

Valentina Caredio / Sudestada / @valecaredio

La creciente llegada de extranjeros con la intención de residir en el país, especialmente en Montevideo, generó una demanda de servicios y de controles consiguientes que son difíciles de gestionar por parte de los organismos públicos.

En los últimos años el número de pedidos de residencia tramitados en la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores aumentó de manera significativa. Por ejemplo, en el año 2004 la DNM gestionó tres mil pedidos y no había ningún trámite realizado ante la Cancillería.

En 2017 fueron 3.300 los pedidos tramitados ante la DNM mientras que hubo 9206 solicitudes en Relaciones Exteriores. En el primer cuatrimestre de 2018 (últimos datos proporcionados de forma oficial) se tramitaron 5326 residencias permanentes en el país. Los países que encabezan la lista de pedidos tramitados en ese período son Venezuela (2486), Brasil (1065), Argentina (751), Colombia (280) y Perú (232).

El nuevo intendente de Montevideo, Christian Di Candia, dijo a Sudestada que “la situación es compleja” en cuanto a la situación y los controles a las pensiones y casas de hospedaje, pero que desde el área de Desarrollo Social se está trabajando para mejorar la normativa y así “abatir las dificultades que hay en el tema de contralor”.

Consultado Julio Calzada, responsable de Políticas Sociales de la Intendencia, confirmó que se está trabajando en la normativa, pero prefirió no adelantar detalles.

Mientras la normativa no se modifique el problema seguirá empeorando, coinciden varios integrantes de organizaciones que asesoran a personas migrantes a solucionar su problema de vivienda en Uruguay.

“En términos normativos de reconocimiento de derechos, y comparado a la región y el mundo, Uruguay está muy bien”, dijo la abogada Valeria España. Es que “la Constitución reconoce los mismos derechos para cualquier habitante de la República, por lo tanto no importa el origen ni la condición migratoria. Eso es un piso mínimo muy importante”.

Sin embargo, el derecho a la vivienda, reconocido por la Constitución, para los migrantes es, en ocasiones, vulnerado. La directora del CDH explicó a Sudestada que “es más visto como una mercancía que como un derecho, por lo tanto accede quien puede pagarlo”.

Pilar Uriarte, directora del NEMMPO, cree que es necesario encontrar una alternativa para los migrantes: “Sabemos que está viniendo gente, sabemos que la gente tiene que vivir en algún lado, que no puede resolver ese problema de la misma forma que la resuelven los uruguayos, entonces hay que controlar cuál es la oferta, hay que pensar alternativas que compitan con las pensiones, que son caras y malas, pero son la única opción”.

No obstante, para ella el problema no son las pensiones exclusivamente, sino las condiciones habitacionales para los migrantes y las opciones que encuentran en Montevideo: “En Minas y Mercedes ocuparon una casa y se la vendieron a migrantes. No era una pensión. Había niños con mujeres y los desalojaron. El problema actualmente son las pensiones porque funcionan. Es una población que no encuentra otra alternativa que vivir en la calle o en una pensión”.

No solo un problema edilicio

La situación edilicia de muchas pensiones de la capital preocupa a las autoridades. 

Que funcione una boca en el lugar donde vivís, que se te caiga el techo mientras dormís, que te caigas a un aljibe tapado por una tabla y te quiebres una pierna, que tengas reacciones alérgicas por chinches o ratas, que tus hijos estén en la entrada de la pensión a las 8 de la noche porque no se los dejó ingresar, que saquen tus pertenencias a la calle sin previo aviso y te las roben, que te griten “dominicano rata” o te amenacen con deportarte a tu país: estos son algunas de las adversidades a las que se enfrentan día a día los migrantes, de acuerdo a Fossati y Uriarte.

“Nunca se dice 'qué demás la pensión en la que estoy viviendo'”, frase que sí se escucha en otras áreas como la atención a la salud o el acceso a la educación, según la directora de NEMMPO,

El servicio de Convivencia Departamental de la IM controla una vez por mes las pensiones inscriptas, pero lo hace desde una perspectiva edilicia.

Según Di Candia, se fijan condiciones de vida y se les aconseja a los administradores de las pensiones que se cumpla, pero no están previstas en el digesto municipal. No obstante, en esas temáticas intenta trabajar la sección de Desarrollo Social junto a la organización Idas y Vueltas, un referente para los migrantes.

La regulación de precios se suma a la problemática de las pensiones. A Kelvin le aumentaron el costo de la habitación cinco veces en menos de un año. A una familia de cubanos se le pidió entre 15 mil y 20 mil pesos por una habitación en el Hotel Río de la Plata, según Lorena. También obligaron a otros cubanos a seguir pagando la pensión incluso cuando estaba clausurada y ya no se debía abonar.

Una cama en 2015 valía aproximadamente 2 mil pesos y ahora pasó a costar 6 mil. Alquilar un cuarto para una familia puede llegar a costar entre 12 mil y 15 mil pesos. Pero el precio, para Fossatti, es relativo porque “basta que le digan algo al dueño o al administrador que no les cuadre y te quieren cobrar al otro día, te quieren sacar para afuera o te aumentan el precio”.

Si bien tanto él como Uriarte comprenden que es difícil controlar el precio del mercado, sí consideran necesario exigir una mínima formalidad: “Que una pensión te dé un recibo de pago es como una cosa prácticamente inexistente [...] No es casual que no lo den, que no exista ese comprobante”.

Incluso, Di Candia reveló que ese es uno de los problemas que se busca solucionar con la nueva normativa y es que “a una persona un mes se le puede cobrar 8 mil pesos y al siguiente, 12 mil. Un dormitorio con cuatro o cinco camas termina costando mucho y por ese precio cualquiera de nosotros podría alquilar una casa superior”.

Las pensiones, sobre todo las clandestinas, se convirtieron en un negocio rentable: las habitaciones a 12 mil pesos, el costo cero en gastos como luz, agua e impuestos (el NEMMPO constató que la situación suele ser irregular), dejan grandes ganancias. “Es mejor negocio tener una pensión clandestina que tener un hostel o un hotel”, manifestó Uriarte.

El abogado Juan Ceretta, por su parte, explicó que “es un negocio redituable. En una finca abandonada del centro, que hoy sin hacerle un arreglo sería muy difícil obtener una renta, si se convierte en una pensión se transforma en un ingreso muy importante. Si multiplicás 8 mil pesos pesos por cama y tenés 50 camas, sacás muchas ganancias sin invertir nada”.