Pablo Alfano / Sudestada / @PabloAlfano

La noticia pasó desapercibida por los grandes medios de comunicación cuyos titulares están enfocados en el pueril debate sobre la llegada de seis presos de Guantánamo a Uruguay y un variopinto listado de dimes y diretes que decoran esta campaña electoral. También, es probable, que la novedad haya sido soslayada en forma deliberada.

Si un uruguayo gana en los 400 metros llanos, una carrera de kart o escala un alto pico nevado, seguramente sea noticia. Ahora, que un uruguayo asuma la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) no parece muy atractivo.

El abogado, docente y periodista Edison Lanza asumió el lunes 6 como Relator Especial para la Libertad de Expresión en lugar de la colombiana Catalina Botero, cargo que ocupó desde el 21 de julio de 2008 durante seis años.

Esta es la primera vez que un uruguayo ocupa este puesto creado en 1997 como una oficina permanente, e independiente, que actúa dentro del marco y con el apoyo de la CIDH. Sólo por eso debió haber ocupado algún destaque en los medios de comunicación, como cuando se conoció el anuncio de su designación, meses atrás.

Un simple vistazo a la prensa y los portales de Internet y un poco de atención a los informativos radiales y televisivos bastaron para comprobar que, a lo largo de toda esta semana, fueron muy pocos los que le dedicaron un centímetro o un minuto a la asunción de Lanza.

Lanza ocupará el cargo por los próximos tres años, con opción a una renovación por el mismo período. Su selección fue el resultado de un proceso amplio, transparente y participativo, al que se postularon 49 personas de varios países de América Latina.

Lanza fue periodista en varios medios de comunicación. Trabajó en la desaparecida revista Posdata, en el diario El Observador, en el semanario Búsqueda y, poco antes de asumir, escribía en el semanario Brecha.

También es abogado con estudios de postgrado sobre libertad de expresión y ley penal en la Universidad de la República de Uruguay y realiza un doctorado relacionado con los procesos de regulación de medios audiovisuales en la región en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue, durante años, el abogado de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU).

Además, presentó varios casos emblemáticos relacionados con el derecho a la libertad de expresión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Integró, fundó y dirigió varias organizaciones no gubernamentales de defensa del derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información pública.

Es co-fundador del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y del Grupo Medios y Sociedad. Integró el Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Grupo de Trabajo sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y OEA de la Alianza IFEX-ALC de defensa de la libertad de expresión.

Lanza también realizó consultorías para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

Uno de sus trabajos como periodista y defensor de la libertad de expresión lo realizó en conjunto con el economista Gustavo Bouquet. El informe llamado “La televisión privada comercial en Uruguay - Caracterización de la concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación” muestra con claridad la concentración de medios en el país.

El trabajo revela que la mayoría de la “propiedad” de los medios masivos de comunicación está en manos de unas pocas familias. Quizás eso explique porque la asunción en el cargo brilló por su ausencia en los titulares.