El periodista y abogado uruguayo Edison Lanza fue designado como nuevo relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, según informó este miércoles la comisión a través de un comunicado de prensa. Lanza es actualmente director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), docente de la Universidad de la República y periodista del semanario Brecha. Lanza sustituirá a la actual relatora, la abogada colombiana Catalina Botero, a partir del 6 de octubre.

El siguiente es el texto del comunicado emitido por la CIDH:

CIDH selecciona a Edison Lanza como Relator Especial para la Libertad de Expresión

23 de julio de 2014

Washington, D.C. – En ejercicio de su autonomía e independencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó hoy a Edison Lanza para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión. La Comisión remitió el nombre de la persona seleccionada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien expresó su acuerdo con la designación. En concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la CIDH, Edison Lanza será designado por un período de tres años, renovable una vez, y asumirá el cargo el 6 de octubre de 2014.
La Comisión Interamericana tomó su decisión con base en las cualidades profesionales y la experiencia del candidato, tomando en especial consideración su capacidad técnica, su liderazgo, y su capacidad para trabajar de manera efectiva con Estados, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, la Comisión tomó en cuenta el amplio respaldo que recibió su candidatura durante el proceso de consulta, expresado por organizaciones de la sociedad civil de numerosos países de la región.

Edison Lanza es abogado y periodista uruguayo. Trabajó como periodista en diversos medios de comunicación, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas del Uruguay, y como docente universitario. Asimismo, ha presentado varios casos emblemáticos relacionados con el derecho a la libertad de expresión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha integrado, dirigido y fundado varias organizaciones no gubernamentales de defensa del derecho a la libertad de expresión, y es integrante de diversas instancias nacionales de supervisión del cumplimiento de normas relacionadas con la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Ha redactado e impulsado diversas iniciativas legales a nivel nacional y regional y es autor de numerosas publicaciones especializadas en la materia. Se graduó como abogado y cursó estudios de postgrado sobre libertad de expresión y ley penal en la Universidad de la República de Uruguay, y realiza un doctorado relacionado con los procesos de regulación de medios audiovisuales en la región en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Edison Lanza es co-fundador y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, co-fundador del Grupo Medios y Sociedad, integrante del Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y miembro del Grupo de Trabajo sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y OEA de la Alianza IFEX-ALC de defensa de la libertad de expresión. Ha realizado consultorías para diversas organizaciones, incluyendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Fue contratado por la Asamblea Legislativa de El Salvador para el desarrollo de un proyecto de ley que garantice el ejercicio del derecho de rectificación y respuesta, integró el grupo de expertos convocado por la OEA en el proceso de redacción de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública, fue designado por el Poder Ejecutivo de Uruguay para integrar el Comité Técnico Consultivo que elaboró las bases del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue representante de la sociedad civil ante el Comité Técnico Consultivo que elaboró las bases de una regulación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, e integró el grupo de trabajo que elaboró una iniciativa para modificar los delitos de desacato y calumnias de la legislación uruguaya, aprobada en 2008.

La selección de Edison Lanza fue el resultado de un proceso amplio, abierto, transparente y participativo. El llamado a concurso para este puesto fue publicado el 19 de diciembre de 2013. La Comisión agradece el interés mostrado por las 49 personas que se presentaron a dicho concurso. Durante el 150º Período de Sesiones, celebrado en la sede del 20 de marzo al 4 de abril de 2014, la Comisión seleccionó a seis finalistas y publicó sus hojas de vida en su sitio Web. De acuerdo a lo establecido en el artículo 15.4 del Reglamento de la CIDH, la CIDH abrió un plazo para recibir observaciones sobre los y las finalistas del 1 al 31 de mayo de 2014. Durante ese plazo, la CIDH recibió 154 cartas con observaciones de Estados Miembros de la OEA y de la sociedad civil. Se recibieron 3 cartas de organizaciones internacionales, 10 de organizaciones regionales, 51 de Guatemala, 20 de Uruguay, 16 de Perú, 15 de Ecuador, 13 de Argentina, 5 de Chile, 5 de México, 4 de Estados Unidos, 2 de El Salvador, 2 de Bolivia, 2 de Suiza, y una de cada uno de estos países: Venezuela, Costa Rica, Brasil, Colombia y España.

La Comisión en pleno entrevistó a las seis personas finalistas el 22 de julio, durante el 151º Período de Sesiones, que se celebra en su sede en Washington, D.C., del 14 al 25 de julio de 2014. La CIDH reconoce la excelente capacidad profesional de todas las personas seleccionadas como finalistas, la cual quedó demostrada una vez más en la alta calidad de las entrevistas. La CIDH agradece su participación en este proceso.

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, continuará sus labores hasta el 6 de octubre de 2014, cuando termina su segundo mandato de tres años. La Comisión desea reconocer la labor que Catalina Botero ha realizado y continúa realizando en la defensa y protección del derecho a la libertad de expresión y su contribución a los avances alcanzados en la región a través de un efectivo liderazgo en la materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Cuatro preguntas al nuevo relator

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y el Open Society Justice Initiative publicaron recientemente un boletín con la opinión de cuatro de los relatores finalistas respecto a los principales temas de la libertad de expresión en el continente. Estas son las respuestas de Lanza al cuestionario:

1. ¿Qué papel, cree usted, juega la libertad de expresión en la promoción y protección de los derechos humanos?

En razón del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la libertad de expresión tiene una función instrumental en la protección de los restantes derechos humanos. Con esto no sólo me refiero a las garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, sino también las actividades de denuncia, vigilancia y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

De acuerdo a diversos instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y de la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), la libertad de expresión se caracteriza por tener una dimensión individual y otra colectiva. En su dimensión individual, la libertad de expresión garantiza el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y en la dimensión colectiva o social, el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada.

En los términos amplios del artículo 13 de la Convención, la libertad de expresión guarda una relación estructural con la democracia y los derechos humanos. Con la democracia debido a que de ella depende la formación de la opinión pública, el control ciudadano de la gestión pública y la participación de las personas y la sociedad civil, los sindicatos y otros grupos sociales en los asuntos de interés público. Del mismo modo, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte IDH le asignan a la libertad de expresión un rol central en el sistema de protección de derechos humanos, al punto que la carencia, o la falta de plena vigencia de esta libertad es considerada una de las causas que más contribuye a la violación de otros derechos. Más recientemente, el acceso a información pública sobre la situación de los DESCA en los distintos Estados, ha sido considerado un instrumento fundamental en el monitoreo y cumplimiento progresivo de los mismos.

2. ¿Cuáles son, según usted, los temas clave o desafíos que actualmente enfrenta el ámbito de la libertad de expresión? Y ¿Qué estrategias se deberían utilizar para avanzar en esos temas?

Considero que los problemas y desafíos que enfrenta la libertad de expresión en la región pueden agruparse de la siguiente forma: La violencia y agresiones contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos (presente en algunos países de América Central y América del Sur); el uso del derecho penal para criminalizar la expresión, la protesta y la crítica (también presente en el Caribe); la discusión sobre los nuevos marcos regulatorios para promover la diversidad y el pluralismo, el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios (un asunto actual en América del Sur, México y el Caribe); y la batalla contra la cultura del secreto que persiste en todos los países de la región, aunque con avances importantes (adopción de leyes, instalación de órganos garantes, jurisprudencia local), pero con la preocupación de que algunos Estados extienden el secreto por razones de seguridad nacional y la persecución de informantes es la contracara de este avance. Asimismo, se debe prestar atención a las múltiples discusiones sobre libertad de expresión e Internet.

En 2013 la Relatoría incluyó en su informe anual un estudio vinculado a Internet y libertad de expresión, que contiene estándares para la evaluación y el análisis de las situaciones particulares. El desafío principal entonces, pasa por consolidar a Internet como un espacio de protección y respeto de los derechos humanos. Sobre las estrategias para enfrentar estos desafíos, el mandato de la Relatoría supone la coordinación de actividades con los Estados miembros y la verificación de la situación de la libertad de expresión en ellos. En este rol, hay que buscar un equilibrio entre la capacidad de actuar ante situaciones de urgencia (medidas cautelares y comunicaciones, entre otros), y promover el trabajo en conjunto con todos los actores, incluidos y en especial los propios Estados. La CIDH y la Relatoría pueden desempeñar un papel relevante en el asesoramiento, el acompañamiento de acciones para establecer o consolidar marcos regulatorios y políticas públicas compatibles con los estándares, construyendo agendas, colaborando para construir consensos, reivindicando el trabajo técnico y componedor en un sentido amplio.

3. ¿Cómo debería el Relator Especial para la Libertad de Expresión estimular y garantizar pluralidad de voces en el debate público, en especial de los grupos sociales tradicionalmente marginados?

La necesidad de dotar de mayor diversidad y pluralismo al sistema de medios de comunicación en las democracias de la región comprende la posibilidad de que las personas tengan la capacidad de acceder a medios para expresarse libremente, pero también el acceso a una diversidad de fuentes de información y opinión. Para lograr este objetivo los estándares interamericanos habilitan diversos instrumentos, entre los que destacamos los siguientes: la necesidad de limitar la formación de oligopolios y monopolios generando, a su vez, las condiciones para el acceso a los medios de comunicación por parte de una diversidad de opiniones y formaciones de los sectores sociales; la necesidad de impulsar la coexistencia de diversos tipos de medios de comunicación en cuanto a su propiedad, su naturaleza y finalidad.

En consonancia con el fomento de la diversidad, los estándares interamericanos también recomiendan a los Estados la promoción de la propiedad directa de medios por parte de comunidades sociales y de pueblos indígenas, junto con la aprobación de medidas objetivas para que estos sean sustentables. Los Estados deben reconocer legalmente a los medios comunitarios y contemplar reservas de espectro para este tipo de medios, así como condiciones equitativas de acceso a las licencias que tengan en cuenta las distintas condiciones en las que se encuentran los medios privados no comerciales.

La propia CIDH o la Corte IDH, y en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, han sido enfáticos en señalar que, para que haya una efectiva libertad de expresión en la región, no alcanza con el reconocimiento simple y llano de estos tres sectores, sino que se necesitan acciones positivas a los efectos de garantizar la coexistencia entre ellos.

4. Últimamente se ha puesto mucha atención al tema de la protección y la penalización para los informantes de irregularidades (los "whistleblowers"), en especial en el contexto de seguridad nacional, ¿Qué principios cree usted deberían guiar la revelación de información clasificada al público?

El ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática comprende el derecho a no ser molestado a causa de denuncias o críticas contra funcionarios públicos, y esta protección debe ser mucho más amplia cuando las denuncias se refieren a denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Las denuncias y revelaciones sobre la existencia de sistemas de ciber-vigilancia masivos y abusos de los Estados en nombre de la seguridad nacional, hacen necesario abordar con urgencia la construcción de estándares para la protección de las personas que sacan a la luz información que es de interés público y denuncian irregularidades o violaciones contra los derechos de las personas. A su vez, los Estados tienen la obligación de introducir reformas para proteger el derecho a la intimidad.

La Declaración Conjunta emitida en 2010 por los relatores de libertad de opinión y de expresión de todos los sistemas de protección de derechos humanos establece que “los denunciantes (“whistleblowers”) que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe”.

Y agrega que “cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo”.

Los Estados, entonces, deben tomar las medidas necesarias para garantizar que cualquier persona puede denunciar abusos y vulneraciones de los derechos humanos en condiciones de seguridad sin temor a recibir represalias.