Víctor L. Bacchetta

El aumento adicional incorporado este año a la factura de OSE responde solo en parte al aumento del costo de los productos utilizados para potabilizar el agua. En lo fundamental obedece a una situación deficitaria provocada por una gestión del organismo que combina el endeudamiento con un proceso de privatización sistemática.

En diciembre último, al anunciar un aumento de 8,2% en las tarifas de los servicios públicos, el gobierno agregó una suba especial en la factura de OSE - 7,3% sobre el cargo fijo del agua potable-, que el ministro de Economía Danilo Astori definió como "tasa medioambiental". “Destaco el carácter vinculado al medio ambiente de esta tarifa, porque es un tema muy asociado a prioridades del gobierno que oportunamente el presidente ha marcado de forma reiterada”, añadió Astori, y mencionó los comentarios presidenciales sobre el río Santa Lucía.



En forma simultánea, el presidente de OSE Milton Machado y otros jerarcas del organismo salieron a difundir cifras de inversiones que justificarían ese incremento de la tarifa.

La calificación de "tasa medioambiental" generó un debate previsible por ser el reverso del instrumento económico que busca desalentar la contaminación. La idea es hacerle pagar un tributo al que contamina, no a los perjudicados por la contaminación. Si se aplica al revés y se le hace pagar más a los usuarios, el contaminador tendrá menos estímulo aún para modificar su conducta.

Pero esta medida del gobierno tiene otra finalidad que puede pasar desapercibida. Al centrar la discusión de la tarifa en lo ambiental - cuando se ha reconocido el deterioro de las fuentes hídricas y se sabe que esto puede aumentar los gastos en obras y productos para descontaminar el agua-, queda escondida la causa principal del déficit de OSE, que es la gestión, no la contaminación.

Esta es la conclusión que surge de un informe tratado en reserva por la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), sustentado en cifras de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República, que llevó al sindicato a advertir mediante un comunicado, en diciembre último, "números preocupantes, actitudes errantes por parte de las autoridades y sobretodo ausencia de perspectiva".

Al analizar el desempeño económico, la diferencia entre ingresos y egresos, el informe de FFOSE muestra que, tras los grandes superávits de 2003, 2004 y 2006, el organismo pasó a ser deficitario de 2009 en adelante. De 2010 a 2015 inclusive, los ingresos aumentaron de 326 a 387 millones de dólares (corrientes del año), pero los egresos pasaron de 332 a 408 millones de dólares, respectivamente.

De 1995 a 2005, el personal de OSE fue reducido en más de un 45%, de 5.783 a 3.975 trabajadores. En los años siguientes hubo un leve repunte, llegando en 2015 a 4.520 funcionarios. Entre 2010 y 2015, las remuneraciones crecieron de 68 a 76 millones de dólares, pero su proporción en los egresos cayó del 28 al 23%. Por esta razón, el déficit no se puede atribuir al aumento de los sueldos.

Además de la reducción aplicada, las últimas instrucciones presupuestales de la OPP para los entes públicos ordenan no llenar un tercio de las vacantes que se generen en 2017, según el Instructivo para la elaboración presupuestal de las empresas públicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 7 de junio de 2016. Cuando son servicios esenciales, como OSE o UTE, es un esfuerzo inútil porque esas tareas no pueden eliminarse, y al recurrir a contrataciones externas para cumplirlas el gasto termina siendo mayor.

Como un ejemplo del costo de las tercerizaciones, en la contratación de una empresa suministradora de 75 personas, por 12 meses, para ejecutar la lectura de medidores (Toma-Consumo) en 2015, OSE resolvió pagar a razón de 230,43 pesos la hora, que equivale a una remuneración mensual de unos 40 mil pesos.




Mientras tanto, los empleados del organismo en la misma categoría percibían un sueldo de 22.657 pesos (Categoría 3 de la escala de sueldos de OSE al 2016).



En el mismo período, las inversiones (es decir, las nuevas obras) tampoco registran un aumento significativo. Sufrieron incluso una fuerte reducción como porcentaje de los egresos, pasando de un 27 a un 17%. El informe del sindicato concluye que lo que explica el déficit es el aumento sostenido del rubro Compras de Bienes y Servicios, que pasó del 37% al 48% de los egresos corrientes en 2015.

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Contaminación vs. gestión

En cuanto a los gastos provocados por la creciente contaminación de las fuentes de agua utilizadas por OSE, fundamentalmente el río Santa Lucia, las obras son parte del rubro de Inversiones ya analizado. Las compras de productos químicos registran un aumento significativo en 2014 y 2015, años donde la contaminación del agua se hizo tangible en Montevideo y Maldonado.

Una docena de productos químicos son utilizados para generar el agua potable que llega a los usuarios: cloro, hipoclorito de sodio, soda cáustica, cloruro férrico, sulfato de alúmina y sus precursores, ácido sulfúrico y bauxita, carbón activado, carbonato de calcio y polielectrolito catiónico, a los cuales se suman, recientemente, antracita y los precursores del dióxido de cloro, purate y ácido sulfúrico.

La facturación anual de productos químicos comprados por OSE (no es el consumo del año indicado porque los volúmenes adquiridos alcanzan para períodos mayores o menores), experimentó un salto de 3.860.113 dólares en 2013 a 13.295.658 dólares en 2014 hasta 30.514.079 dólares en 2015, y luego descendió a 15.258.254 dólares en 2016 (calculado en base al registro de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado). En su punto más alto no sobrepasó el 10% de los egresos.

El grueso del rubro Compras lo forman las tercerizaciones, es decir contrataciones externas de personal y empresas. Las urgencias del momento pueden justificar tales contratos, pero aquí van del corte y reapertura del servicio a la instalación de medidores, la lectura del consumo, atención al público y los grandes clientes, hasta cargos de jerarquía y el Sistema de Gestión Comercial.

Es un proceso de privatización sistemático, no solo con las consecuencias económicas señaladas, sino que implica pérdida de capacidades técnicas - operaciones que pasan a manos de privados y funcionarios con experiencia que no son repuestos. A la vez, la subdivisión de tareas entre contratistas que ocupan sectores y cargos clave diluye las responsabilidades y resiente el servicio.

El sindicato ha denunciado el "aumento sostenido en la tercerización de los servicios ..., incluso en áreas estratégicas como mantenimiento y operación de plantas de tratamiento, atención al usuario, etcétera" y la creación de sociedades anónimas que funcionan bajo el derecho privado, como Aguasur S.A. (venta y consultoría de UPAS) y Consorcio Canario (saneamiento en Ciudad de la Costa) (7).

Desde 2001, OSE se acogió a importantes préstamos del Banco Mundial para mejorar la gestión. En 2012, el Banco concedió 84 millones de dólares para el Proyecto "OSE sustentable y eficiente".



La eficiencia de un sistema de agua potable se mide por la diferencia entre la cantidad distribuida y la efectivamente cobrada. Por lo general, el indicador de las pérdidas en las empresas se sitúa entre el 20% y 40% del agua producida. Entre 2009 y 2015, las conexiones del servicio de OSE aumentaron de 965.930 a 1.132.512 usuarios, pero las pérdidas siguen siendo mayores del 50%.

En este período, los metros cúbicos de agua potable elevada o distribuida aumentaron de 325.265 a 344.499; pero los metros cúbicos de agua facturada pasaron de 152.990 a 165.739 (según el Informe de Gestión 2015 en su página 23) oscilando entre 47 y 48% respectivamente. Fuentes gremiales atribuyen el mal desempeño a deficiencias de la red y el sistema comercial, parcial o totalmente tercerizados, así como de la gestión central.

Como resultado de esta situación, el endeudamiento que viene experimentando OSE está requiriendo el pago de más de 15 millones de dólares anuales de intereses (Informe de Gestión 2015 en su página 79).

En 2016, el organismo continuó endeudándose: obtuvo 120 millones de dólares mediante la firma de un fideicomiso con el Banco República y 18 millones de dólares adicionales del Fondo de Estabilización Energética de UTE.

"Nos sentimos en el deber y la obligación de denunciar que no se están haciendo las cosas bien en OSE", dicen los trabajadores. "Una mala gestión ... , no solo pone en riesgo la calidad de la prestación que brinda, sino que termina trasladándole al contribuyente la carga de sus ineficiencias ... Después de todo, lo que defendemos es la soberanía de nuestro pueblo", concluye el sindicato.