A pesar de los avances legales "los viejos paradigmas subyacen", dijo Hugo Barone, especialista de la Facultad de Derecho de la Udelar. Foto: INAU.

Ángela Rocío Pérez / Sudestada / @arocioperez

El año pasado se realizaron 106 integraciones de niños a sus nuevas familias, de las cuales dos no fueron exitosas, y en 2019 van 18 casos. Pero una vez hecha la integración no termina el proceso legal para los padres.

Cecilia González y su esposo demoraron cuatro años en poder integrar a su hijo Martín (nombre ficticio) y todavía hoy, tres años y medio después de vivir con él, aún no son sus padres oficialmente.

“Tendríamos que visualizar si no son concomitantes ambos procesos, el juicio de separación definitiva y el de adopción. Si estuviera centralizado y los controles son correctos en realidad estoy evaluando lo mismo: que una familia inició un proceso, se les dio la tenencia, los evalué, los monitoreé, decreté la separación de la familia de origen. ¿Qué más puedo evaluar?”, se preguntó Hugo Barone, director del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de Universidad de la República.

A su vez, Barone sostuvo que la Justicia debería estar involucrada durante todo el proceso, y no solo al inicio (para sacar al niño de una situación de vulnerabilidad) y al final (para entregarlo en adopción). “Llamar a la justicia como un bombero cuando hay un incendio, creo que es lo peor para una cantidad de garantías y derechos. Implica lo que justamente le reprochan los técnicos a ese sistema de justicia: por qué los jueces toman decisiones cuando los que estuvieron conociendo y acompañando en todo el proceso fueron ellos”, expresó el abogado.

Más allá de los gastos que implica sumar un integrante a la familia, el costo de los abogados para estos dos juicios es un problema para los padres adoptantes. González lleva “unos 80 mil pesos” gastados en defensores y tuvo que usar todos sus ahorros y sacar préstamos para solventarlo.

“Ningún padre debería quedarse sin poder adoptar por razones económicas”, aseguró a Sudestada Ana Dutour, directora del Departamento de Adopciones del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Es por esto que el Departamento de Jurídica del niño y adolescente del INAU ofrece patrocinio gratuito a los padres que no puedan solventar un defensor y no hay un máximo de ingresos requerido para hacerlo.

Otra opción es recurrir al Consultorio de Abogados de la Facultad de Derecho de Universidad de la República, donde es necesario ganar menos de 32 mil pesos nominales para ser atendido.

En el consultorio actualmente atienden un total de tres mil casos. Entre ellos hay seis relacionados con adopciones, seis con separaciones definitivas entre el niño o niña y su familia, y siete de madres que están privadas de libertad y quieren poder ver a sus hijos.

“Hay un problema importante en una normativa muy moderna que reconoce los derechos a conocer y vivir las trayectorias, que reconoce que se puede tener dos papás o dos mamas pero, aún así los viejos paradigmas subyacen”, analizó Barone.

Según el especialista, el sistema “sigue rechazando la posibilidad de tener un régimen de visitas de estas madres por considerar perjudicial los contactos. Por esto asumimos que tenemos muchos más no que sí. Ese niño reconstruirá su historia cuando alguien le diga o, quizás, se enterará que su madre biológica está intentando tener visitas desde que era un bebé cuando tenga la edad para poder pedir sus antecedentes”, dijo el abogado.

Monopolio del INAU

"El INAU solo no puede", dijo Beatriz Scarone, directora del programa de Familias y Cuidados Parentales. Foto: INAU.

Para Barone, que el INAU sea el único ente a cargo de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad crea un monopolio. “La centralización totalmente en el INAU genera un cuello de botella, que tuvo motivos muy importantes para su constitución y solucionaba problemas que se habían detectado pero hoy ese monopolio presenta dificultades”, indicó.

Por su parte Beatriz Scarone, directora del Programa de Familias y Cuidados Parentales del INAU, expresó que la clave en un proyecto de atención integral es el trabajo en conjunto de todos los actores: educación, salud, vivienda, trabajo, violencia. “El INAU solo no puede”, aseguró.

Scarone opinó que la desigualdad de oportunidades en la población deriva en la vulneración de los derechos de los niños. “Cuando tenemos problemas de vivienda, de salud mental y no tenemos una buena respuesta o apoyatura de otro lo primero que perdemos es la capacidad de cuidado, hacia uno mismo y hacia los demás. Como sociedad tenemos que asumir que estos niños, que todos hablan de que son los de la sociedad del futuro, son los niños de hoy y tienen derecho y que, si sus familias hubieran tenido otras oportunidades, hubieran vivido una vida diferente”, opinó Scarone.

Adopciones desde el exterior

Si bien hasta el momento hubo un solo caso de adopción internacional, es decir que padres extranjeros adopten un niño uruguayo, en las últimas semanas el INAU ha recibido varias consultas de padres de otros países que quieren adoptar chicos uruguayos.

Para adoptar desde el extranjero, el proceso es similar al que ocurre dentro de nuestro país, solo que la valoración se realiza en el país de origen. Luego de la valoración, para hacer la integración los padres tienen que venir a Uruguay por un período de seis meses antes de poder llevarse al niño.

El Código del Niño y el Adolescente (CNA) establece que la prioridad es que los niños puedan ser integrados a una familia dentro del territorio nacional, por lo que los padres que viven en el extranjero, podrán adoptar a aquellos niños con situaciones especiales a las que no se ha podido dar respuesta con los integrantes del RUA.