Lourdes Vitabar / Sudestada / @louvitabar

"¿Es necesario que me torturen?”, pregunta ante los tribunales el recluido en la base norteamericana asentada en territorio cubano. La respuesta judicial está pendiente…

En agosto de 2005 varios detenidos de Guantánamo iniciaron la primera huelga de hambre que llamó la atención de la comunidad internacional. Con aquella huelga y las que siguieron hasta hoy los detenidos buscaban que se respetaran sus derechos humanos, que se les dejara en libertad a menos que se les acusara de un delito y se les sometiera a un juicio justo. Las autoridades de la base norteamericana reaccionaron ante la protesta aplicando violentos procedimientos de alimentación forzada.

Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura que han estudiado el caso desde entonces, así como diversos informes médicos como el publicado en agosto de 2007 por el “Journal of the American Medical Association”, han calificado este procedimiento de los funcionarios de Guantánamo como una violación a la Convención de Ginebra a las leyes internacionales de derechos humanos y a la ética médica. Lo consideraron equivalente a la tortura. Esta técnica, que aparece detallada en el “procedimiento operativo estándar” de la prisión de Guantánamo (SOP, por su sigla en inglés), se inicia esposando a los presos a una silla, para luego insertarles un tubo nasal que suministra el suplemento líquido. Estas sondas nasogástricas miden 60 centímetros de longitud y no se retiran hasta que el personal encargado de realizar el proceso está completamente seguro de que el licuado con un contenido de 2.500 calorías diarias ha alcanzado el estómago.

Los detenidos se retuercen de dolor durante el procedimiento. Una vez finalizado son trasladados a una celda que carece de agua corriente, donde son vigilados para evitar que vomiten. Pero si lo hacen, vuelven a ser inmovilizados, engrillados a la silla y pronto se ven con el tubo de alimentación forzada dentro de su cuerpo.

El abogado de uno de los detenidos sometido a este proceso dijo a medios de prensa internacional que los tubos de alimentación nasogástrica que se utilizan son innecesariamente grandes y dolorosos. Y que según testimonios de algunos prisioneros luego de ser sometidos a este procedimiento forzoso padecen fuertes dolores en pecho, garganta y estómago. Algunos detenidos han sido sometidos a alimentación forzada durante años, entre ellos Jihad Ahmed Mujstafa Dhiab, uno de los seis prisioneros que aguarda ser trasladado a Uruguay.

Dhiab inició la huelga de hambre en febrero de 2013, y a él se sumaron un centenar de los 160 recluidos que había en ese momento en el establecimiento. De ellos, al menos 43 fueron alimentados a la fuerza. El año pasado Dhiab presentó la demanda contra la administración de Barack Obama exigiendo que se le dejara de suministrar alimentación por la fuerza de esta manera, ya que no se opone a que se lo mantenga con vida sino a la práctica que se utiliza para eso. “¿Es necesario que me torturen? ¿Es necesario que me ahoguen todos los días con el tubo?”, pregunta el prisionero –cuyo nombre ha cobrado notoriedad internacional– en el escrito presentado ante un Tribunal de Distrito de Washington.

En un principio la jueza Kessler se excusó de actuar en el caso por falta de jurisdicción, pero un dictamen del Tribunal Federal de Apelaciones modificó esa situación al señalar que los jueces “pueden supervisar las quejas de los detenidos sobre las condiciones de su confinamiento en la prisión militar”. Tras revisar la demanda de Dhiab en mayo pasado la magistrada dictó una orden que obligó a los carceleros a suspender temporalmente la alimentación forzada. También ordenó guardar toda la evidencia existente en video: cuando el prisionero es sacado a la fuerza de su celda para ser alimentado y del momento en que se ejecuta el procedimiento con el tubo contra su voluntad.

A fines de setiembre, la misma jueza ordenó divulgar los 28 videos, que suman un total de 11 horas de grabación, donde se observan los padecimientos provocados a Dhiab. Actualmente esas imágenes están siendo modificadas para mantener el anonimato del personal que lleva acabo el procedimiento o que debe asistirlo de alguna manera. La magistrada ha comenzado con el proceso de audiencias correspondientes al juicio entablado por Dhiab. El Pentágono ya ha anunciado que se atendrá a lo que Kessler disponga, lo que en último término podría suponer el fin de esta práctica abusiva.

La negociación política

Las bases del acuerdo para el reasentamiento de seis detenidos de la prisión de Guantánamo están listas desde fines de marzo, según se informa desde Estados Unidos. Por entonces, Uruguay también resolvió la reglamentación que serviría de marco para el traslado. Pero los llamados “tiempos políticos” de ambos países continúan postergando la liberación.

Las negociaciones para que seis de los 149 detenidos que aún permanecen encarcelados en la cuestionada base norteamericana comenzaron a principios de febrero: la embajadora estadounidense Julyssa Reynoso se entrevistó con el presidente José Mujica para transmitirle el pedido de cooperación en la tarea de desalojar la prisión ubicada en territorio cubano.

Poco después hubo una llamada del presidente Barack Obama al mandatario uruguayo para reafirmar la solicitud, según detalló el canciller Luis Almagro ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados. Ese 26 de marzo había sido convocado por el legislador y ahora candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, para dar explicaciones sobre el asunto.

Luego de la comunicación telefónica entre Obama y Mujica, el gobierno norteamericano envió la solicitud formal de cooperación para el reasentamiento de los detenidos junto a la nómina de posibles candidatos. Funcionarios del Ministerio del Interior y Cancillería evaluaron esa lista en base a la documentación disponible y el asesoramiento de servicios de Inteligencia de otros países. De allí surgió la selección de los que se consideraron elegibles y que hacia fines de febrero se entrevistaron con una delegación del gobierno uruguayo, encabezada por un asesor del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que visitó Guantánamo para conocerlos así como para comprobar las condiciones de reclusión.

En ese encuentro los prisioneros expresaron verbalmente a la delegación visitante su deseo de ser reasentados en Uruguay. Cuando los funcionarios regresaron a Montevideo se inició el trámite ante la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a fin de saber si el procedimiento contaba con su aprobación: el caso fue considerado al amparo de la Ley 18.076 que establece las condiciones en que se otorga el refugio en territorio uruguayo.

El apoyo de Acnur se comunicó en el momento en que Almagro explicaba a los diputados los pasos dados hasta entonces por el gobierno. Y aclaraba que los datos puntuales de las personas a trasladar serían comunicados en su momento a la Comisión de los Refugiados, organismo creado por la ley 18.076 para determinar si se admite a una persona con ese estatuto legal.

“Afirmamos, con propiedad, que se recabó toda la información disponible y fue evaluado, con extremo detenimiento, por parte de los servicios técnicos correspondientes el historial de cada una de las seis personas que Estados Unidos pide que recibamos en nuestro país. En ninguno de los casos se ha comprobado riesgo alguno desde ningún punto de vista. No se trata de terroristas, ni siquiera de delincuentes comunes y, por lo tanto, no revestirían riesgo para nuestra sociedad. Considero inoportuno brindar mayor información sobre estas personas, teniendo en cuenta que pueden llegar a constituirse en refugiadas y que, definitivamente, no quiero para mí ni para ninguno de ustedes la pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”, dijo Almagro a los parlamentarios, aludiendo a las sanciones que impone la norma por incumplimientos en la preservación de la identidad de los refugiados.

A fines de marzo las condiciones para el acuerdo entre ambos países se habían alcanzado pero su concreción se ha visto demorada no solo por la polémica que se generó en Uruguay al revelarse la noticia por la prensa estadounidense y local antes de los anuncios oficiales, sino también por el mecanismo legal norteamericano para habilitar el traslado de los detenidos. De acuerdo a la normativa estadounidense el secretario de Defensa es quien tiene la potestad de liberar o transferir a un prisionero de Guantánamo, y debe comunicar su resolución al Congreso al menos 30 días antes de que se cumpla.

Esa instancia se vio demorada por varios factores, entre estos el escándalo ocasionado tras el canje de cinco líderes talibanes detenidos en Guantánamo por un soldado norteamericano secuestrado. Recién a mediados de julio el secretario Chuck Hagel notificó a los congresistas la resolución de trasladar a seis prisioneros a Uruguay. Dos semanas antes de esa comunicación la administración de Obama había recibido una carta de los abogados de los seis reclusos que solicitaba acelerar el proceso.

Por la fecha en que se notificó al Congreso la voluntad de transferir a los detenidos se considera que desde mediados de agosto estos se encuentran técnicamente “liberados”. Pero en los hechos, aún permanecen en la prisión. Desde marzo hasta julio ante cada consulta de la prensa norteamericana por la demora en la concreción de la transferencia, Hagel afirmaba que estaba analizando los casos para garantizar que era segura para los intereses estadounidenses la liberación de estos prisioneros. Explicaba que varios de los que habían sido liberados en función de las recomendaciones dictadas por el grupo interinstitucional –creado con el fin de determinar quiénes podían acceder a la libertad– habían reiniciado actividades vinculadas a grupos yihadistas una vez instalados en sus países de origen o en los de acogida.

Ahora, superadas las dificultades en Estados Unidos, el traslado de los seis prisioneros se ve demorado por los “tiempos políticos” de Uruguay. El tema ha ganado espacio en la campaña electoral: representantes de los partidos de la oposición además de manifestarse en contra de la resolución del gobierno de recibir a estas personas remarcan que no fueron informados acerca de los detalles del acuerdo ni del marco jurídico que se aplicará para permitirles el ingreso al país.

Desde el Poder Ejecutivo se indica que lo esperable es que la llegada de los seis prisioneros se efectúe antes de fin de año y una vez pasada la campaña electoral.

El procedimiento de refugio

La sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados celebrada el 26 de marzo se integró también con los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado. Y entre los participantes se encontraba el diputado opositor Gustavo Espinosa (Partido Colorado), que además de integrar la comisión que convocó al canciller Almagro preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, por cuanto es miembro de la Comisión para el Refugiado (CORE) en representación del Parlamento.

Durante su comparecencia Almagro explicó que el marco legal que se consideraba más adecuado para el caso era la Ley 18.076 o Ley de Refugio aprobada por unanimidad en 2008. En ese contexto jurídico, al llegar a territorio uruguayo los seis ex detenidos de Guantánamo, podrían solicitar formalmente el refugio, como lo hacen todas las personas cuyos casos son analizados por la CORE.

Según los artículos 1 y 2 de la norma, una persona puede solicitar el refugio cuando su integridad física, moral, intelectual, libertad y seguridad corren riesgo debido a su raza, nacionalidad, creencia religiosa u opinión política. La ley establece además que los solicitantes no pueden haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad, como puede ser el terrorismo, así como tampoco deben tener antecedentes por delitos comunes. El gobierno uruguayo considera que esto se aplica al caso de los seis prisioneros a los que se pretende dar refugio, puesto que se encuentran recluidos en Guantánamo desde que Estados Unidos los detuvo y los trasladó a esa base norteamericana ubicada en territorio cubano, eludiendo el juicio justo al que todo ser humano tiene derecho. Son sospechosos de terrorismo– de acuerdo a las investigaciones militares estadounidenses–, pero no han sido acusados por un fiscal ni sentenciados por la justicia.

El canciller también explicó que en caso de que la CORE llegara a determinar que no les corresponde ser considerados refugiados, podrían ser auxiliados por el instituto de la protección humanitaria o la cooperación del sistema de Naciones Unidas en la reinserción de personas. Para esa situación se debe atender de manera especial la convención 51 que establece la protección complementaria para aquellas personas que se encuentran fuera de su país natal o de residencia habitual y no tengan condiciones para retornar a estos debido a graves amenazas para su integridad física o violencia generalizada.

Esas mismas disposiciones son las que habilitan que sean trasladados en grupo por un avión de la Fuerza Aérea norteamericana desde la Bahía de Guantánamo hasta Montevideo. Y este mecanismo de “cooperación complementaria” se ve reforzado por el hecho de que las personas que viajarán ya expresaron su voluntad de hacerlo y en esas condiciones.

El estatuto del refugio, además de protegerlos de la persecución de otros gobiernos, países o grupos, les permite acceder al plan de reasentamiento que les brinda apoyo para acceder a una vivienda y empleo. Además de habilitar la posibilidad de solicitar que se realice un proceso de reunificación familiar. Más de 600 prisioneros ya fueron reubicados en más de 50 países por procedimientos similares. Algunos fueron devueltos a sus países de origen y otros viajaron a terceros países entre los que están Francia, Portugal, Alemania, El Salvador y Qatar.

Además del proceso que debería cumplirse para su llegada a Uruguay, Almagro informó a los legisladores que una vez en el territorio nacional estas personas “no van a estar sujetas a una vigilancia policial, como en otros países en que fueron recibidos, de Europa y otros continentes”. Y ante una consulta de Lacalle Pou acerca de si se les restringiría la posibilidad de salir del país, el canciller reiteró que “no se les va a imponer una solución que no contemple posibilidades humanitarias o de otro tipo. No van a estar sujetos a vigilancia policial. No va a haber un monitoreo de inteligencia para esta gente. Vamos a aplicar la normativa vigente y, en función de ella, no se va a disponer ninguna restricción que no contemple la ley. Como van a llegar como personas con esa característica de refugiados, van a tener las mismas características que cualquier refugiado que llega a nuestro país”.

Más allá de esto, en el encuentro con la delegación uruguaya que visitó la base de Guantánamo en febrero, los prisioneros aceptaron cumplir con una residencia permanente de dos años en el país a partir de su fecha de llegada.

Acta Diputados con Almagro by Sudestada - Periodismo y transparencia

Quiénes son

Los que aguardan para viajar a Uruguay son cuatro sirios, un palestino y un tunecino. La mayoría ronda los 35 años de edad, solo dos están próximos a los 50. Tienen un promedio de detención en Guantánamo de unos 12 años. El gobierno estadounidense los atrapó y encerró sin derecho a defensa –al menos con las garantías naturales de un juicio justo– por sospechar que pertenecían a grupos terroristas vinculados con Al Qaeda y que habían sido entrenados para ataques suicidas.

En 2010 el grupo interinstitucional creado por Estados Unidos para analizar la situación de los 240 prisioneros que en ese momento tenía Guantánamo, los incluyó en la lista de 126 aprobados para ser liberados. En ese momento, según documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano, solo uno de los sirios tenía buena salud, así como el tunecino; mientras que el ciudadano palestino físicamente se encontraba bien pero le habían diagnosticado una profunda depresión.

Cuatro años después de haber sido recomendada sus transferencias, a comienzos de 2014, vieron cercana por primera vez la posibilidad de abandonar el centro de detención según se indica en una carta de sus abogados, remitida el 26 de junio a la administración Obama con el objetivo de que este interviniera para que Hagel culminará el proceso ante el Congreso y se cumpliera con el traslado acordado a Uruguay. En la misiva –cuya versión original en inglés hoy divulga Sudestada– se detalla que “a principios de 2014 el gobierno de Estados Unidos les informó que sus representados habían sido identificados como candidatos a ser reasentados en Uruguay”. Por esta razón mantuvieron comunicaciones urgentes con sus clientes para explicar que serían entrevistados por una delegación de Uruguay.

Los abogados afirman que los seis detenidos dieron la “bienvenida a esa oportunidad” y se reunieron con la delegación uruguaya que visitó Guantánamo en febrero. Tan buena fue la noticia de la posibilidad de reasentamiento, que en ese momento Jihad Ahmed Mujstafa Dhiab, abandonó la huelga de hambre que mantenía desde hacía largo tiempo. Pero ahora, desalentado por las demoras en la obtención de la libertad, volvió a adoptar la medida, y esta vez hasta la muerte, según comunicó. Además de esta persona, no se sabe exactamente cuántos de los prisioneros mantienen huelga de hambre actualmente.

La carta también detalla algunos de los pasos dados por los gobiernos, como por ejemplo que tras la reunión entre la delegación uruguaya y los detenidos, desde Montevideo se comunicó oficialmente que las solicitudes de reasentamiento serían aceptadas. O que también en febrero, desde el gobierno norteamericano se informó a los abogados que el traslado sería cuestión de “unas pocas semanas”, aunque no se podía determinar una fecha exacta.

Otros aspectos que revela la misiva a Obama es que los detenidos fueron informados de que llegado el momento serían reubicados “en grupo para que no se sientan aislados en su nuevo hogar”. Y que recibirían “un apoyo adecuado, incluyendo la vivienda, estipendios, clases de español, formación profesional y ayuda para encontrar empleo” así como asistencia médica que corresponda, puesto que algunos tienen “importantes deficiencias físicas” producto de las condiciones de encierro, a las que deben sumarse los efectos de la tortura durante los interrogatorios y las huelgas de hambre.

“Bien pueden ustedes imaginar la esperanza generada en nuestros clientes por esta posibilidad, y de hecho para nosotros. No solo se les informó que habían sido formalmente invitados a reasentarse en Uruguay, sino que lo más importante, después de doce años interminables pronto se irían de Guantánamo”, dicen en la carta los abogados. Los representantes legales también sostienen que por sus “largas conversaciones” con los detenidos en cuestión saben “que ellos solo quieren la oportunidad de llevar una vida pacífica en Uruguay”.

Carta de los abogados de los presos de Guantánamo by Sudestada - Periodismo y transparencia

Guantánamo y el “Acta Patriótica”

Tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, aprobó el Acta Patriótica, una normativa que se arroga el derecho de que las fuerzas militares y de inteligencia de ese país operen sin restricciones en cualquier parte del mundo donde pudieran identificar personas que con o sin elementos probatorios, y sin que medie proceso judicial, fueran consideradas sospechosas de haber realizado o colaborado con actividades terroristas directa o indirectamente.

Por aplicación de esta ley decenas de miles de personas fueron detenidas como sospechosas de estar relacionadas con Al Qaeda y el régimen talibán. De ellas alrededor de 800 fueron encarceladas en la base de la Marina norteamericana de Guantánamo, en el sureste del territorio de Cuba. En ese centro, y bajo las potestades otorgadas por la misma norma los detenidos tampoco eran consideradas prisioneros de guerra amparados en la Convención de Ginebra.

A la mayoría de los secuestrados de se les impidió de esa manera el acceso a la justicia a fin de que pudieran impugnar su encarcelamiento. Sin acusación fiscal ni sentencia de la justicia ordinaria, los pocos casos en que se llevó adelante un juicio fue ante comisiones militares con reglas propias, que en desconocen arbitrariamente el derecho internacional que ampara a los detenidos y hasta los más básicos derechos inherentes al ser humano.

Amnistía Internacional denunció que la elección de esa base militar para instalar el centro de reclusión donde se llevaron a los detenidos bajo el régimen del Acta Patriótica se debió “en parte para eludir la legislación estadounidense sobre el hábeas corpus. Su aislamiento hacía posible su funcionamiento sin ningún escrutinio. Estaba restringido el acceso de los abogados, no se permitían las visitas de familiares y no había prácticamente ningún contacto con el mundo exterior. Los hombres llevados allí estaban realmente solos”.

Las condiciones inhumanas y degradantes de reclusión así como la práctica de tortura en forma sistemática fueron denunciadas no solo por Amnistía sino por prácticamente toda la comunidad internacional, e incluso Naciones Unidas ha reclamado el cierre de la prisión. La clausura de este centro fue una de las principales promesas de la campaña que en 2008 llevó a Barack Obama a la Casa Blanca. Pero diversas trabas impuestas por el Congreso han impedido que se concrete.

Entre los argumentos que maneja la administración estadounidense para proponer el cierre se destacan: los 150 millones de dólares que cuesta anualmente a la sociedad norteamericana, su absoluta ineficiencia comprobada en el efecto de la seguridad nacional, y el daño que genera en la imagen internacional de Estados Unidos.