Valentina Caredio / Sudestada / @valecaredio

Kelvin llegó a Uruguay hace tres años. Lo hizo con un grupo de dominicanos que, como él, decidieron dejar su país en búsqueda de una mejor calidad de vida. Playa Pascual fue su lugar de acogida: tanto desde lo laboral como lo habitacional. Trabajó en el campo cosechando y una conocida les prestó un hogar.

No obstante, el mercado laboral no era tan amplio ni variado como en el centro de Montevideo. Junto a sus compañeros decidieron emprender viaje a la capital de Uruguay.

La única opción habitacional a la que pudieron acceder fue la pensión. Vivieron en una, dos y tres. En la primera, ubicada en la calle Paysandú, los robaron. Se mudaron. En la segunda, en la calle Florida, los volvieron a robar. Y se mudaron nuevamente. Llegaron a la calle Juan Carlos Gómez, donde había una pensión que carecía de servicios regulados y que el agua, extraída de un pozo hecho por el administrador, no era potable. Pero allí, a diferencia de las anteriores, no los robaron.

Van dos años desde que Kelvin llegó a esa pensión y hace un año y medio que las 27 familias que viven allí no tienen un administrador. En 2017, Kelvin junto a otros pensionistas presentaron una denuncia en la Intendencia de Montevideo porque la pensión “no era habitable”.

El agua y la luz no eran el único problema: los malos tratos eran constantes. “Nos decían 'malditos dominicanos, mugrientos, vuélvanse a su país. Si no podés pagar la pensión, te vas'. Nos cansamos de los abusos, de los maltratos y de los aumentos en el costo de la pensión. La pensión estaba llena de ratas, chinches y bichos”.


Kelvin y otro de los "clientes" de la pensión reparando una de las escaleras.

El administrador se desvinculó luego de que los pensionistas le exigieran los arreglos solicitados por la Intendencia. Si no se hacían, no le iban a pagar el costo de la habitación o la cama. Pero antes de desaparecer, envió un cedulón de desalojo por irrumpir contra la propiedad privada y entrar a la fuerza.

El proceso judicial continúa y los pensionistas acudieron al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho (Fder) para llevar adelante el proceso.

Las condiciones edilicias precarias y los malos tratos de la pensión donde vive Kelvin no son hechos aislados. Las quejas por las viviendas y, particularmente por las pensiones, son los temas que más se escuchan en el Centro de Promoción de Derechos Humanos (CDH), de acuerdo a su coordinadora, la abogada Valeria España.

España manifestó a Sudestada que “la Intendencia fracasó en estos años. Era un desafío que veíamos con mucha expectativa, pero no pasó nada. Lo que sí pasó es que se multiplicaron las pensiones clandestinas, aumentaron las situaciones de violencia hacia las personas migrantes. Y, a su vez, no hay control ni derechos del consumidor. Las personas migrantes viven toda serie de abusos en el contexto en el que están”.

El flamante intendente Christian di Candia dijo que las pensiones reguladas son controladas una vez por mes por el servicio de Convivencia Departamental (ex Inspección General) y que se está trabajando en la redacción de una reglamentación actualizada para mejorar la situación que calificó como "compleja".

Incluso Leonardo Fosatti, quien integra la organización Idas y Vueltas y también el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población (Nemmpo), explicó a Sudestada que la Intendencia ha trabajado mucho en la inspección de pensiones reguladas (y también en las que no). Sin embargo, al investigar detectaron que “se establecen las sanciones que se estipulan en el digesto municipal, pero los administradores si quieren las pagan y si no, no”.

Pensiones inscriptas, clausuradas y clandestinas

Actualmente hay 270 pensiones inscriptas en Montevideo, 19 clausuradas y 59 cerradas, de acuerdo a información de la IM. El dato exacto de pensiones clandestinas es difícil de obtener, pero Fossati cree que es un grupo considerable, sobre todo en el centro de Montevideo.

Juan Ceretta, abogado y responsable del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar, dijo que “las pensiones irregulares son la mayoría”. Respecto a las denuncias, en 2018 hubo 68 y en lo que va del 2019 ya se efectuaron 44. Según la Prosecretaría de la Intendencia, gran cantidad de esas denuncias fueron por malas condiciones edilicias, de mantenimiento y de higiene.

El mayor porcentaje de las pensiones están ocupadas por población migrante, explicaron desde la Intendencia. No tienen números exactos pero, a través de las inspecciones realizadas lo constataron.

El Nemmpo, por su parte, elaboró en 2018 un informe de acceso a la vivienda y población migrante en Montevideo donde encontró 16 pensiones clandestinas en las que vivían 691 migrantes (95,4 %) y 33 uruguayos (4,55 %).

Cuando no se tienen garantías ni trabajo estable, la pensión pasa a ser una de las opciones más accesibles, sobre todo para las personas migrantes.

Para España hace falta una política de vivienda que pueda satisfacer las necesidades de la población que tiene salario mínimo o inferior y que no posee garantías (particularmente uruguayos del interior que se radican en la capital y migrantes), porque sin una regulación más estricta “las pensiones lucran con la población y crean un mercado vigoroso por la ausencia de control”.

Por su parte, el informe de Nemmpo ratificó este supuesto: “Son la principal opción en materia de vivienda debido a las bajas exigencias para el ingreso”.

Kelvin vive en una pensión compuesta por cubanos, dominicanos y un grupo más pequeño de uruguayos. El último caso que llegó al CDH involucró a cinco familias cubanas que fueron expulsadas de una pensión “de un día para el otro” y tras pagar el costo de ese mes que era de 5 mil pesos por persona. “Ni siquiera es por cama porque a veces no hay”, dijo España.

En el mal llamado Hotel Río de la Plata -la habilitación como hotel caducó en 2010 y desde entonces es una pensión clandestina- viven 200 personas que en su mayoría son dominicanas y cubanas, aunque también hay venezolanas y uruguayas.

Lorena vive hace tres años allí y es uruguaya; tras las denuncias y la clausura comercial observó un “abuso hacia los migrantes por no ser de este país. Les cobraban de más”, incluso cuando ya no debían hacerlo por la sanción de la Intendencia.

Clausura, desaparición y autogobierno

Foto del baño reparado por los habitantes de una pension en la Ciudad Vieja, cuyo administrador "abandonó".

Si la IM detecta irregularidades puede determinar la clausura de la pensión. Pero esta clausura es comercial, eso significa que se inhabilita la función lucrativa del edificio pero no se expulsa a las personas que allí viven.

Di Candia explicó que “la Intendencia busca que las pensiones se vuelvan lugares más humanitarios y que se regularice la situación”, por lo que la clausura no es la primera opción cuando encuentran deficiencias. El prosecretario agregó que “se llega a clausurar solamente en situaciones muy graves o muy complejas. Si no se clausura se puede controlar e insistir en mejoras”, de lo contrario se hace más difícil.

Cuando se efectúa, la Intendencia registra el número de personas que viven allí y controla que no haya más ingresos. En caso de que suceda se aplica una multa por violación de clausura, según el prosecretario.

La clausura es una de las medidas más cuestionadas por las partes vinculadas al asunto. “Si la Intendencia cerrara todas las pensiones irregulares, cientos de personas se quedarían en la calle. La otra opción es la clausura que impide el funcionamiento como pensión, pero no desaloja a las personas y eso genera un autogobierno y menos control del que ya había”, explicó España.

Las condiciones habitacionales de la pensión donde vive Kelvin mejoraron desde que se clausuró la pensión y le exigieron los arreglos correspondientes al administrador, quien desapareció poco después. “Entre lo que cabe, vivimos bien. Tratamos de vivir más o menos como personas”, dijo.

Limpiaron el pozo hecho por el administrador, el agua ahora es potable, limpiaron los tanques de la terraza, terminaron con las plagas de cucarachas, ratas y chinches, y pagaron 12 mil pesos para la sanitaria.

En la pensión donde vive Laura, por su parte, también desapareció el administrador (quien alquilaba el edificio. La dueña se presentó tiempo después y explicó que desconocía la situación del “hotel”).

Desde entonces, las 200 personas que allí viven optaron por dirigirse a las diferentes autoridades para encontrar una solución y terminar con los cortes de agua y luz por deudas impagas (cuando mes a mes los pensionistas pagaron el costo de ambos servicios).

Para Fossatti y Uriarte “la clausura es una solución bastante buena y favorable para la población que vive ahí. Los administradores suelen desaparecer y ya no están en el día a día presionando”, según constataron en su investigación de 2018.

Al irse, los inquilinos tenían más libertad para arreglar el edificio, limpiarlo, terminar con las plagas y regularizar los servicios. No obstante, se encontraron con un problema: en la UTE se puede desligar la deuda (que generalmente guardaban los administradores) del padrón -ya que es la persona la que se endeuda-, pero eso no sucede con la OSE. Para poder regularizar el servicio de agua es necesario pagar la deuda del edificio (que en ocasiones ha superado los 300 mil pesos).

La desaparición de los administradores vuelve más complejo el proceso de rehabilitación de las pensiones. Catalina Rodríguez, una de las abogadas que se encargó de las quejas que llegaban al consultorio jurídico de la Fder, explicó que “todas estaban asociados a situaciones en las que los titulares de las pensiones no se hacían cargo de sus obligaciones. No hay una cara visible a la que reclamarle las cosas; es muy difícil identificar al titular de la pensión o al dueño del inmueble, por lo que cuesta más lograr soluciones a nivel administrativo o a través de la negociación directa”.