América del Sur sufrirá una recesión en su economía en 2015 del -0,4%, según la previsión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que presentó este miércoles 29 su último informe anual en Santiago de Chile.

En América Latina y el Caribe la economía crecerá en promedio un 0,5%, según la proyección del organismo del sistema de Naciones Unidas, que sugiere que “dinamizar la inversión” es clave para retomar el crecimiento y la productividad en la región. En este contexto Uruguay se ubica, con un 2,6% de crecimiento previsto en 2015, en la mitad de la tabla general, y también de América del Sur, ya que se ubica en el quinto lugar después de Bolivia (4,5%), Paraguay (4%), Perú (3,6%) y Colombia (3,4%).

Para Uruguay este será el menor crecimiento de los últimos cinco años, ya que en 2011 registró un 5,2%, en 2012 fue de 3,3%, en 2013 de 5,1% y el año pasado de 3,5%.



“Si bien la desaceleración es un fenómeno generalizado en la región, el organismo prevé un crecimiento heterogéneo entre subregiones y países, donde América del Sur mostraría una contracción de -0,4%, Centroamérica y México un crecimiento de 2,8%, y el Caribe de 1,7%”, sostiene el informe.

En ambos extremos de la lista entre los países de la región, Panamá liderará la expansión con un alza de 6,0%, seguido de Antigua y Barbuda (5,4%), República Dominicana y Nicaragua (ambos con 4,8%). En el extremo más complicado de la lista, Brasil sufrirá una contracción de -1,5% (mayor que la prevista por los analistas hasta ahora que preveían un -0,83%), mientras que Venezuela tendrá una disminución aún mayor de -5,5%.

Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015, la desaceleración económica se debe a factores tanto externos como internos. En el ámbito externo, “se destaca el lento crecimiento de la economía mundial durante 2015, en particular la desaceleración de China y las otras economías emergentes, con excepción de India”. Según el documento, el comercio mundial “se mantendrá estancado” en lo que ya se ha transformado en un “problema estructural” de la economía mundial. El informe también menciona como elementos que provocan la situación económica mundial una menor demanda externa, la tendencia a la baja de los precios de los productos básicos, y la mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros internacionales.

En lo interno, la CEPAL menciona como factores de la compleja situación a la contracción de la inversión y la desaceleración del crecimiento del consumo, lo cual explica entre otros factores la reducción de la demanda interna, que había sido el factor principal del crecimiento en los últimos años.

“La caída de la tasa de inversión y la menor contribución de la formación bruta de capital al crecimiento son preocupantes, ya que no solo afectan el ciclo económico, sino también la capacidad y calidad del crecimiento de mediano y largo plazo”, recalca la CEPAL. Por esa razón el organismo plantea como uno de los principales desafíos de los países de la región para retomar un crecimiento vigoroso “dinamizar el proceso de formación bruta de capital”.

“Redinamizar el crecimiento en el corto y largo plazo requiere impulsar la inversión pública y privada en tiempos complejos. Esto se puede realizar con reglas fiscales que protejan la inversión, recurriendo a asociaciones público-privadas y a nuevas fuentes de financiamiento, como los bancos de inversiones e infraestructura de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y mecanismos alternativos como bonos verdes y préstamos triangulares”, declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

El estudio señala además que el menor crecimiento tendrá un impacto negativo en el empleo, y prevé que para 2015 habrá un aumento de la tasa de desempleo de medio punto porcentual, pasando de 6% en 2014 a a cerca de 6,5%.
En su informe la CEPAL recalca que la capacidad de los países de la región para acelerar el crecimiento económico depende de los espacios que tengan para adoptar políticas contracíclicas que estimulen especialmente la inversión, lo que será clave en la disminución de los efectos de los choques externos y así evitar que las economías sufran consecuencias negativas en el mediano y largo plazo.

El organismo plantea la necesidad de “instaurar un marco de políticas públicas que promuevan tanto la inversión pública como la privada”. Según la CEPAL, la inversión pública “puede ampliar el espacio fiscal al estimular el crecimiento, sin que eso necesariamente implique un incremento en la deuda de los países. Asimismo, las inversiones en infraestructura pueden ser centrales para lograr un desarrollo sostenible”.

Respecto a la inversión privada, la CEPAL indica que “es necesario mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al financiamiento productivo, así como orientar los sistemas financieros hacia el sector productivo y al largo plazo. Junto con esto se requiere apuntalar la arquitectura productiva y territorial con instrumentos de inversión de política industrial e innovación tecnológica que vayan más allá de los esquemas de incentivos tributarios”.

Inversión pública es la clave

En medio de la discusión en Uruguay sobre los niveles de inversión pública, y dos días después del anuncio de Tabaré Vázquez de un paquete de 12 mil millones de dólares en esa área, la CEPAL pone especial hincapié en este aspecto para salir del estancamiento económico.

El informe analiza la situación país por país desde los años 80, y en el último año señala respecto a Uruguay que “La inversión del sector público en 2014 alcanzó el 3,4% del PIB. El gobierno central invirtió un 1,4% del PIB y las empresas públicas no financieras un 1,9% del PIB, alrededor del 60% del total. Las empresas del sector público con mayor relevancia en la inversión, la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), han mantenido relativamente constantes sus niveles de inversión desde 2008, aunque en 2015 se pretende focalizar el gasto y buscar nuevas fuentes de financiamiento con las asociaciones público-privadas”.

El documento señala que “la revitalización de la inversión pública ha estado en el centro de las políticas contracíclicas y de la recuperación económica después de la crisis de 2009, pues los gobiernos aprovecharon el espacio fiscal para cubrir, al menos en parte, sus brechas de infraestructura. Sin duda, la desaceleración económica y la caída del precio de los productos básicos registrada en los últimos años, con la consecuente merma de recursos públicos, representan para muchos países una amenaza para la continuidad de este proceso”.

Una de las herramientas que plantea el informe es el uso de los acuerdos público-privados para fomentar la inversión, aspecto que el gobierno uruguayo ha señalado con especial énfasis al momento de presentar sus planes de inversión para los próximos años. “Al igual que otras regiones, los países de América Latina están recurriendo cada vez más al uso de asociaciones público-privadas como mecanismo para aumentar la inversión en infraestructura y para proveer servicios públicos”, señala el documento, que plantea riesgos y ventajas de esta herramienta.

“Cuando se utilizan correctamente, las asociaciones público-privadas pueden generar una serie de beneficios. Uno de los principales es que permiten financiar la inversión en infraestructura sin presionar el espacio fiscal de los gobiernos, ya que se movilizan recursos financieros privados y, en caso de que el contrato contemple pagos del sector público, estos serán afrontados y distribuidos en una serie de períodos fiscales futuros”, explica el informe.

Sin embargo, también advierte que “las asociaciones público-privadas también pueden comprometer la sostenibilidad fiscal, debido a su naturaleza compleja en términos de distribución de riesgos, costos, negociación de contratos, asequibilidad del servicio o producto y su tratamiento presupuestario y contable. Básicamente, dos elementos de estas alianzas pueden comprometer la sostenibilidad fiscal en el futuro y reducir las posibilidades de nuevas inversiones en los años siguientes: las obligaciones de gasto que haya contraído el gobierno con su socio privado y las garantías explícitas o implícitas establecidas en el contrato de asociación”.

El informe completo

Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015 de Cepal by Sudestada - Periodismo y transparencia