Ignacio Errandonea, Elena Zaffaroni, Alba González, Oscar Urtasún y Nilo Patiño, de Familiares. Foto: FocoUy/German Britos.

La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos informó este martes sobre el resultado de las reuniones que mantuvieron con los candidatos a presidente y vicepresidente de los partidos políticos con representación parlamentaria. Las reuniones se realizaron con Daniel Martínez y Graciela Villar (Frente Amplio), Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón (Partido Nacional), Ernesto Talvi y Robert Silva (Partido Colorado), Pablo Mieres y Mónica Bottero (Partido Independiente) y Gonzalo Abella y Gustavo López (Unidad Popular).

El grupo señaló que “esta es la primera vez en estos 34 años, desde 1985 que todos los partidos con representación parlamentaria se comprometen a buscar a los desaparecidos”.

“Decidimos dar este paso en medio de una contienda electoral en la que todos los candidatos expresaron públicamente su compromiso de continuar dicha búsqueda, haciéndose eco de esa mayoría insoslayable de casi un 75% de uruguayos que opinan que la misma debe continuar. Para nosotros esta búsqueda es de todos. Y es responsabilidad del Estado conducirla y concretarla”, señaló la organización en el comunicado que fue leído por Ignacio Errandonea, Elena Zaffaroni, Alba González, Oscar Urtasún y Nilo Patiño.

Además, destacaron “la franqueza con que se abordaron los temas planteados, y el respeto con que escucharon otros temas y reclamos inherentes a nuestra lucha”.

Los aspectos destacados por la organización fueron la coincidencia en mantener la búsqueda de los desaparecidos, por primera vez desde la restauración democrática en 1985. “Gracias a la conciencia y movilización de nuestro pueblo llegamos hasta aquí, y es juntos y movilizados como siempre, sin bajar los brazos que seguiremos avanzando; hasta encontrarlos!”

Asimismo resaltaron el respaldo de todos los partidos a la ley que traspasó el cometido de investigación y búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este apoyo “Implica el compromiso de otorgar el presupuesto necesario para hacer viable la formación y actuación del equipo de investigación y búsqueda concreta, de respaldar las potestades que la ley le otorga y de impartir las directivas pertinentes para que todas las instituciones del Estado cumplan a cabalidad con la entrega de información”.

Según Familiares, la investigación y la búsqueda “deberían tener el impulso suficiente para dar un vuelco real en los hallazgos”. “Sabemos que los desaparecidos están ahí, secuestrados en predios militares o en predios que estuvieron bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Como estaban Ubagesner Cháves Sosa, Fernando Miranda, el maestro Julio Castro, Ricardo Blanco, Eduardo Bleier”, señaló el comunicado.

“Ese es el compromiso que los candidatos asumieron. Y ese debe ser un compromiso del Estado que gobiernen”, añadió.

Familiares consideró “muy importante haber tenido estas respuestas” de parte de los cinco partidos representados en el parlamento. “Son producto de la inmensa y perseverante lucha de tantos años llevada adelante no sólo por los familiares sino por vastísimos colectivos de derechos humanos, sindicales, sociales y partidarios de todo el país, y por ese inmenso pedazo de nuestro pueblo que se vuelca a las calles cada 20 de mayo”, en alusión a la Marcha del Silencio.

“Los crímenes del Terrorismo de Estado afectaron a miles de uruguayos y dañaron a la sociedad en su conjunto. La inadmisible impunidad de esos crímenes, el secreto con que se los encubre, debilita la democracia en que vivimos”, apuntó el comunicado leído durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

Respecto a los obstáculos principales encontrados en los últimos años para avanzar en la búsqueda, Familiares mencionó “la nula colaboración de las Fuerzas Armadas, su pacto de silencio, sus mentiras y sus maniobras distorsivas”.

También cuestionó al gobierno del Frente Amplio, y destacó “la débil y a veces tardía intervención del Poder Ejecutivo para subordinar en todos sus términos a las Fuerzas Armadas heredadas de la dictadura”.

Además la organización cuestionó “la falta de justicia que se impuso con la Ley de Caducidad y las inmensas dificultades para avanzar luego del decreto de 2011 y la Ley que cesó sus efectos”.

El miedo y el partido militar

Foto: FocoUy/Gastón Britos.

Familiares también cuestionó el plebiscito constitucional promovido por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, conocido como “Vivir sin miedo”.

“Reprimir el delito es un concepto que nada tiene que ver con militarizar las calles y mucho menos con resignar derechos ciudadanos. Hay leyes suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para enfrentar a la delincuencia. Y son necesarios enfoques más complejos que la represión, para avanzar en rehabilitación, inclusión, sin convertir al país en un gigantesco cuartel”, cuestionó Familiares.

En base a esos argumentos convocaron “a todos los uruguayos, no importa cuál sea su preferencia electoral, a NO poner la papeleta de la reforma constitucional”.

Por otro lado, condenaron “la creación del Partido militar que viene a imponer las mismas concepciones y a levantar las mismas banderas con que se dió el Golpe de Estado en 1973”, en referencia al grupo liderado por el excomandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

“El Partido militar Cabildo Abierto proviene de filas en las que rige el pacto de omertá”, dice el pronunciamiento, en referencia al acuerdo usado por las mafias criminales de no revelar sus secretos.

“Su candidato ha avalado lo actuado por las Fuerzas Armadas en dictadura y ha utilizado el desborde constitucional que no tuvo freno para hacer campaña política mientras fue Comandante. Tuvo todo en sus manos para entregar información real sobre los delitos investigados pero eligió mentir”, criticó el grupo de familiares.

Para la organización, “No se trata entonces de diferentes puntos de vista políticos, se trata del riesgo de hacer concesiones o establecer alianzas con un sector proclive a medidas castradoras y autoritarias en especial contra la juventud”.

“Nuestra lucha ha sido y es por la vida. Defender el derecho de todos a no ser desaparecidos necesita rescatar a nuestros familiares desaparecidos de la oscuridad a la que los perpetradores los condenaron. Necesita juzgar a los culpables para darnos mínimas garantías de no repetición de estos crímenes, señaló el comunicado.